El diputado nacional por el Pro-Juntos por el Cambio Francisco Sánchez presentó un proyecto de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras que propone, entre otros puntos, la declaración de emergencia para los procesos concursales, enmarcada en la pandemia de COVID-19, hasta el 31 de diciembre de este año. La norma establece, además, la introducción de acuerdos preventivos extrajudiciales simplificados (APES), que incorpora la figura de un mediador concursal encargado de elaborar una propuesta para que el deudor pueda cumplir con sus acreedores, y la armonización de la ley con el Código Civil y Comercial.
«Basados en antecedentes de otros proyectos y habiendo visto que el contexto económico pone a muchas empresas ante situaciones extremas, comenzamos a trabajar algunos puntos para dar mayores instancias de solución a los actores de la sociedad», sostuvo Sánchez. Por ello, el proyecto propone como primera instancia suspender los juicios de ejecución en trámite y prohibir la iniciación de nuevos juicio, suspender las medidas cautelares sobre los bienes afectados a la actividad productiva e interrumpir el cómputo de intereses de deudas pendientes de pago durante los meses en que se prolongue la emergencia provocada por la pandemia. Este proyecto llega en un momento clave, no nace como respuesta a estos últimos tres meses. Nace como mitigación a un pronóstico que vimos en octubre de 2019. No hay que confundirse, en estos 8 meses de Fernández se tomaron medidas que iban contra el desarrollo de los emprendedores privados, y desde el 20 de marzo las prohibiciones atentaron contra la subsistencia de empresas grandes, medianas y también de las más pequeñas. Espero que esta ley sea una herramienta positiva para el corto, mediano y largo plazo», opinó el legislador del Pro.
«Es un proyecto amplio y ambicioso. Durante meses estuvimos reunidos profesionales de todas las áreas comprendidas y estoy muy conforme con el texto final», sostuvo el legislador neuquino.
La norma tiene como arista saliente también la armonización de la ley de Concursos y Quiebras con el Código Civil. En la más reciente versión de éste fueron derogados o reformadas otras leyes con la finalidad de adaptar todo el ordenamiento legal a la nueva normativa codificada, con el fin de dar coherencia al sistema. Sin embargo, entre esas leyes no se incluyó la ley 24.522 y sus reformas. «Este punto propone una beneficio integral para magistrados, abogados, síndicos, contadores; incluso ciudadanos que quieran acceder a conocer sus derechos y obligaciones lo podrán hacer de manera más simple y ágil», explicó el diputado Francisco Sánchez. «La armonización concentró gran parte del tiempo de trabajo puesto que se trató de compendiar cada una de las leyes que pudieran estar incluidas o referidas en esta modificación», amplió.
La incorporación de la figura de mediador, quien llegado el caso actuaría como síndico, acompaña la simplificación de los requisitos para la tramitación de los acuerdos preventivos extrajudiciales. En el segundo de los tres títulos en que se divide el proyecto, además se le da potestad al juez interviniente de imponer el acuerdo en caso que sea útil para la conservación de la actividad.
«Hay un contexto que hace que tengamos algo de premura en el tratamiento de este proyecto. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y es muy necesario contar con herramientas jurídicas actualizadas, practicables y con gran sentido común», concluyó el diputado neuquino del Pro, Francisco Sánchez.
El expediente 3415-D-2020 presentado en el Congreso de la Nación lleva además las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Hernan Berisso, Gustavo Hein, Natalia Villa, Osmar Monaldi, Luciano Laspina, Gabriel Frizza, Soher El Sukaria, David Schlereth, Juan Aicega, Adriana Ruarte, Omar De Marchi.