Tras el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, las respuestas del ámbito judicial no cesan y nadie pierde su oportunidad para responderle al Presidente de la Nación.

Esta vez fue el turno de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), cuyos miembros desmintieron varios tramos de la alocución del primer mandatario. El Poder Judicial «es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano», expresó Fernández y señalaron que «por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático», ya que «sin ello, no hay República».

La entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle sostuvo que el mandatario omitió que «el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional».

«También ha preocupado una afirmación errada sobre que ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo», detallaron los miembros del organismo.

Al respecto, la AMFJN agregó que «si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia».

Por ello, «la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir», se lee en el comunicado.

Llamó mucho la atención que el discurso, además del tono confrontativo, que varios se esperaban, contenía muchísimos errores e inexactitudes que un presidente no debería tener y mucho menos siendo abogado, expresaron.
Losardo y la Bicameral

Otra de las consecuencias del discurso fueron las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quién aseguró que Alberto Fernández le sugirió «la creación de una comisión bicameral que controle a la Justicia», con el objetivo de que el Congreso “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial como lo prevé nuestra Constitución Nacional”. Esta fue de las cosas que más sorpresa y descontento generó entre los jueces, fiscales y defensores.

Si bien fuentes del Congreso negaron que finalmente vaya a conformarse dicha Comisión, en las últimas horas la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, salió a abrir el paraguas. Expresó que «la eventual conformación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del Poder Judicial no va a arrogarse atribuciones de otros poderes ni podrá sancionar jueces, ya que eso no es constitucional«.

Puntualmente, Losardo explicó que «lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas», pero «lo que no puede arrogarse son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”.

Si 2020 no había sido un buen año para las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2021 hacen prever que este año, lejor se mejorar podrían empeorar bastante.

La culpa la tiene la Justicia

Con un tono combativo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró hoy un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso. Habló casi dos horas y le dedicó fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri y al Poder Judicial, a cuyos miembros acusó de «vivir en los márgenes del sistema republicano» y de tener «privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”.

“Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy. Un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos”, adelantó Fernández antes de explayarse por largo rato sobre la justicia.

El presidente reflotó su idea de impulsar una reforma judicial y señaló como una de las grandes falencias del Poder Judicial es que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. El Presidente omitió reconocer que los jueces nombrados a partir de 2017 ya pagan ese impuesto.

En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.

Fernández apuntó directamente a la Corte Suprema, que asistió al acto de manera remota, y sostuvo que «la relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone», recordando el caso de la ministra Elena Highton de Nolasco.

“Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, expresó el Jefe de Estado y agregó que “institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república».

Pero las críticas no quedaron simplemente en su discurso de 62 páginas y adelantó reformas «a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.

Puntualmente, el primer mandatario detalló que impulsará un proyecto de ley “que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial» y “un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina».

Argentina ya cuenta más víctimas de femicidios que días en lo que va del 2021 y era un tema ineludible para el presidente. Sobre el tema, pidió a la sociedad convertir la lucha contra la violencia de género en política de Estado. “Lo hicimos con el proceso de memoria, verdad y justicia y ahora lo vamos a hacer también con la intolerancia a estas violencias”, aseguró, pero no enumeró ninguna política concreta a implementar.

Asimismo, aseguró: «Propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”.

En otro momento, se dirigió a los legisladores y les pidió que aprueben el proyecto de reforma judicial y la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Querella criminal, cannabis medicinal y violencia de género

Uno de los puntos más comentados de la exposición del presidente fue el anuncio de la creación de una «querella criminal», destinada a investigar quiénes fueron «los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», en referencia a la decisión de la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri, omitiendo que gran parte de esos recursos fueron destinados a pagar la deuda que dejó el gobierno encabezado por su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Por otra parte, Fernández se comprometió a impulsar un proyecto para regular el uso medicinal de cannabis. «La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”, especificó.

Argentina ya cuenta más víctimas de femicidios que días en lo que va del 2021 y era un tema ineludible para el presidente. Sobre el tema, pidió a la sociedad convertir la lucha contra la violencia de género en política de Estado. “Lo hicimos con el proceso de memoria, verdad y justicia y ahora lo vamos a hacer también con la intolerancia a estas violencias”, aseguró, pero no enumeró ninguna política concreta a implementar.

Al finalizar su discurso, el mandatario resaltó que «en la unidad y la solidaridad están las claves para construir una Argentina que despliegue todo su potencial económico, social, ambiental, científico y cultural» y aseguró que le gustaría ser recordado «como un argentino que un día fue elegido presidente y fue capaz de servir a su pueblo sembrando la mejor de las semillas: la unidad de su país, más allá de las diferencias».

Los coletazos del discurso de Alberto