Una grave acusación en contra de la senadora Silvia Elías de Pérez ingresó en la Justicia Federal.
Una grave denuncia fue radicada contra la senadora nacional, Silvia Elías de Pérez. Se trata de una denuncia penal que le fue iniciada en los tribunales federales y que se tramitará en el Juzgado que está a cargo del juez federal, Dr. Fernando Poviña y del fiscal, Dr. Pablo Camuña. Una serie de delitos realmente graves pesarían sobre la ex candidata a gobernadora de Tucumán, quien suele enarbolar las banderas de la transparencia y de la ética pública.
En lo que sería un caso de doble moral, ahora se ve involucrada en hechos de supuesta corrupción. Una mujer denunció penalmente a la congresista que representa a Tucumán y la acusó de haber cometido “fraude en perjuicio de la administración pública”. Se trata de la ciudadana Silvia Andrea Jiménez, quien aduce haber sido contratada por Silvia Elías de Pérez en su carácter de senadora de la Nación a partir del 1° de octubre del año 2015 hasta la actualidad.
Sin embargo, Jiménez asegura que en enero de este año y de manera no oficial, sino apenas verbalmente, fue la propia legisladora la que le manifestó que “a partir de ese momento queda licenciada sin goce de haberes” (sic). Lo grave de la acusación es que, según la denunciante, Elías de Pérez percibiría el salario correspondiente a la empleada Jiménez a pesar de que esta última no se encontraría ya trabajando para la congresista.
Según consta en la denuncia penal realizada ante la Justicia, la suma que cobraría Silvia Elías de Pérez correspondiente a su empleada sería la cifra de poco más de $40.000 mensuales. De acuerdo a los papeles que figuran presentados, la senadora ya habría cobrado este salario durante la primera mitad de este año. Cabe destacar que, de ser cierta la denuncia, ocasionaría un perjuicio patrimonial en detrimento de Silvia Andrea Jiménez.
Esto se debe al carácter alimentario del sueldo, pero también se le provocaría un daño económico al Estado nacional. De allí que el supuesto comportamiento de la legisladora nacional encuadraría -prima facie- en el tipo de delito que, según el artículo 174 inciso 5° del Código Penal, se consideraría, como ya se mencionó, “fraude en perjuicio de la administración pública”. En la denuncia radicada se deja en claro que, incluso, podría ameritar una calificación legal más estricta.
FUENTE Sin Fronteras y Tucuman Despierta
