El Poder Ejecutivo no quiere hacerle modificaciones; en el Congreso confían en dividir el proyecto para asegurar el apoyo del PJ
la reforma laboral, única propuesta legislativa de la ola de «reformismo permanente»que aún no se aprobó y que el Gobierno tiene en carpeta para las Sesiones Extraordinarias del mes próximo, evidencia distintas posturas en el oficialismo, deseoso de no repetir el escenario de violentas protestas y choques con las fuerzas de seguridad que signaron el debate de la reforma previsional, finalmente convertida en ley por los diputados.
Desde el despacho del ministro de Trabajo Jorge Triaca, insisten en que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contó con el aval inicial de la CGT y «no se toca». Las principales espadas legislativas de Cambiemos dudan que la ley pueda salir tal cual, y aconsejan subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales, los esquemas de capacitación laboral o beneficios como extender licencias por paternidad.
Entre los puntos que despiertan más resistencia en el sindicalismo está la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan sólo uno de plazo), y la exclusión de las horas extras, los viáticos, el teléfono y la movilidad en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido.
Entre ambas posturas, el poderoso jefe de gabinete insinuó que podrían permitirse modificaciones al proyecto original «hasta que haya consenso», pero no explicitó si aceptaría dividir la norma en varias partes.
«Van todos los temas. Ya hubo una negociación larga con la CGT y los empresarios para avanzar desde un borrador al proyecto consensuado», afirmaron muy seguros cerca del ministro de Trabajo. «Trabajamos mucho para llegar a este proyecto que creemos genera previsibilidad e impulsa la generación de empleo», agregaron desde la cartera laboral.
A veinte cuadras de la Casa Rosada y del Ministerio de Trabajo la visión no es bastante distinta. «Hay que ver cómo termina la CGT con su discusión interna, pero sería más lógico avanzar por capítulos y arrancar con los que hay más consensos» afirmó a LA NACION una alta fuente parlamentaria. El macrista y titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el senador radical y jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara alta, Luis Naidenoff, entre otros, adherirían por lo bajo a esta postura, que evitaría una confrontación directa con el peronismo en ambas cámaras.
Señal de flexibilidad
Entre ambas posiciones, Peña dio alguna señal de flexibilidad en la conferencia de prensa del jueves de la semana pasada en Casa Rosada, cuando le quitó dramatismo a la norma y habló de algunos capítulos consensuados con la CGT, que creemos que son de baja conflictividad y, al contrario, son a favor de los trabajadores», como el blanqueo de los trabajadores en negro o los cursos de capacitación.
En tren de esperanzar a quienes buscan una salida negociada, y atento a la negativa del PJ que encabeza Miguel Pichetto en el Senado, Peña dijo además que «si hay consenso, se podrá avanzar y seguir discutiendo más temas; si no hay consenso, se trabajará hasta que lo haya».
En Balcarce 50 toman con atención, pero también con pinzas las declaraciones de Pichetto, que en una entrevista con LA NACION la semana pasada descartó aún comenzar a debatir el proyecto en comisión durante febrero porque «no vamos a jugar con los tiempos del Gobierno» y mandó a la Casa Rosada a «que primero se arregle con los sindicatos».
Acortar distancias
En el oficialismo estiman que los nuevos enlaces del Ejecutivo con el Congreso, Fernando Sánchez y Lucía Abboud, comenzarán a trabajar el mes próximo para intentar achicar las distancias que hoy existen entre oficialistas y opositores en torno a este tema. Por las dudas, varios diputados y senadores del oficialismo ya hablan de «reordenamiento laboral», para esquivar las implicancias negativas del término «reforma», que remite a 2001 y la denominada «ley Banelco» impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa que terminó sospechada y con escándalo. «El Gobierno quiere avanzar con una reforma integral, y creemos que la están pifiando», agregó un importante dirigente de la UCR, preocupado por el curso que pueden tomar los debates parlamentarios si el oficialismo se empeña en sacar la norma de una sola vez.
Hay, de todos modos, contactos informales de miembros del Gobierno con distintos gremios para «acercarlos» a aprobar los puntos más controvertidos, que apuntan a bajar el «costo laboral» y reducir las cargas patronales. «Triaca viene de familia de sindicalistas, conoce y sabe hasta dónde se puede tirar de la cuerda. Esperemos que no fuerce los tiempos», afirmaron con una mezcla de esperanza y deseo desde un gremio destacado.
