➡️ El pasado martes 6 de abril se detectaron en Mendoza 869 casos positivos de covid-19. El miércoles, más de mil. Mientras tanto, en el territorio nacional, las cifras diarias treparon hasta casi 21.000 contagios. También en las escuelas de la provincia se han producido numerosos casos, pero no se cuenta con información pública de la DGE al respecto y hay presiones de todo tipo para visibilizar lo que efectivamente suceda.
❌ A nivel nacional, la lista de trabajadores/as de la educación fallecidos/as crece día a día. Son muertes evitables, por lo cual, sostener la presencialidad sin más en este contexto, se torna criminal. Incluso, con dolor y bronca, hemos lamentado la muerte de una docente de la UNCuyo. Queda en evidencia que la «segunda ola» ya está aquí y esto exige urgentes medidas de parte del Estado nacional y provincial para salvaguardar de las vidas de la población y evitar el colapso del sistema de salud.
Esta situación no tiene nada de sorpresiva. Desde el SUTE, a comienzos de febrero de este año, difundimos un informe de riesgo epidemiológico elaborado por especialistas que daba cuenta de que los niveles de transmisión eran altos en el Gran Mendoza y en el Valle de Uco. De acuerdo a los criterios que del Consejo Federal de Educación, las clases no debían comenzar en esas zonas. Pero los gobiernos ignoraron hasta sus propios protocolos. En cuanto al respeto de protocolos y de las adecuadas condiciones edilicias para aplicarlos, también se ha denunciado sistemáticamente desde el sindicato el sinfín de problemas en las escuelas. En muchas, las clases ni siquiera han comenzado a tiempo porque son inhabitables.
🏫 Con todas estas dificultades y carencias, producto de una política de ajuste que no solo no cesa sino que además se agrava día a día, la comunidad educativa en su conjunto debió sostener con su esfuerzo y sus recursos la presencialidad. Tanto estudiantes, familias como trabajadores/as sabemos que el aislamiento y improvisada «virtualidad» en educación agudizaron, durante todo el 2020, la desigualdad social, tecnológica y educativa de forma dramática. A más de un año del inicio de la pandemia, el Estado tiene capacidad y la obligación indelegable de prever, organizar y ejecutar medidas que resguarden el derecho a la salud y a la educación de la comunidad.
En efecto, frente a opiniones escasamente fundamentadas, como las de José Thomas, según la cual «para los chicos no hay mejor lugar para estar que la escuela», es necesario señalar que la escuela no es una burbuja ajena a lo que sucede el resto de la sociedad. Las graves problemáticas sociales, económicas y también sanitarias impactan de lleno en la vida de cada establecimiento. Mucho más, cuando no hay una sola decisión que ayude a paliar estas condiciones.
📣 Por todo esto, desde el SUTE exigimos al gobierno la suspensión de las clases presenciales de forma transitoria y la puesta en marcha de medidas que permitan, de forma remota, garantizar el derecho a la educación. Exigimos presupuesto para la conectividad de trabajadores/as de la educación y de estudiantes; un programa de entrega gratuita de dispositivos tecnológicos; ampliar la entrega de alimentos todas las familias de estudiantes que lo necesiten y un plan de vacunación para inmunizar de forma más acelerada al amplísimo sector que todavía no recibe ninguna dosis, lo cual compete además al Estado nacional.
➡️ Las vidas de trabajadores/as, estudiantes y familias no pueden quedar libradas a su suerte. Sin dilaciones ni especulaciones políticas o electorales, es hora de que los gobiernos actúen. El conjunto de los/as trabajadores/as de la educación tenemos que exigir que se tomen medidas para garantizar la salud, la educación y el cumplimiento de derechos básicos para todos/as.
SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE
