En Formosa, quien es hisopado, aun dando negativo, puede quedar aislado en uno de los centros de alojamiento montados por el gobierno. La cuarentena pueden ser 14, 28 o más días y su extensión no depende solo de los siguientes exámenes; también, de la suerte de los demás. Puede ocurrir que a alguien que ingrese al mismo centro le detecten el virus. Incluso cuando no hayan tenido contacto, todos reinician el conteo.
Con 5357 policías asignados directamente a tareas vinculadas con la pandemia, el gobierno de Formosa rastrilla el territorio en busca de casos; muchas veces, a mitad de la noche. La férrea estrategia sanitaria del gobernador Gildo Insfrán incluye también el bloqueo y la permanencia en fase 1 de las dos ciudades más importantes, Formosa y Clorinda, que lleva 150 días cerrada; la clausura de la mayoría de los accesos a la provincia y la obligación para quien pretenda ingresar de cumplir una cuarentena en los centros estatales, que, según testimonios recabados por LA NACION y denuncias de la oposición y organismos de la sociedad civil, no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, higiene ni privacidad. Las condiciones en estos establecimientos -42, según la última información oficial disponible- forzaron esta semana la intervención de la Nación, que envió a Formosa al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien defendió las políticas de Insfrán.
Las reglas que rigen en Formosa castigan además con prisión o multa conductas tales como el no uso de barbijo, la circulación indebida -está regulada por número de patente- y la apertura de comercios después de las 20 horas.
Hoy, en la ciudad de Formosa hacer 15 cuadras desde el centro hasta un barrio puede significar atravesar tres retenes policiales. A quien circula indebidamente o no usa barbijo se le labra un acta y debe presentarse en el juzgado de paz. En lo que va del mes, hubo 13.238 infracciones a personas por violación de las normas de circulación y no uso de barbijo, según los partes que cada día publica la provincia.
Según la información oficial, los casos activos en Formosa eran ayer 201 y las muertes acumuladas por coronavirus, 10. Desde que comenzó la pandemia, en la provincia, que tiene 574.000 habitantes, se realizaron 71.147 (con 1,59% de positividad) y se aisló a 20.448 personas. La relación entre número de aislados y contagios efectivos es de 19 a uno.
El personal de salud de la provincia, acompañado por la Policía, hace «búsquedas activas» en sectores donde se detectó un caso positivo y testea a sus contactos estrechos. Es el mismo esquema que aplican otras provincias; la diferencia es que Formosa no permite la cuarentena domiciliaria y que, sin esperar los resultados o aun siendo negativos, hay gente que es trasladada a los centros de alojamiento.
La semana pasada, solo entre el 25 y el 28 de enero, se hicieron 8141 «test de vigilancia y búsqueda activa de casos» y se encontraron 42 casos de coronavirus (0,5% de positividad).
A Medina le tocaron el timbre como parte de una de esas búsquedas. «Me trajeron al Colegio Nacional; entré con otro hombre positivo y en la sala donde me alojaron ya había uno más. Las ventanas estaban trabadas; nosotros las destornillamos para que entrara aire y para poder colgar la ropa que lavamos».
A Sonia la buscaron a las 5 de la mañana, después de que su hija -que no vive con ella y que había visto jornadas atrás- diera positivo. Estuvo 24 días en la Escuela 224 de barrio Obrero. «Nunca nos dieron un papel con los resultados. Nos dábamos cuenta de que éramos negativos porque no venía la ambulancia al colegio. Donde yo estaba, el que tenía la sala con ventana a la calle avisaba si llegaba o no la ambulancia. Paranoia se genera».
A Natalia la fueron a buscar con sus dos hijas porque su exmarido -a quien asegura no ver desde hace un año- había dado positivo. Sonia y Natalia pidieron a LA NACION que no se difundieran sus apellidos.
Por casos como estos es que hay quienes no abren cuando Salud se presenta en la casa o hay grupos de aislados que convocan a concejales y legisladores de la oposición para que avancen en la presentación de hábeas corpus preventivos. «Las medidas están mal aplicadas; no puede ser que si alguien del aula 1 da positivo se reinicie el aislamiento de todo el resto con el que no se vio nunca», apunta la concejal de la UCR Celeste Ruiz Diaz.
La respuesta oficial
El ministro de Gobierno, Jorge González, dijo a LA NACION que todas las medidas «se encuadran en la estrategia sanitaria» y que «se requieren acciones rápidas para bloquear la posibilidad de expansión del virus». González sostuvo que «no es algo habitual que se realicen búsquedas en horarios de madrugada», pero admitió: «Sin embargo, ante un brote importante, como los que hemos tenido, pudo haber algún caso». González insiste en que de un pico de 600 casos activos en la provincia, hoy tienen unos 200 «y en descenso».
Según datos oficiales, hasta ayer ingresaron a Formosa 13.579 personas y están en cuarentena 1566. El total de personas diagnosticadas de coronavirus desde el inicio de la pandemia es de 1138; el de recuperados, de 896.
«Pusimos todo el esfuerzo, lo que nos llevó a reordenar el trabajo en todas las áreas de la administración para atender esta situación particular; la Policía es uno de los organismos que reorientó su acción en apoyo a lo sanitario», apuntó González. La gestión de Insfrán sostiene que los medios «malinforman» lo que pasa en Formosa y que la oposición debería encontrar «formas más dignas de hacer política», en lugar de «buscar rédito electoral» de la pandemia.
Tensión en territorio wichi
La tensión con las comunidades wichis también crece en el territorio, en especial en el oeste provincial, por los operativos de búsqueda de casos positivos, los traslados compulsivos de gente a la que no le dan información sobre su destino y los bloqueos que impiden el movimiento interno.
Jorge Palomo, wichi de Laguna Yema (departamento Bermejo) y vicepresidente del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Republica Argentina, insiste en que los problemas no tienen solución. «Hemos hecho marchas pacíficas en los últimos días en Matacos y en Ramón Lista -describe a este diario-. Los originarios del oeste le tienen más miedo a la policía que al coronavirus».
Palomo admite que hace unos días que hay menos «incursiones nocturnas» y dice que es «porque hasta el intendente de Ingeniero Juárez le pidió al comisario que no entrara de noche a la comunidad». Añade que el jueves trasladaron a toda una familia «y todavía no se sabe a dónde». Las comunidades, dice, no reciben barbijos ni alcohol en gel de parte de ninguna jurisdicción de gobierno.
Las leyes de Insfrán
La provincia adhirió a los decretos nacionales que establecieron los regímenes de aislamiento y distanciamiento social mediante 18 decretos provinciales. A esas normas se sumaron resoluciones administrativas del Consejo de Atención Integral de Emergencia Covid-19, que preside Insfrán, que fue creado por decreto y ratificado por ley por la Legislatura, con amplia mayoría oficialista. Es ese Consejo el que decide las medidas en el marco de la emergencia sanitaria y las difunde en el portal oficial de Formosa, donde también se publican los «partes diarios».
En materia de infracciones, a comienzos de junio la Legislatura formoseña reformó por mayoría el Código de Faltas, incluyendo el título «Faltas contra la Salud Pública», que sanciona con arresto de cinco a 60 días -redimible por multa- a quienes, por ejemplo, no usen barbijo o participen de reuniones con más gente que la autorizada, así como a los transportistas que se desvíen de sus hojas de ruta.
Operativo policial en Ingeniero Juárez, Formosa
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En la actualidad, los pasos de ingreso a la provincia habilitados -según datos oficiales- son cuatro: tres en el límite con Chaco (Lucio V. Mansilla, El Colorado y Puente General Lavalle) y la denominada «Línea Barilari», en la frontera con Salta, por la ruta 81. En Formosa llegó a haber unas 7500 personas varadas que no conseguían entrar a la provincia y eso hizo que interviniera la Corte Suprema, que en noviembre pasado obligó a Insfrán a dejarlas ingresar en un plazo máximo de 15 días hábiles.
En el ojo de la tormenta
«Abrazaba a mis hijos pero sabiendo que no los podía proteger. Miraba para todos lados y no entendía nada». Maricel Navarrete se quiebra mientras relata su llegada al estadio Cincuentenario con sus dos niños menores, después de haber estado trece días aislados en la Escuela 1, adonde fueron al de llegar de Buenos Aires. Los enviaron allí luego de decirle que el mayor de los chicos, de 12 años, había dado positivo. Las fechas de los tests cargados en la web oficial de la provincia no coinciden con los días en que fueron hisopados, relata Navarrete. Nueve días estuvieron en el estadio.
El Cincuentenario es el eje de las denuncias judiciales y presentaciones ante organismos internacionales por las condiciones en que están las personas que llevan allí para aislamiento por Covid-19. Está dividido por boxes, con ocho camas por cada uno -hay testimonios que cuentan que pasaron a cuatro durante las horas previas a la visita de Pietragalla-, pocos baños, filas para retirar la comida, luces que suelen quedar encendidas toda la noche y poca circulación de aire. Cada aislado -apuntan- cuenta con 30 minutos para que sus allegados le acerquen lo que necesita. Están mezclados mujeres, hombres y niños, y pacientes positivos y negativos.
La justicia federal formoseña pidió informes a la Fiscalía de Estado provincial al abocarse -por orden de la Cámara Federal de Casación– al hábeas corpus presentado por el senador formoseño Luis Naidenoff.
Navarrete sostiene que la médica con la que habló en el Cincuentenario le rechazó su propuesta de pagar un hotel para hacer la cuarentena o de ir a una clínica privada para garantizar que su hijo tuviera la atención necesaria. La respuesta fue que era el gobierno provincial el que establecía los centros de aislamiento y los administraba, y que el sector privado «no contaba», relató Navarrete. La mujer entró en pánico el día de la revuelta de integrantes de comunidades aborígenes que reaccionaron cuando les informaron que sus test eran positivos.
«Era el noveno día a la noche y amenazaron con prender fuego los colchones; fue una locura». Esa misma noche trasladaron a un grupo de madres con sus hijos a un hotel. Navarrete sigue allí aislada con sus hijos. También evacuaron a Cecilia, con su hijo de dos años. La habían llevado de una escuela, separándola de su esposo: «Nunca dejé a mi hijo bajar de la cama; estoy convencida de que no era positivo. Después de todo esto, volvió a usar pañales y pide la teta».
Con el paso de los días, los casos se multiplican. Dos de las denuncias más graves, de las que LA NACION dio cuenta, son la de Zunilda Gómez, que perdió su embarazo en un centro de aislamiento (según denunció, por estrés), y la de Benjamín Martínez y Marianela Merino, la pareja wichi de Ingeniero Juárez que fue separada de su hijo, del que no tuvo información por varios días, cuando ella dio positivo de coronavirus y fue trasladada, inmediatamente después del parto, a un centro de aislamiento sin su bebé. Se reencontraron con su hijo varios días después en el hospital de la Madre y el Niño, en la ciudad de Formosa, a casi 500 kilómetros de donde había nacido.
