Lo planteó el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Alfredo García. En particular, habló de la afectación a Aluar que generaría la prohibición de las actividades mineras en Chubut. Dijo que los diputados provinciales deberían analizar si el proyecto de ley 129/20 es inconstitucional.

El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Alfredo García, alertó sobre las graves consecuencias que generaría la aprobación por parte de la Legislatura de la Iniciativa Popular que busca prohibir todo tipo de actividad minera en Chubut.

García, integrante de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, dijo en particular que el proyecto de ley 129/20 puede provocar el cierre de Aluar, ya que la empresa se dedica al almacenamiento y procesamiento de aluminio.

En este marco, pidió a los legisladores provinciales que analicen si esta Iniciativa Popular va en contra de la Constitución.

– La Fech se ha expresado públicamente sobre el proyecto de Iniciativa Popular que plantea prohibir la minería en Chubut. ¿Cuáles serían las principales consecuencias para el sector empresario de la provincia ante una eventual aprobación del proyecto?

– Creemos que el proyecto que plantea prohibir la minería en Chubut a través de una Iniciativa Popular está atentando seriamente contra los intereses directos de la ciudad de Puerto Madryn. En este proyecto hay artículos que afectarían fuertemente la posibilidad de que Aluar siga con los procesos que lleva adelante desde su creación y que han permitido que la ciudad se fuera desarrollando e incorporando empresas de servicios y proveedores que están calificados para asistirlos. Todo eso afectaría a una serie de empresas de diversos tamaños que emplean a una cantidad importantísima de gente en Puerto Madryn y que verían desaparecer su fuente de trabajo. Y con ello obviamente toda la actividad que se desarrolla de manera indirecta. Los haberes que perciben esos empleados dejarían de estar volcados en la economía de Madryn. Principalmente la afectación más importante que vemos en el corto plazo sería la relativa a las operaciones de Aluar en Puerto Madryn.

– Y con un posible desarrollo minero en la Meseta, ¿las empresas de Chubut estarían capacitadas para brindar los servicios que requiere la actividad? ¿Cuál sería el primer efecto visible de ese desarrollo de la minería?

– Existe en la provincia un grupo importante de empresas que están ligadas a la actividad minera, sobre todo en servicios secundarios. De hecho, varias de estas empresas están trabajando en Santa Cruz, y muchas que aún no lo hacen estarían en condiciones de ser capacitadas y de pertenecer al programa de proveedores que las empresas normalmente suelen implementar cuando empiezan a tener una actividad en una región y cuando no están los servicios básicos que necesitarían. De ahí va a depender la capacidad del empresariado de ponerse en contacto con las cámaras que representan a las actividades mineras y empezar a trabajar en su propio desarrollo y preparación, que debería estar acompañado, por supuesto, de políticas a nivel provincial que ayuden a ese desarrollo, que lo promuevan y lo exijan dentro de la reglamentación de la actividad, para de esa manera salvaguardar los beneficios en la mayor medida posible para las empresas y los habitantes de la provincia del Chubut. Es lo que todos tratamos de buscar: que la actividad pueda efectuarse con responsabilidad, seriamente, con los controles necesarios y con un derrame de beneficios para toda la provincia, que lo necesita.

– El prestigioso abogado constitucionalista Daniel Sabsay ha dicho que con la actual Constitución, un proyecto de prohibición definitiva de esa industria no puede prosperar, ¿desde la Fech han hecho un análisis legal de la Iniciativa Popular? En ese caso, ¿a qué conclusión llegaron?

– No hemos realizado desde la Federación un propio análisis legal de lo que se presenta a través de la Iniciativa Popular, pero sí estamos de acuerdo con que hay una diversidad de artículos que se violan tanto a nivel constitucional, como también las mismas leyes de la provincia.

– ¿Qué les dirían desde la FECh a los diputados provinciales que tienen pendientes de tratamiento tanto el proyecto de zonificación minera en la Meseta como la Iniciativa Popular?

– Les diríamos que por favor utilicen todos los recursos a su alcance para verificar los datos que se presentan tanto de un lado como de otro, y ver si realmente se trata de un proceso inconstitucional o no. Esa sería la base fundamental. Porque si no respetamos y hacemos respetar la Constitución Nacional, que está por encima de las leyes provinciales, mal nos puede llegar a ir en el futuro. Creo que es un tema para dejar de lado las ideologías políticas, centrarse en la parte legal y, por sobre todo, tratar de no poner obstáculos para el desarrollo de una provincia que necesita actuar con responsabilidad, tomar las acciones que sean necesarias para permitir el desarrollo de las actividades de cualquier tipo, ya sea productivas, extractivas, comerciales, pero que tengan un contexto y que se realicen bajo un esquema serio de control y de responsabilidad. No podemos prohibir para no controlar y para evitarnos un problema. Creo que tenemos que poner nuestra mejor voluntad para que cualquier actividad que pueda producir una mejora en las condiciones de los habitantes de Chubut, sobre todo en la zona tan castigada como la Meseta, tenga su oportunidad y sea desarrollada con los controles necesarios. FUENTE DIARIOEL CHUBUT