Expresaron que por la crisis son programas que deben tener una continuidad en el tiempo. Remarcan que los recursos van al consumo y ayudan a mantener los puestos laborales.
El anuncio del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que no habrá un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), generó preocupación en varios sectores. Las tres etapas entregadas en Salta sumaron $3.629 millones en cada pago, y tuvieron como destinatarios a 362.930 salteños.
Matías Kulfas, ministro de Producción, destacó que el Gobierno reemplazará el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para al sector productivo y solo lo cobrarán hasta fin de año aquellos que estén en una situación crítica. Hasta el ATP 4, los trabajadores salteños habían recibido $1.785 millones.
Estas afirmaciones de dos de los ministros nacionales pusieron en alerta a los gremios. Los sindicatos locales, al igual que la Confederación General del Trabajo (CGT), reclamaron su continuidad y además manifestaron su «preocupación» ante esta situación.
César Guerrero, secretario general del Sindicato de Comercio, expresó que esos aportes se volcaron al consumo, transformándose en un beneficio para el comercio y la continuidad de los puestos de trabajo.
«Claro que es una preocupación como dijo la CGT. Hay sectores en los que sería un retroceso porque no están trabajando o arrancaron recién la cadena de ingresos y se les va a dificultar pagar los salarios. Hay que mirar eso con preocupación, aun sabiendo que esto no va a durar para siempre porque la condiciones económicas tendrían que ir normalizándose», expresó Guerrero.
Aunque Salta vivió una situación particular, ya que el comercio funciona desde mayo, excepto esos 15 días de aislamiento en septiembre, las ventas no tienen los volúmenes que había antes de la pandemia.
«Imaginate si se termina el IFE y el ATP va a ser bastante dificultoso. Estos anuncios son muy recientes y esperemos que no se concreten. Esperamos que escuchen las voces, tanto de la CGT y otros sectores como las cámaras empresariales, que seguramente ya deben haber elevado algún tipo de inquietud. Esperemos que esto tenga alguna otra alternativa y que continúe en la medida de lo posible y hasta tanto la economía ruede», remarcó César Guerrero.
Sin embargo, el sindicalista no cree que estos anuncios signifiquen un «detonante» para que la relación entre el sector de los trabajadores y el Gobierno nacional se vaya a resentir. «Lógicamente que estamos a la espera para que esto tenga una continuidad o una reconversión», expresó.
Construcción
Rubén Aguilar, secretario general de la Uocra Salta, afirmó que eliminar el IFE y el ATP no es la «mejor medida» que puede tomar el Gobierno por más que existe la necesidad del Estado de reducir partidas.
«El gasto social se debe eliminar cuando no hay más problemas sociales y en este caso estamos lejos de solucionar esos problemas. No me parece una medida acertada pero sí entiendo la necesidad del Estado de achicar los gastos. En cuanto al ATP, hoy tenemos empresas que están prácticamente quebradas porque ya venían golpeadas y los agarró la crisis por la pandemia. Hay algunas que no han facturado o algunos contratos que se han caído. Entonces las empresas tienen un gran problema», remarcó.
Para el representante de los trabajadores de la construcción, con esta decisión la empresa se verá afectada, pero el principal perjudicado va a ser el trabajador porque puede ser despedido o tener dificultad para cobrar su salario. «No estamos de acuerdo con que se termine con el ATP y el IFE», reafirmó su postura.
«Creo que el Gobierno va a poner todo para que no haya conflictos y estimo que el sector de los sindicatos va a hacer todo lo posible para evitarlo, aunque sí tenemos la obligación de advertir cuando algo no está bien. Entiendo que este no es el momento porque todavía no se solucionó el tema social. Venimos de ocho meses con la pandemia, no es un año normal y con esta situación puede ser muy peligrosa. Espero que salga lo mejor para la gente», finalizó el sindicalista.
