Las bancadas del oficialismo y la oposición acordaron una sesión corta y con bajos niveles de confrontación. El quórum para iniciar la discusión se consiguió pasadas las 12 con la presencia de los representantes de todos los sectores políticos.
El primer orador fue el diputado nacional de Red por Argentina, Daniel Arroyo, quien sostuvo que el proyecto «puede ayudar a ponerle un piso a la caída social» y afirmó que «es evidente que hay emergencia». «Hay un problema de hambre, mal nutrición, más gente en los comedores: está claro que no es lo mismo comer que no comer», dijo.Y remarcó: «Estamos ante una situación difícil: nadie tiene que encender la mecha. Es lo básico de lo básico. Es un acto administrativo que acelera y ayuda».
«Es necesaria una política de Estado para saber cuál es la salida de la pobreza. Hay que llamar a la reflexión, dialogar para encontrar el camino de la paz y, por eso, celebro esta convocatoria», afirmó Héctor «Toty» Flores (Cambiemos-CC). «El país sale de la crisis solamente a través del consenso y el trabajo», agregó.
Leonardo Grosso (Red por Argentina) dijo que «el hambre es un problema de todos». «Hay un montón de gente que está con problemas para comer. Tenemos que reconocer que tenemos un país en emergencia», afirmó.
El proyecto establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año para políticas públicas de alimentación y nutrición hasta el 31 de diciembre de 2022, con un costo estimado entre 4.000 y 10.000 millones de pesos.
En un giro de su postura inicial, el Gobierno resolvió ayer acompañar la sanción de la iniciativa que busca aumentar la ayuda social ante la presión de los bloques de la oposición y los movimientos sociales, que protestan desde ayer en el centro porteño.
«Si quieren cambiar o ampliar el proyecto de emergencia, estaremos disponibles», dijo Mauricio Macri ayer tras participar en un acto en Santa Fe. La ley podría tener un impacto fiscal de entre $4061 y $10.489 millones.
