Sabemos que estas empresas de características monopólicas, bien administradas, son altamente rentables y cada tanto son objetos de ataques, con el fin de llevarlos al mercado privado. Donde también estamos al tanto que después de exprimirla bien y generalmente desinvertirla, vienen los salvadores, los mismos de siempre, privatistas o estatistas, según lo amerite la ocasión, manifestando la necesidad de ponerlo al servicio del pueblo, ya que en manos privadas no cumplen con sus funciones, caso aerolíneas, YPF, entre otros, y así en un movimiento sempiterno y circular el pueblo se hace cargo de las mismas en los tiempos de vacas flacas y los privatistas en tiempos de vacas gordas.
Cuando hay obstáculos (constitucionales, legales) para avanzar en pos de sus objetivos buscan otros caminos para eludir dichos impedimentos, como por ejemplo crear nuevas empresas que contengan, entre otros objetos sociales, actividades similares a las que le interesan realmente, y que además escapan a los órganos de control como el del Tribunal de Cuentas.
En esa inteligencia, la Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía, observa con preocupación el envío de un proyecto de Ley nro. 1676/2020, donde se persigue la creación de la Empresa del estado Obras y Servicios Integrales del Chaco S.A., bajo el Régimen de la Ley de sociedades comerciales Nro. 19550 y modificaciones, lejos del alcance de los órganos de control.
Su objeto social es amplio, como por ejemplo proyectos vinculados al uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica.
Acá es bueno ser sabio y ver más allá de lo estrictamente literal, conforme han venido actuando, “el tero, pega el grito en un lugar y pone el huevo en otro” dicen las tradiciones populares.
Es de conocimiento público que, desde la década de los noventa, Secheep y Sameep, son dos empresas que captan el interés de los inversores privados, pero debido a los impedimentos constitucionales para quedarse con ellas, buscan de alguna manera encontrar otros caminos que le posibiliten llegar ese mercado monopólico y muy lucrativo.
En ese sentido es bueno, tener presente los archivos de los que impulsan este proyecto. Jorge Milton Capitanich, de raíces neoliberales, peronista formado en los 90, muy amigo de las políticas de Carlos Menem, Domingo Caballo, nunca se liberó de esas ideas económicas, simplemente lo guarda en su inconsciente, ya que está alienado a su naturaleza, para una mejor oportunidad.
Es así que cada tanto busca de alguna manera, ingresar al mercado eléctrico provincial con capitales privados. En el 2008, modificó el objeto social de la organización eléctrica, precisamente incorporando la de producción petrolera, sin considerar los graves daños económicos, financieros y de costos, que vinieron conjuntamente con esa modificación, que hoy los sentimos los chaqueños en nuestros bolsillos y en la calidad del servicio prestado.
El envío de ese proyecto de ley al Parlamento Chaqueño es una señal alerta, para las empresas públicas, buscan una cabecera de playa para avanzar en el multimillonario negocio energético.
La comunidad chaqueña debe estar atenta. Dice el proyecto “que el objetivo principal de las empresas pública es buscar el bien común de la sociedad en general, es por ello que los costos de producción pasan a un segundo plano si el servicio a ofrecer es de alta calidad a diferencia de las empresas privadas cuyo objetivo primordial es el crecimiento de las ganancias y expansión en los diferentes mercados de la economía”
Que las organizaciones cubran sus costos es de suma importancia, porque si no, quien paga es la sociedad, directa o indirectamente, es lo que se observa en las empresas públicas actuales.
Los legisladores, que son los guardianes de los intereses del pueblo, no deben abrir portales jurídicos, que posibiliten el avance privatista en los servicios públicos, lamentablemente hemos vistos cual fue el resultado de esos avances, nunca se tradujeron en mejores servicios para el pueblo.
Además, así como, hay actividades que son esenciales del estado, hay otros que no son necesario que estén dentro del área estatal, como trabajos de pinturería, albañilería, prestación de servicios de porterías, guardia y vigilancia de edificios y espacios públicos de cualquier naturaleza, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de bienes, automotores, etc., etc. (parte del objeto social).
Por ello la Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía, considera que debemos ser realistas, y no permitir creaciones de esta naturaleza, que solo buscan satisfacer intereses particulares, no la del pueblo, ya que son negocios que están contemplados en empresas ya existentes y no nos dan un mayor beneficio, solo aumenta la carga tributaria de los habitantes, que es la que, en definitiva, paga, con la excusa de la búsqueda del bien común de la sociedad en general.
Héctor Moors 7925487
SALVEMOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CAPÍTANIC1
ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL DERECHO DE LA CIUDADANÍA
