https://youtu.be/-ZRf9bEo7Q4
https://youtu.be/begcM4b8v48
OTRO INCENDIO PROVOCADO EN UNO DE LOS 53 PREDIOS RECATEGORIZADOS Mientras que los esfuerzos de la Dirección de Bosque para fiscalizar los desmontes ilegales se intensifican, se sigue violando la Ley con total impunidad. Esta situación es debido a una contradicción de fondo, porqué la autoridad estatal que hoy es encargada de controlar la situación, es la misma que otorgó hasta el 2018 permisos de desmontes irregulares en una zona adonde eran prohibidos, entrando así en un callejon sin salida de excusas, tentativas de remediar, contradiciones e incluso, lamentamblemente, ilegalidades que empiezan a evidenciarse.
IMPUNIDAD SISTEMATICA A partir del 18 de julio pasado, en las parcelas 544 y 545 de la circunscripcion 5 en el departamento Almirante Brown, a 16km del Parque Nacional Copo, se está quemando lo que queda de un monte que hasta agosto 2018 era todavía virgen y protegido por la categoria II de la Ley de Bosque. Según los datos oficiales se trata del campo perteneciente a la firma NOTTEBOHM AGUSTIN, MARCHETTI MARCELO W. Y OTROS, que en 2018 recibieron por la Dirección de Bosque los permisos especiales E5-2018- 79-E y E5-2018-80-E para poder efectuar un desmonte adonde la ley 26.331 no lo permite. No satisfechos con esta excepción, desmontaron 130 hectareas más de las que tenían permitidas (recordamos para quien no lo sepa que una hectarea es una manzana de una ciudad), lo cual derivó del expediente de infraccion E5-2018-2051-E, que debería comportar una multa de más de 4 millones de pesos que desconocemos si se pagó. Por lo general los autores de los desmontes ilegales terminan por no pagar las multas. Así y todo debe tenerse presente que las mismas no representan un perjuicio patrimonial mayúsculo y ni siquiera guarda vínculo o relación con lo que se ha perdido del monte nativo y la desaparición de los servicios que el mismo presta para la vida misma.
MEDIDAS JUICIALES SIN VALOR El fundo desmontado es uno de aquellos que fueran objeto de la medida cautelar que suspendió los 53 permisos otorgados por las autoridades chaqueñas, interpuesta por el Defensor del Pueblo de la Provincia. En la medida en que formaba parte de esa medida cautelar no debería haberse continuado con acciones destructivas mientras la justicia se exprese sobre la legalidad de los permisos. Ya en el marzo pasado hemos denunciado publicamente y aportado al Juez pruebas de que estas medidas no se cumplen y que nadie está vigilando estos predios. Los incendios son solo una de la pruebas, tecnicamente se habla de «quema de subproductos forestales del desmonte». En el caso especifico de las parcelas 544 y 545 denunciadas en el presente articulo, pese a que se desmontó más de lo que permitía el ya cuestionado permiso, el Juez autorizó la extracción de la madera presente en el campo despues de una oportuna fiscalización (fiscalización que nuncas se realizó contando con la presencia de las partes y los Amicus Curiae así como pedido por el Juez). Lo que queda despues del desmonte y de la extracción forestal (ramas, raices, renovales, semillas) se está quemando en este momento mientras que el gobierno de la Provincia presenta un proyecto de Ley para Emergencia hidrica debido a la sequía que azota los pobladores, los bosques y los suelos del Impenetrable.
UN SILENCIO COMPLICE Hoy los datos de incendios estan disponibles gratuitamente y en tiempo real para todo aquél que tenga interés en visualizarlas y comprende todo el planeta tierra. Ademas las columnas de humo que salen de este predio se extienderon por mas de 20km pasando arriba de la RN 16. Surge entonces la pregunta, ya expresada en pasado: estas quemas, son autorizadas? Si la Dirección de Bosque autorizó estas quemas, deberían ser concientes de que violan la medida cautelar de no intervenir en los predios en juicio, y asímsimo deberían haber informado en el expediente cualquier circunstancias que implique una alteración de las condiciones vitales del monte nativo de los predios cuyos permisos se encuentran suspendidos. Si estos incendios son ilegales, es evidente que el control de las autoridades no es suficiente, siendo que pasaron más de 15 días y nadie intervino. De toda forma el silencio del Juzgado n.21 de Resistencia frente a los escritos y pruebas presentadas, en estos meses se hace cada vez más ensordecedor a la luz de la ilegalidades cada vez más grandes que se están descubriendo. A esto se acompaña el silencio del Gobierno que todavía no se ha expresado sobre estas recategorizaciones prediales efectuadas en la gestión anterior por funcionarios que hoy siguen en sus cargos. La sensación es que nadie tiene el valor de decir algo que ya está claro a los ojos de quien quiera entender, o sea que este juicio impulsado por el Defensor del Pueblo fue tan solo una puesta en escena y que hoy las autoridades prefieren no hablar del tema y mirar por otro lado.
