Buscan que los legisladores se expidan sobre la discusión social y judicial.
Aunque en la última sesión de la Cámara de Diputados no se trató un proyecto para «repudiar» la actitud de la Iglesia Católica en las causas penales por abuso sexual contra algunos sacerdotes denunciados, se encendió un debate con diversas posturas de los legisladores.
La iniciativa había sido presentada por el Partido Obrero. Desde ese sector sostuvieron que la semana pasada hubo una demostración de la «influencia» de la Iglesia en la política. Indican que fue en desmedro de las víctimas de abusos eclesiásticos que buscan justicia.
El diputado Claudio Del Plá presentó el proyecto de repudio hacia el arzobispo Mario Cargnello por «no colaborar con la Justicia». Refiriéndose a la causa contra el cura José Aguilera, más precisamente al pedido de la fiscal Luján Sodero. La letrada le solicitó a Cargnello información sobre el juicio eclesiástico abierto contra el sacerdote denunciado. El pedido, como en el caso del cura Lamas, fue derivado a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
«La Comisión de Justicia con (Javier) Diez Villa a la cabeza, tenía que dictaminar y ni siquiera se reunió. Aunque también podría haber salido de labor parlamentaria, dónde están la totalidad de los presidentes de los bloques, pero tampoco. Ninguno expresó su voluntad de tratarlo», explicó el diputado Del Plá.
El dirigente del partido de izquierda cuestionó con dureza a sus pares por no pronunciarse contra la institución «que cubre pedófilos». Dijo que es una situación grave, porque es al menos el segundo caso. «El testimonio del intendente (Mario) Cuenca está en esta causa, sumó además que Blanchoud (exarzobispo) estaba en conocimiento. Lo mismo que sucedió con la mamá de Juan Carlos García. Las víctimas obtuvieron silencio, encubrimiento e inculpamiento de parte de la cúpula eclesiástica. No puede ser que la Cámara no se pronuncie», lamentó Del Plá.
Alberto Abadía, presidente del bloque del Partido Justicialista, uno de los partidos con más bancas en la Cámara, aclaró que están «totalmente de acuerdo con que la Iglesia colabore dando la información necesaria para que la Justicia se expida». Aunque, marcó una diferencia en los modos de plantearlo. «De ahí, a estar de acuerdo con declarar a una persona no grata y hacerlo con tanta vehemencia, cargando todas las tintas sobre una sola persona, no es correcto. Lo planteamos, dijimos que hay formas de pedirlo. Nos pareció extremista e innecesario. Hay que tratar a todos por iguales. Debemos contribuir a la paz social, a la gobernabilidad y los derechos de las personas», concluyó el legislador.
Por su parte, la diputada Silvia Varg, presidenta del bloque Un cambio para Salta, también señaló las injerencias de los legisladores. «Los diputados no podemos intervenir en cuestiones de índole judicial. Hay una separación de poderes. Una cosa es dictar las leyes y otra es inmiscuirse. Creo que por esa razón la Cámara no lo trató. Debemos cumplir un rol, no precisamente el de ser gendarmes de la justicia», argumentó.
Al igual que, Abadía, Varg indicó que adheriría a pedir colaboración de la Iglesia. «Es una institución más, y por lo tanto se debe ajustar a las leyes del país», afirmó la diputada, quién advirtió que mandar a pedir a Roma las actas de los procesos canónicos es un «abuso» y «extemporáneo» dentro de los tiempos actuales. «La Iglesia ha perdido, dentro de la sociedad civil, muchos actores que antes actuaban a su favor. Pareciera ser que tiene que salir sola a poner el cuerpo en distintas situaciones en las que se ve muy comprometida. Son los signos de los tiempos, y las instituciones deben adaptarse. La sociedad civil reclama a sus actores respuestas rápidas y sobre todo, esto de ponerse a disposición de la Justicia, sea quien sea, en el momento que esta así lo demande», advirtió Varg.
Sin embargo, Del Plá aseveró que no es un problema de «formas» sino de «contenidos y de datos objetivos de la realidad». Justificó sus aseveraciones en que ningún legislador propuso otro modo. «Estuve abierto a discutir otra formulación del planteo, siempre que se denuncie la falta de colaboración y tampoco hubo voluntad de avanzar. No quieren cuestionar. La Iglesia se ampara en el derecho canónico para obstaculizar», denunció.
Santiago Godoy, presidente de ese cuerpo legislativo, sostuvo que el repudio «pasa a la comisión de legislación general y allí están todos». Aseguró que fue una «equivocación legislativa» pero que fue «subsanada». Por lo que podría volver a tratarse con su visto bueno si se tiene en cuenta que luego de que estallara el escándalo Zanchetta, Godoy arremetió contra Cargnello y aseguró que la «superioridad eclesiástica hace un diagnóstico de la sociedad» y por otro lado «oculta información». «Cargnello dijo que los diputados éramos cobardes por no defender el crucifijo (cuando fue sacado del recinto). Me parece que ellos tendrían que ser valientes y decir la Iglesia se somete a la misma Justicia que se somete todo el mundo. Quisiera que él, que es el responsable máximo de la Iglesia, trate que se investigue y que ponga a disposición del periodismo y la Justicia toda la información», advirtió.
El eje del Concordato
El fiscal Sergio Obeid, a cargo del caso Lamas, y la fiscal Luján Sodero, al frente de la causa Aguilera, solicitaron al Arzobispado de Salta que gire las actuaciones de los juicios canónicos abiertos contra ambos religiosos por denuncias de abuso ante las autoridades eclesiásticas. Los pedidos fueron derivados a Roma.
Obeid solicitó un allanamiento que fue negado por la jueza Puertas que se amparó, al igual que el Arzobispado, en las potestades que permitiría el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado argentino en 1966. El acuerdo permitiría, sostienen funcionarios eclesiásticos, que la Iglesia pueda juzgar estos delitos y amparar toda información relacionada bajo secreto pontificio. Sin embargo, juristas, como Jorge Vanossi que confeccionó las bases del acuerdo, aseguró que está siendo mal usado. “Si hay delito no hay secreto”, advirtió. El debate llegó al Congreso nacional. Hace unos días, redes internacionales de víctimas de abuso sexual del clero presentaron un proyecto para modificar el acuerdo. Intentan obligar a la Iglesia a denunciar en la Justicia los casos de abuso, y que ponga a disposición toda la información bajo su poder.
