Pino adelantó que el municipio solicitará a la Justicia continuar investigando al propietario del comercio involucrado. (Foto: Matías García)
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A partir de una denuncia impulsada por el municipio, la Justicia condenó a cuatro funcionarios públicos -un ex empleado municipal y tres policías provinciales- que estaban coordinados en una red de corrupción que se encargaba de adelantar los allanamientos que se iban a realizar a un local comercial de la calle Belgrano 2349 que por las noches vendía alcohol clandestino.
“Tuvimos una sentencia ejemplar por parte de la Jueza de Garantías Ana Malvido, que ha decidido condenar a un ex empleado municipal que trabajaba en el Tribunal de Faltas N° 1 a cargo de Gabriela del Campo, y tres efectivos de la policía de la Comisaría Tercera”, dijo Javier Pino, apoderado legal del municipio, recordando que los involucrados en la causa fueron Héctor Aznal (ex empleado municipal) y los policías Guillermo Campos, Carlos Vergara y Yani Castillo.
Contó que el próximo paso será el Juicio de Cesura “que es la determinación de la pena, en este caso se establece como máximo dos años de prisión, más la de inhabilitación por el doble de tiempo porque son funcionarios públicos”, dijo Pino y contó que la sentencia de esta mañana fue el “juicio de responsabilidad donde se acreditaron los hechos, y la responsabilidad de los imputados”.
Adelantó además que el municipio solicitará continuar investigando al propietario del comercio involucrado. “Será una segunda causa, contra Hugo Rojas que es el comerciante y eventualmente a quienes colaboraron con él, los que cada vez que le avisaban del procedimiento lo ayudaban a sacar todo, mercadería, freezer, heladeras y cuando llegaban nuestros inspectores no encontraban nada. Esa segunda causa también incluirá a su hijo Maximiliano Rojas, notificador de la Justicia, que también alertaba a su padre que era el propietario”, detalló el abogado.
Dijo que durante el juicio pudo comprobarse toda la red de corrupción, “se hizo la denuncia penal desde la Municipalidad por instrucción del intendente Horacio Quiroga. Con una fuerte decisión con el doctor Marcelo Jara, y a través del departamento de Delitos Económicos de la propia policía se logró hacer los allanamientos, requisas de celulares, grabaciones, mensajes de textos, escuchas telefónicas que lograron completar la investigación y demostrar que el empleado municipal le adelantaba con los llamados telefónicos los allanamientos”
“Cuando los inspectores de la Municipalidad iban a pedir ayuda a la Comisaria Tercera los hacían esperar una hora, y mientras tanto los tres efectivos implicados le alertaban al comerciante sobre el procedimiento a través de mensajes que le decían “andá cerrando”. Entonces cuando llegaban nuestros inspectores no encontraban nada. No había heladeras, no había botellas. No había nada”, detalló Pino, quien recordó que en el caso del ex empleado municipal “se trataba de personal contratado al que por orden del intendente se le rescindió su vinculo contractual con el municipio apenas se conoció la denuncia”.
