Programa Sin Fronteras
02 de febrero de 2023
Muy buenos días, buenas tardes buenas noches según sea el horario que nos este escuchando en algún rincón del país del interior. Que Dios los bendiga a todos. Quien les habla les da la bienvenida Sin Fronteras a esta ruta de la información que nos lleva a contactarnos con la realidad a través de todas y cada una de las emisoras que son partede esta gran cadena. gracias por integrarlo a la programación de tu radio SIN FRONTERAS Programa Nacional de Radio conducido por el periodista Ricardo Huarte producido por Neuquén Producciones para FARBAP Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia retransmitido por mas de 150 emisoras de radio de todo el país. La voz del país del interior SIN FRONTERAS Información, Comercialización y contacto: WhatsApp y teléfono 2994160903 Facebook Radiodifusores Patagónicos Fanpage de Facebook Sin Fronteras Radio TV Grupo de Facebook Sin Fronteras Instagram Sin Fronteras Radio TV Twitter @SFronteras_ @fmcosmossinfro1 Web www.farbap.com.ar Portal de Noticias www.noticiasinfronteras.com www.noticiasinfronteras.com.ar
Se reactiva la agenda judicial con causas de alto impacto para Cristina Kirchner y el Gobierno
En la Corte analizan la integración del Consejo de la Magistratura y la disputa por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad; en Comodoro Py se definen los casos Hotesur y los Sauces, la firma del Pacto con Irán y la ruta del dinero K
Este miércoles, con el fin de la feria judicial, se reactiva la actividad en los tribunales con causas de alto impacto político para el Gobierno y, en particular, para el futuro de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La Corte Suprema, bajo fuego del kirchnerismo en el Congreso por el juicio político a todos sus integrantes, se reunirá esta semana por primera vez en el año. Mas allá de terminar de definir cara a cara una estregia judicial conjunta, los jueces tienen en agenda para resolver la ejecución de la sentencia que condena a la Nación a depositarle a la Ciudad 1100 millones de pesos diarios por la coparticipación federal, la integración definitiva del Consejo de la Magistratura y otros asuntos sensibles, como la decisión acerca de reabrir o no la causa contra la vicepresidenta por el dólar futuro.
En ninguna de esas causas se espera un fallo de inmediato. En el caso del Consejo de la Magistratura, se debe definir la jura de los consejeros representantes del Senado. La Corte dijo que no se podía partir en dos el bloque del Frente de Todos para permitir nombrar en simultánea a los consejeros por la mayoría y por la segunda minoría, e impgnó la designación del senador Martín Doñate, de La Cámpora, en el período que culminó en 2022. Pero el kirchnerismo lo volvió a designar para el período actual y envió el nombre de Doñate para que la Corte le tome juramento. Sobre este asunto debe decidir el máximo tribunal, ante lo que considera una desobediencia de su decisión anterior. En tanto, en los tribunales de Comodoro Py 2002 se reactivarán en este mes la investigación del atentado contra Cristina Kirchner con la definición de la situación del denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, actualmente detenido y que hoy declaró en la causa, y del diputado Gerardo Milman (Pro), cuya investigación impulsa la vicepresidenta. Asimismo, se debe definir si se confirma o no le procesamiento de los integrantes de la agrupación libertaria Revolución Federal, acusados de escraches, daños y atentados con bombas molotov. Para la vicepresidenta, el grupo está relacionado con su atentado.
Asimismo, la Cámara de Casación tiene previsto dar dos sentencias en causas donde Cristina Kirchner se encuentra sobreseída sin haber llegado al juicio oral. Se trata del caso Hotesur y Los Sauces y el expediente por la firma del Memorandum con Irán. Deben resolver los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. A fin del año pasado, en los pasillos de los tribunales tomó fuerza la versión que señalaba que la causa del Pacto con Irán permanecería cerrada, pero no así Hotesur y Los Sauces, donde también están acusados los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner. En paralelo, otra sala de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, estudia si confirma o no las condenas a Lázaro Báez a 12 años de cárcel y a sus hijos y empleados, acusados de lavar dinero de la corrupción en la obra pública. Aquí es probable que las penas sean morigeradas, aunque queden confirmadas.
Esta causa está relacionada con la de Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión a fin de año. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de este sentencia, que habilitarán que la vicepresidenta, por un lado, y el fiscal Diego Luciani, por el otro, apelen el fallo para que sea revisado por la Cámara de Casación Penal.
Los vecinos de Villa Mascardi reaccionaron a la detención de Jones Huala y pusieron la mira en el Gobierno
En un comunicado, varios propietarios afectados por ususrpaciones e incendios, pidieron reforzar la seguridad en la zona, ante posibles represalias: Luis Dates, cuyas cabañas fueron vandalizadas, dijo que “a detención es importante y permitirá ver cómo actúa la Casa Rosada”; Diego Frutos, dueño de otra propiedad atacada, denunció que el líder de la RAM “tenía protección política”
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La captura de Facundo Jones Huala impactó de inmediato entre los vecinos y propietarios de Villa Mascardi que sufrieron usurpaciones, ataques y el incendio de sus propiedades en manos de comunidades que reivindicaron a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo radical que lo tiene como líder. La noticia de la detención fue valorada, al mismo tiempo que plantearon nuevos interrogantes sobre el rol del gobierno nacional y una presunta complicidad política del oficialismo con el activista.
Luis Dates, propietario de Los Radales, una cabaña que fue incendiada y usurpada en Villa Mascardi, considera que la detención de Jones Huala es un hecho de suma importancia: “Ahora podremos ver claramente de qué lado está el gobierno nacional, si del lado de los terroristas o de los ciudadanos. Veremos cómo reaccionan Rafael Bielsa, Elizabeth Gómez Alcorta, Juan Cabandié y su promocionada camioneta RAM, y el propio Alberto Fernández, con su llamado a formar una mesa de diálogo con los delincuentes y, con ello, interferir en la labor de la Justicia”.
Mañana estaba prevista la segunda reunión del Gobierno con las agrupaciones mapuches, en Bariloche, pero el encuentro se reprogramó y se realizará el 8 de febrero. La suspensión se debe a que Parques Nacionales no retiró la querella contra los grupos mapuches por las tomas en Villa Mascardi, un reclamo de estos grupos para mantener el diálogo abierto. Para los vecinos afectados por ataques y usurpaciones, la creación de mesas de diálogo no hace más que demorar el avance de las causas contra los grupos violentos, ya que los expedientes judiciales se frenan cuando se activan las instancias de negociación. En tanto, en un comunicado, las mesas de Consenso de Bariloche y la Comarca Andina reclamaron que “las autoridades de todos los niveles tomen el tema con la seriedad que se merece”, al tiempo que advirtieron sobre una potencial ola de violencia en la zona.
“Pedimos a los gobiernos nacional y provincial que garanticen la seguridad de la población, turistas y todas las personas que circulen por la ruta 40, entre Bariloche y las localidades de la Comarca Andina, zonas aledañas y todo el territorio de Río Negro, Neuquén y Chubut, atendiendo y previniendo una escalada de violencia en represalia de un grupo que en numerosas ocasiones ha manifestado su desconocimiento de la Justicia y del Estado argentino en su conjunto”, indicaron.
Agregaron que mañana se hará en la comarca “una movilización que, si bien fue convocada por otro tema y no tiene que ver con la cuestión, estará nutrida de militantes que no son de la zona y está liderada por dirigentes nostálgicos de ideas y acciones revolucionarias de los años 70″. Sostienen que la detención de Jones Huala podría “ser un estímulo para acciones de vandalismo o violencia”.
Dates agregó que “es momento de empezar a desenmascarar a todos estos delincuentes que, bajo la excusa de una causa mapuche, están alterando la paz social en la Patagonia y, en especial, en Villa Mascardi, donde han querido instalarse a fuerza de violencia y de terror tratando de difundir el relato ficticio de una machi y un territorio sagrado”. “No se debe dejar de lado que en Mascardi hay varias personas íntimamente vinculadas con Facundo Jones Huala, como su hermano Fausto y Matías Santana, actual pareja de la machi Betiana Colhuan, entre otros. Tampoco puedo dejar de hacer notar que Jones Huala fue visto en Mascardi por Diego Frutos hace unos meses y nadie dio crédito a sus afirmaciones”, cierra Dates.
Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y dueño de la cabaña La Cristalina, otro predio vandalizado en la zona, denunció que Jones Huala estaba “protegido” para permanecer prófugo. “Evidentemente, tenía la protección política que tanto denunciamos oportunamente, porque estaba entre nosotros. Tanto el gobierno nacional como provincial desatendieron todas nuestras denuncias sobre su paradero. Ya tendremos, en las próximas horas, a todos los organismos de derechos humanos de los delincuentes pidiendo su liberación, [el embajador en Chile, Rafael] Bielsa y compañía. Algunos vecinos de Villa Mascardi (entre ellos, Frutos) habían denunciado que el líder de la RAM se escondía en los predios tomados sobre la ruta 40. “Lo vi el domingo de Pascua [de 2022]. Está refugiado en el lugar más seguro de la Argentina, ninguna fuerza se anima a entrar a Villa Mascardi”, afirmó Frutos a LA NACION en septiembre del año pasado. En esa entrevista, agregó que Jones Huala estaba “del otro lado del cerco” de su propiedad.
Desde el 11 de febrero de 2022, cuando fue declarado prófugo de la Justicia chilena, hubo múltiples versiones sobre el paradero del jefe de la RAM. En octubre pasado, su madre, María Isabel Huala, indicó a LA NACION que no hablaba con su hijo desde marzo de 2020. “Si alguien lo vio y tiene las pruebas, sabrán lo que tendrán que hacer”, dijo la mujer en esa oportunidad.
¿Juicio político o circo político?
El feroz ataque oficialista contra la Corte pretende distraer de la profunda crisis que vive el país con cosas que solo interesan a quienes quieren salvar su pellejo
Faltan pocas horas para que el oficialismo protagonice en la Cámara de Diputados un nuevo show de prepotencia, griteríos y falsas victimizaciones con el fin de intentar distraer la atención de la debacle de un gobierno patológico.
Será un circo de amplia proyección mediática. El peronismo de todas las épocas supo siempre entrenar muy bien a sus radicalizados actores, especialmente cuando se siente amenazado electoralmente. En esta oportunidad, al temor a que las urnas le den la espalda se le suma el pavor de algunos de sus más “conspicuos” miembros de ir a la cárcel por haber cometido flagrantes actos de corrupción.
Es en ese contexto que debe entenderse la execrable arremetida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, liderada por el Presidente, junto con algunos obsecuentes gobernadores y legisladores, muchos de ellos interesados también en que no los alcance el brazo de la Justicia, acostumbrados como están a manejarse como señores feudales, de espaldas a las leyes y al Estado de Derecho.
Es una arremetida burda, pero peligrosa. Burda porque el Presidente no está habilitado constitucionalmente para iniciarle juicio político a la Corte. Sin embargo, en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias incluyó, además del tratamiento de ese tema, la ampliación del número de sus integrantes –otra tan improcedente como caprichosa exigencia que el oficialismo ya había empezado a dar curso en el Senado– y una nueva conformación del Consejo de la Magistratura bajo amenaza de que, si no se consigue por ley, se haría por decreto, como en su momento llegó a amenazar el impresentable ministro de Justicia, Martín Soria, aunque luego intentara suavizar semejante despropósito.
¿Por qué, además de descabellada, esta afrenta es sumamente peligrosa? Porque así comenzó la debacle institucional venezolana con Hugo Chávez, seguida por su discípulo, el dictador Nicolás Maduro. Porque no es casual que Pedro Castillo haya protagonizado un autogolpe en Perú, cerrando el Congreso. Sus fanáticos y violentos seguidores no parecen haber comprendido la gravedad de la situación. Tras la destitución y detención de Castillo, han puesto en llamas a Perú provocando muertes, desmanes y exigiendo que se lo reponga en el cargo. El propio Lula da Silva viene de superar una enorme afrenta a la democracia brasileña por parte de los miembros más recalcitrantes del bolsonarismo. Basta contextualizar lo que ocurre en nuestro país para verificar que los estragos populistas no son ni de derecha ni de izquierda, son promovidos por líderes autoritarios que repelen y destruyen el control republicano que impone la sana división de poderes. Afortunadamente, en Brasil, fueron jueces de la Corte Suprema los que adoptaron medidas de defensa del amenazado orden constitucional.
Difícilmente avance en nuestro Congreso la arremetida oficial para destituir a los miembros de la Corte –aunque para ello el oficialismo desempolve ahora viejos pedidos de juicio político por razones totalmente distintas de las que hoy esgrime el kirchnerismo– y, eventualmente, cubrir esas vacantes con conjueces afines al Gobierno, pero eso no implica que toda esta provocación y este desgaste no causen un profundo daño al país y a nuestra ya desprestigiada imagen en el ámbito internacional.
Corresponde decir también que, además de la oposición parlamentaria, hay muchos legisladores oficialistas que no están dispuestos a participar de este oprobioso circo con el que se pretende hacer ruido para llegar a las elecciones distrayendo a la ciudadanía con cuestiones que solo interesan a quienes quieren salvar su propio pellejo.
En una reciente columna de opinión publicada en LA NACION, titulada “Juicio político a la Corte, una iniciativa caprichosa y boba”, el jurista Roberto Gargarella sostenía que, por encima del análisis de esta feroz arremetida contra la cabeza del Poder Judicial, “el impulso dado al juicio nos refiere a una administración desorbitada, repudiada aun por sus integrantes, que se anima a tomar una medida extemporánea y carente por completo de consenso social (…) con el solo fin de ofender, embarrar y deslegitimar a la Corte. Ello, mientras ese mismo gobierno se muestra impávido e inmovilizado frente a una crisis (económica, social y política) difícilmente equiparable en la historia nacional”.
Como describe con acierto Gargarella, el problema es mucho mayor, porque se trata de un gobierno con un accionar patológico frente a ciudadanos desprovistos de instrumentos de control formal sobre el poder, que poco pueden hacer más que esperar los comicios para pronunciarse con su voto y desear que, sea quien fuere el próximo jefe del Estado, comprenda que no se puede gobernar de espaldas a los verdaderos problemas de la gente y haciendo trizas las instituciones.
Lago Escondido manifestantes atacaron la reja del camino privado
LOS OTROS LUCIOS I El 59% de los chicos de hasta 14 años sufrieron violencia
Hoy habrá condenas. La cadena de vejaciones, abusos y fallas institucionales que terminaron con la vida de Lucio
Tras su muerte, se comprobó que durante los 15 meses en que el niño estuvo con su madre y la novia fue sometido a constantes castigos, golpes y abusos sexuales
SANTA ROSA, La Pampa (De una enviada especial).- El barrio donde vivía Lucio Dupuy junto a su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Paéz, se llama Colonia Escalante. Está al sur de la ciudad de Santa Rosa y es tranquilo y silencioso. Las casas son bajas, las calles anchas y los vecinos dejan las motocicletas estacionadas a 45 grados sobre la vereda.
Por eso, llamaba la atención el alto volumen de música que salía del domicilio ubicado en Allan Kardec al 2385. Allí, según los investigadores y los testigos, las dos mujeres ponían canciones de rock, cumbia o cuarteto a todo volumen y hasta altas horas de la madrugada para ahogar los gritos del niño de cinco años mientras lo torturaban y golpeaban.
En esa casa, cuyo frente es un paredón blanco con un portón de chapa y el número 2385 pintado con aerosol negro sobre el cemento, Lucio conoció el horror. De acuerdo a la investigación judicial, entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021, Espósito Valenti y Páez abusaron sexualmente y agredieron “en forma conjunta” al menor ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte luego de un período de agonía.
El caso, que tendrá su veredicto hoy a las 12 cuando los jueces Andrés Olié, Daniel Sáez Zamora y Alejandra Ongaro anuncien si las acusadas son condenadas o absueltas, impactó e indignó a la sociedad argentina.
En primer lugar, por la crueldad con la que Lucio fue maltratado y asesinado, pero también por otros factores asociados al crimen: la cadena de fallas institucionales que hizo que nadie detectara a tiempo la violencia que sufría el pequeño, el reclamo social por una supuesta falta de cobertura mediática del caso y la denuncia por violación de los deberes de funcionario público a la jueza que le quitó la tenencia del menor a la familia paterna y se la otorgó a Espósito Valenti.
Durante el juicio, que comenzó el 10 de noviembre pasado en la sede del Poder judicial de La Pampa, varios testigos recordaron que Lucio recibió los primeros auxilios en la vía pública, en las inmediaciones del Centro de Salud Río Atuel, a donde Páez lo trasladó en brazos ya que queda a pocos metros de donde vivían. Luego, como éste estaba cerrado, los mismos vecinos los trasladaron en auto hasta el Hospital Evita, a donde el niño llegó con lesiones, quemaduras, mordiscos y una hemorragia interna que le causó la muerte. Al revisar el cuerpo, los médicos advirtieron las lesiones -recientes y de larga data- y alertaron a la policía. Desde entonces, las dos mujeres permanecen detenidas.
En Santa Rosa, y especialmente en Colonia Escalante, los vecinos aseguran que el caso les duele.
“El caso de Lucio tuvo un impacto muy fuerte en la ciudad. Nos conmocionó a todos. Los vecinos y comerciantes del barrio lo veían todo el tiempo al chiquito y cuando pasó lo que pasó lloraban mucho. Yo también lloraba. Pobre criatura, espero que se haga justicia”, dijo Edgardo Pereyra, que tiene su casa en la misma manzana en la que vivían las acusadas y el niño.
Como Pereyra, muchos en Santa Rosa hablan del asesinato de Lucio sin nombrar el crimen. “Cuando pasó lo que pasó”, dicen. “Ay no, por favor, duele mucho”, responden algunos comerciantes ante la consulta de LA NACION. Se refieren a Lucio y automáticamente piensan en sus propios hijos: agachan la mirada y no quieren comentar nada. Solo piden “justicia por Lucio”.
Una cadena de fallas
Tras la muerte de Lucio, se comprobó que durante los 15 meses que Lucio estuvo con su madre y la novia fue sometido a constantes castigos, golpes y abusos sexuales.
“En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, dijo Juan Carlos Toulouse, el médico forense a cargo de la autopsia.
Según el informe, el niño presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data. De hecho, durante el juicio se determinó que la víctima había sido asistida al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Además, se indicó que algunas de esas lesiones eran compatibles con abusos sexuales a los que el niño fue sometido el mismo día que lo mataron.
La revisión tecnológica de los celulares y las conversaciones de Espósito Valenti y Paéz mostró que ambas planeaban cómo ocultar las lesiones del niño. Los representantes del Ministerio Público Fiscal enumeraron los siguientes castigos: “Falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía y no mandarlo al jardín -algo que Lucio disfrutaba- para que las maestras no vieran sus lesiones”.
A su vez, de dicho informe se desprenden las razones por las que ambas sentían rencor por la presencia de Lucio. “En esos mensajes se puede leer cómo Lucio era una molestia para Abigail y Magdalena. Todo el tiempo pensaban cómo quitarlo de sus vidas para que no arruinara su relación de pareja. Según ellas, sus peleas y discusiones las motivaba Lucio”, explicaron los funcionarios judiciales.
Hasta 2020, a partir de un acuerdo entre Espósito Valenti y el papá de Lucio, Christian Dupuy, el niño vivía con sus tíos paternos en General Pico, a 140 kilómetros de Santa Rosa. Pero entonces la progenitora comenzó a pedir la custodia argumentando que, a diferencia del pasado, ya tenía una casa y trabajo. Para lograrlo, presentó diferentes denuncias contra la familia paterna que la familia Dupuy asegura que eran falsas.
Así fue como la jueza Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de General Pico, dispuso que se les otorgara la tenencia completa del menor a Espósito Valenti y su pareja.
“La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas”, dijo en los últimos días Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.
Y ayer, la Fundación Más Vida denunció a la jueza por “violación de los deberes de funcionario público”.
El juicio
La etapa probatoria del juicio oral contra las dos acusadas se desarrolló del 10 de noviembre al 22 de diciembre pasado y contó con la presencia de las dos acusadas durante las 18 audiencias. Todas ellas se realizaron a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debatía un delito contra la integridad sexual.
Este jueves a las 12 será la primera vez que los medios tendrán acceso presencial al juicio. En este acto se leerá solo la parte resolutiva de la sentencia, es decir si las acusadas son condenadas o absueltas por los cargos imputados. El fallo se divulgará más adelante. La de hoy también será la primera vez en que las acusadas no estarán presentes en el recinto.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Para Páez, los cargos son los mismos salvo por el agravante vincular.
José Aguerrido –abogado representante del padre de Lucio, Christian Dupuy–, adhirió a esas calificaciones legales y agregó la agravante de “odio de género”.
Las defensas, en cambio, plantearon la hipótesis de un hecho preterintencional, es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño, pero no la muerte.
Por un lado, María Silvina Blanco Gómez, defensora oficial de Páez, afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional y que la imputada –que admitió haberle pegado a Lucio– no buscó su muerte.
Por otro, Pablo De Biasi, defensor oficial de Espósito Valenti, pidió su absolución por ambos delitos. Aseguró que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y descartó la coautoría del homicidio. “La única testigo fue Abigail”, acotó.
Al dar por finalizada la última de las audiencias, las imputadas hicieron uso de sus últimas palabras antes de pasar a la instancia del veredicto.
“Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá –acotó–. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él [por Lucio] me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, dijo Páez.
La madre de la víctima, por su parte, afirmó: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él [Christian Dupuy] se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.
Desde que ocurrió el crimen, en Santa Rosa muchos esperan que el tribunal declare culpables a las acusadas y las condene con prisión perpetua. Mientras tanto, a 14 meses del asesinato, los vecinos han canalizado el dolor de diferentes maneras. En una pared contigua a la casa de las acusadas alguien escribió “Lucio” y dibujó un corazón. A pocos metros de allí, en el cruce de Allan Kardec y Tierno, hay un mural. Lucio sonríe con los ojos achinados. A su alrededor vuelan inmóviles unas mariposas de colores. “Con mucho cariño, tus compañeritos del jardín”, dice la leyenda en la pared.
Cuánto menos de lo que marca la ley se invirtió en educación en los últimos quince años: “Brutal desinterés”
Según la normativa vigente, el gasto debe alcanzar al 6% del PBI, pero fue menor en 26.000 millones de dólares
La cifra es alta: 26.000 millones de dólares al valor de 2022. El monto refleja el total de la deuda acumulada en el presupuesto educativo –es decir, la diferencia entre lo que debió invertirse y lo que efectivamente se invirtió– correspondiente al período 2006-2020, según el último informe de la organización Argentinos por la Educación. Esto significa que, mientras la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional estipulan un gasto para la educación equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), en la práctica los fondos asignados distan mucho de cumplir con la normativa.
El valor en dólares (oficial) es una cuantificación de dicha deuda que tiene como objetivo brindar “una visión más precisa, no solamente de los problemas de financiamiento, sino respecto del compromiso real con el mejoramiento del sistema educativo”, argumenta el informe, a la vez que explica que el pago del presupuesto debe repartirse entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Sin embargo, desde 2006 que no se especifica cuánto debe aportar cada uno.
“Lo que llamamos ‘deuda’ es la diferencia entre lo que se debería gastar en educación por ley y lo que se ejecuta efectivamente”, explica Martín Nistal, coordinador de investigación de Argentinos por la Educación y economista. “Las metas fueron progresivas: en 2006 se tenía que invertir el 4,7%; en 2007, el 5%, y así sucesivamente. Entre 2010 y 2013 la meta era llegar al 6% de gasto en educación, ciencia y tecnología. Y de 2014 en adelante, esa cantidad sería exclusiva de educación”, detalla Nistal. Sin embargo, en 12 de los 15 años del período estudiado las metas presupuestarias quedaron lejos de lo estipulado.
“No podemos saber qué destino tuvo ese monto [excedente] durante todos estos años, pero sí sabemos que, salvo en tres ejercicios, no hubo ajuste fiscal, o sea, hubo una política monetaria expansiva que optó por desobedecer el mandato establecido por la ley”, afirma Mariano Narodowski, académico asociado a Argentinos por la Educación y exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
Los presupuestos otorgados y ejecutados en 2009, 2013 y 2015 son las únicas tres excepciones al incumplimiento. Esto significa que a lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación no alcanzó el porcentaje estipulado. Los datos también establecieron que en 2019 (841.000 millones), 2018 (751.000 millones) y 2020 (570.000 millones) se contrajo la mayor cantidad de deuda expresada en pesos constantes: es decir, precios comparables entre los años corrigiendo los valores de inflación. “$100 en 2006 valen más que $100 en 2020. Entonces, se corrige todo por la inflación para saber si lo que se debía en, por ejemplo, 2020 ‘vale’ más o menos que en otros años”, aclara Nistal.
Consecuencias
¿Qué consecuencias tangibles provoca esto en la educación? “Podría ser cualquier cosa. Subejecutar presupuestos tiene consecuencias de todo tipo, desde salarios más bajos para docentes hasta menos computadoras, menos inversión en infraestructura, etc.”, opina el investigador.
Aplicar el presupuesto establecido por ley es esencial para mejorar la educación. De hecho, como explica Narodowski, los países más exitosos poseen los mayores gastos educativos por alumno. “Por eso se trata de una deuda que tiene que repararse cuanto antes: los gobiernos deben establecer un plan para pagarla en el menor tiempo posible mientras cumplen con la ley”, sostiene el especialista.
Aunque no existe una explicación certera de por qué se invirtió menos plata en este sector, Narodowski expresa su opinión: “La explicación es el brutal desinterés de la clase gobernante por la educación. Si bien hay dirigentes políticos interesados, como conjunto, la actitud de desidia hacia la educación es proporcional al tamaño de la deuda que contrajeron con el futuro de la sociedad”, concluye.
Pesca ilegal y política exterior
Urge evitar cualquier avance de intereses foráneos que pongan en peligro nuestra soberanía, el ambiente y el nuestra riqueza ictícola
Cada año, flotas pesqueras, mayormente chinas, llegan hasta las aguas del Atlántico sudoccidental con el objetivo de capturar, principalmente, el calamar Illex argentinus, la segunda especie de calamar más pescada en el mundo.
Se las conoce como flotas de aguas distantes, embarcaciones que, gracias a los subsidios de sus Estados de bandera, al trabajo semiesclavo de sus tripulaciones, a la ausencia de regulaciones que cumplir y a la asistencia de embarcaciones que operan como naves nodrizas, pueden permanecer navegando durante extensos períodos, capturar más productos de mar, más barato y en lugares cada vez más lejanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) denomina esta actividad pesca ilegal, no declarada y/o no reglamentada. La concentración de embarcaciones al límite de la zona económica exclusiva (ZEE) de la Argentina es un caso inédito a nivel mundial, que llega a superar las 550 embarcaciones. Arriban en noviembre y alcanzan su máximo número en febrero. Ejecutan su actividad en aguas internacionales sin ningún tipo de control, sin respeto a normas sobre períodos de veda, descartes o captura de especies protegidas. A ello se suman las incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional. Tampoco respetan regulaciones en materia de contaminación de las aguas –vertidos de desechos– ni sobre los derechos que asisten a sus tripulantes.
Esa pesca sin control dentro o fuera del límite de la ZEE genera un impacto ambiental negativo en el ecosistema marino y en los recursos pesqueros de la región, debido a que es la base de la cadena trófica de otras especies, como la merluza común y, a su vez, es alimento de delfines, cachalotes, elefantes marinos, pingüinos y albatros, entre otros. Además, compite de forma desleal con la del país en los mercados internacionales, destino de más del 90% de las capturas de la flota argentina, al colocar productos subsidiados y que no cumplen con ningún requerimiento ambiental ni laboral.
Las principales razones por las que las flotas de aguas distantes eligen el Atlántico Sur son la riqueza biológica y la abundancia de algunas especies; la flexibilidad logística de contar con un puerto en Montevideo, sin que nuestra Cancillería haya elevado queja formal alguna, y la ausencia en el Atlántico Sur de un acuerdo u organismo que regule la explotación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, como sí existe en casi todas las regiones del mundo. Esto no se ha concretado hasta el momento, en parte, debido al conflicto de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido por las islas Malvinas y por la ausencia de una política diplomática que busque una alternativa al descontrol pesquero actual. No basta con el patrullaje en la ZEE, siempre insuficiente, ni con los reclamos ante la Organización Internacional de Comercio por la quita de los subsidios. Mucho menos cuando, en los últimos meses, las autoridades provinciales y algunos sindicatos presionan incluso por habilitar puertos argentinos para la asistencia de más de 400 buques de la flota de aguas distantes china. Aducen que se generarían puestos de trabajo, pero a costa de los intereses del país, con franco rechazo de las empresas argentinas que denuncian competencia desleal. Sumado esto a que, en los últimos años, compañías chinas han comprado empresas argentinas, lo que les permite pescar dentro de la ZEE. Sería importante establecer cuáles son los vínculos de estas firmas con las embarcaciones que han hecho incursiones ilegales en esa zona o depredan los recursos en la milla 201. Trabajar para desalentar la pesca ilegal extranjera y que, al mismo tiempo, las autoridades provinciales oficialmente proyecten otorgarles facilidades constituye otra grave incoherencia cuyas consecuencias no se están midiendo. El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, rechazó cualquier posibilidad en este sentido.
Otros países, solos o en conjunto, adoptan cada vez más medidas para combatir la pesca Indnr. Por ejemplo, en la región, y a través de negociaciones diplomáticas, Ecuador logró en 2021 que la flota china se mantenga a una franja de distancia de 50 millas náuticas de la ZEE de los países del Pacífico Sur. Cabe destacar que la flota china opera frente a la ZEE de Ecuador desde 2017 y que no ha realizado incursiones de pesca ilegal, como sí lo viene realizando en el Mar Argentino desde 2001.
En el contexto de la Organización Mundial del Comercio, los países miembros vienen avanzado en la quita de subsidios y, paralelamente, cada vez más mercados, como el europeo, el japonés o el norteamericano, implementan requisitos de trazabilidad de los productos de mar para identificar e impedir el ingreso a sus mercados de toda pesca sospechada de Indnr. Organizaciones locales como el Círculo de Políticas Ambientales trabajan desde hace años para la implementación de un sistema de trazabilidad en la pesca en la Argentina. A pesar de que no se le da la relevancia que tiene, la pesca en nuestro país es una de las principales actividades económicas y una fuente muy importante de ingreso de divisas: más del 90% de las capturas marinas se exportan.
El patrullaje en la ZEE resulta insuficiente, más allá de que el ministro de Defensa haga un buen balance del primer año del Comando Conjunto Marítimo (COCM) al afirmar que –cuesta creerle– no ingresaron buques ilegales a la ZEE. La Argentina debe recurrir a otras estrategias para hacer frente a esta actividad que afecta los recursos pesqueros de la región y que deben estar orientadas al comercio y a la política exterior.
Iniciar un proceso de exploración de un instrumento que permita avanzar en la creación de un organismo que ordene la actividad en aguas internacionales en el Atlántico Sudoccidental junto a los países de la región, realizar los reclamos necesarios ante el gobierno chino por el accionar de sus flotas, no acceder a las presiones para habilitar puertos de la Patagonia para la asistencia de aquellas, sancionar e implementar una ley de trazabilidad de la pesca y cooperar con los países de la región para establecer estrategias comunes frente a la amenaza de la pesca Indnr son acciones de base que el gobierno nacional debería instrumentar sin demoras.
Urge también descartar cualquier avance de intereses foráneos que pongan en peligro nuestra soberanía y las divisas que puede redituarnos una valiosa actividad como la pesquera.
Comenzó a funcionar el nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Neuquén
Este miércoles comenzó a funcionar Cole, el nuevo sistema de transporte público de Neuquén capital. Son 120 nuevos colectivos que ya están circulando por las calles de la ciudad, a los que se sumarán este mes otras 60 unidades, para poder ampliar tanto las frecuencias como los recorridos.
El gobernador Omar Gutiérrez participó de esta jornada histórica para la ciudad y dejó inaugurado el nuevo sistema. Estuvo acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo municipal, Claudia Argumero; el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, y demás autoridades municipales.
“Hoy ya tenemos 50 por ciento más de colectivos de los que venían funcionando. Teníamos 80 y ahora hay 120 nuevos colectivos cero kilómetro, con tecnología de última generación y seguridad”, expresó el mandatario.
Destacó el trabajo conjunto entre provincia y municipio y agradeció “al Concejo Deliberante por brindar las herramientas que posibilitaron que este servicio hoy esté cubriendo toda la ciudad”.
A su turno, el secretario Morán señaló que “estamos en un momento histórico, es un cambio de época en el transporte público. Llegó Cole a Neuquén, el nuevo sistema de transporte público que está funcionando desde las 5 de la mañana de hoy”.
Indicó que “el sistema comenzó con colectivos nuevos, con 120 unidades cero kilómetro” y agregó que “durante febrero se irán incorporando más unidades hasta llegar a los 180 para el inicio del ciclo lectivo”.
Asimismo, recordó que las nuevas unidades se caracterizan por tener “GPS, cámaras de seguridad, rampas de accesibilidad, calefacción y aire acondicionado, entre otras características. Se trata de un cambio histórico, un momento muy esperado, un proyecto que tanto el intendente Mariano Gaido como el gobernador Omar Gutiérrez pensaron, proyectaron y hoy lo estamos concretando”.
Por su parte, Claudia Argumero señaló que “Cole vino a mejorar y modernizar la movilidad de nuestra ciudad. Por eso, invitamos a los vecinos y las vecinas a que se sumen al sistema”.
