Programa Sin Fronteras
01 de febrero de 2023
La violencia no tiene género
Resulta tan lamentable como aterradora la tendencia a radicalizar estereotipos con el fin de desviar el foco ante la comisión de delitos aberrantes
Una multitudinaria audiencia abstraída en el minuto a minuto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ciertamente con un veredicto que será tan relevante como ejemplificador, relega de su atención muchas otras situaciones que pueblan la actualidad.
Ante el silencio proporcionalmente muy superior respecto del enorme ruido fabricado en torno al trágico desenlace del joven Báez Sosa, el caso del asesinato de Lucio Dupuy revela también dónde se posa la mirada de una ciudadanía que parece anestesiada.
Con ambos juicios concluidos, el veredicto por la muerte del niño de 5 años se espera para el 2 de febrero, cuatro días antes de que se conozca el fallo de la Justicia de Dolores en el caso Báez Sosa. Pero poco hemos oído sobre Lucio.
El niño murió en Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021 tras los castigos físicos y vejaciones de los que se acusa a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez. Detenidas desde entonces, la fiscalía pide para ambas prisión perpetua por haber cometido un “homicidio calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante” cuyos espeluznantes detalles decidimos omitir, sin dejar de señalar el “ensañamiento y alevosía”, agravados por el vínculo que pesa además sobre la madre.
La investigación reveló un largo historial de violencia doméstica contra el niño con graves indicios desatendidos: se supo que Lucio había estado cinco veces en un lapso de tres meses en centros de salud por lesiones y fracturas. A nadie pareció llamarle la atención, mientras el proyecto sobre “prevención y detección temprana de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, llamado “ley Lucio”, lleva meses cajoneado en el Congreso y ahora se trataría en sesiones extraordinarias.
Las intensas gestiones judiciales de Christian Dupuy, el padre, no prosperaron. Equivocadamente, muchas veces no se considera que un padre pueda ser mejor progenitor para un niño que su madre. Luego de que Lucio viviera de común acuerdo entre su madre y su padre, y también con sus tíos, en 2020 la Justicia le otorgó a la madre la tenencia completa. Su reclamo para hacerse cargo del hijo no nació de una amorosa o instintiva mirada maternal. Por el contrario, parece explicarse en la necesidad de canalizar el odio por el género masculino; lisa y llanamente, otra forma de violencia de género según la cual solo el hombre es capaz de cometer ese delito, nunca a la inversa.
Esa perspectiva de género unilateral configura una ideología cada vez más instalada. La mujer será sujeto de beneficios, siempre victimizada ante una figura masculina “mala y abusiva”. Un enfoque sin grises, con oprimidas y opresores. Una mirada parcial a la que no debemos acostumbrarnos.
En una sociedad mal llamada “progresista”, como la que muchos pugnan por instalar, en la que poco se respeta a quienes piensan distinto, las nuevas corrientes denuestan la heterosexualidad, exaltan los feminismos extremos –capaces de hacer temblar al más íntegro y respetuoso de los hombres–, desprecian la institución familiar tradicional, anteponen la autopercepción a la realidad y restringen los derechos solo a quienes comparten ideología. Pero la violencia no tiene género ni edad.
Hoy, la controvertida jueza Ana Clara Pérez Ballester está siendo cuestionada por haber entregado al niño a una madre que lo había abandonado durante dos años, sin un simple estudio socioambiental o psicológico. No se preservó el interés del menor de edad. Ciertamente, hay sectores de la Justicia que adolecen de perspectiva de género. El Estado falla también en esto.
Los chats entre ambas acusadas mostraron no solo el encono hacia Lucio y cuán molesta les resultaba su masculina presencia para su relación de pareja, sino también cómo planeaban ocultar las lesiones infligidas al menor. El Ministerio Público Fiscal calificó de “castigos inhumanos” a los que el niño era sometido: falta de comida, interminables penitencias, palizas, golpes en la cara y en el vientre hasta hacerlo vomitar, heridas por cigarrillos apagados sobre su piel, amenazas y no mandarlo al jardín que tanto disfrutaba, como castigo y para que las maestras no vieran las lesiones, entre otras temerarias acciones.
“En mis casi 30 años de profesión, nunca vi algo así”, expresó el médico forense a cargo de la autopsia.
El abuelo paterno denunció lo que era evidente: que los ataques que terminaron cobrándose la vida de Lucio estuvieron fundados en cuestiones de género. “A Lucio le cortaron los genitales a mordiscones”, relató. Aun así, en sus tan lamentables como cínicos alegatos, las acusadas volvieron a victimizarse y a atacar al padre de Lucio, justificándose por lagunas mentales, traumadas y abatidas aseguran que extrañan al niño.
Como en tantas otras situaciones que ameritarían que las instituciones defensoras de los derechos humanos alzaran la voz, el silenciado crimen de Lucio no agitó más reacción que la del CELS, pidiendo la absolución de esa madre homicida que careció de la oportunidad de abortarlo. Los “colectivos” eligen sus batallas. Muchas de esas organizaciones prefieren mirar para otro lado cuando un integrante merece castigo. Es más fácil proclamar una inclusión que sea solo cambiar una letra. El peso de los nuevos “modelos” se agiganta. La educación, muchos medios y el Estado contribuimos para que así sea. Y llegamos al punto de desgranar morbosa y masivamente el “machismo” violento de un grupo de jóvenes inadaptados y a invisibilizar el atroz crimen de un par de mujeres desequilibradas. La perspectiva de género nos obnubila, nos quita objetividad, nos arrastra de manera irracional. Abramos los ojos. No dejemos que otros editen la película.
Mal desempeño: denunciaron a la jueza que entregó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, acusada por el homicidio del menor de cinco años
La presentación contra la magistrada Ana Clara Pérez Ballester fue realizada por la Fundación Más Vida
Una ONG denunció hoy por la violación de los deberes de funcionario público a la jueza pampeana que en 2020 le otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su madre y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.
El 22 de diciembre terminaron las audiencias del juicio que tiene como acusadas a Magdalena Espósito, madre del menor, y su pareja, Abigail Páez; mañana se conocerá el veredicto.
La presentación por el supuesto mal desempeño de una jueza fue realizada hoy por la Fundación Más Vida ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa, y recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de General Pico.
La jueza fue denuncia por el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, ya que, entre otras cosas, “en su condición de magistrada de Familia se desinteresó absolutamente de la situación en que se encontraba la víctima al haber homologado -sin más trámite- un pretendido acuerdo de tenencia entre la progenitora de Lucio y sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, quienes tenían la tutela del menor”.
Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Más Vida, dijo esta noche a Télam que la magistrada “fue parcial en el obrar de la causa sobre la tenencia de Lucio, desde el momento en que la progenitora abandona a Lucio, y se les otorga la tenencia a los tíos de éste, y previo a otorgarla se somete a dicho matrimonio a todo tipo de pericia y análisis socio-ambientales, estudios que no se realizaron al momento de entregar a Lucio a su progenitora y pareja dos años después”.
”No se contó con intervención de especialista alguno, en la seguridad de que si se hubiera establecido el mismo procedimiento seguramente éste habría advertido a la juez de la incapacidad de la progenitora y su pareja de acoger a Lucio”, aseguró Magnasco.
En ese sentido, añadió: “Encontramos en el mal proceder de la jueza, que no veló por la integridad de Lucio, además, que violó la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, y por tanto derivó en las torturas y violaciones impartidas a Lucio, seguidas de su desgarradora muerte”. Por último, señaló que la denuncia fue motivada “por el riesgo inminente que como titular de un Juzgado de Familia y del Menor implica para otros casos que hoy podrían estar en peligro, como Lucio”, por lo cual pidió su apartamiento “dando lugar a otro magistrado para tomar riendas de los procesos judiciales en curso.
“La jueza sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas”, dijo, en tanto, el abuelo paterno del asesinado niño de cinco años.
“La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto”, señlaó en los últimos días Ramón Dupuy.
Por su parte, su esposa, Silvia Gómez también criticó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor número 1 de General Pico, por ser en su opinión quien “le firma la sentencia de muerte” a su nieto al devolverle la tenencia a su madre.
“Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó Gómez.
Mañana se conocerá el veredicto, luego del receso por la feria judicial de enero. El debate había terminado el 22 de diciembre pasado. La representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.
A Páez, pareja de la madre de Lucio, le imputó “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.
Ley Lucio ya
Se cumplió recientemente un año de un hecho que marcó la historia de todos los pampeanos. Lucio Abel Dupuy sufrió violencia durante meses y fue asesinado por su mamá y su pareja. Aún hoy es imposible pensar que alguien pueda cometer semejante atrocidad, por la cual esperamos la máxima sentencia para las culpables este jueves.
Lucio no es un caso aislado, son miles en todo el país los niños, niñas y adolescentes que viven hechos atroces en manos de adultos, en manos de su propia familia. Abigail, una beba de Santa Cruz, murió luego de varios días de ser internada por los golpes que les propiciaban sus padres. Era una niña que estaban en el sistema de protección de niñez, estaba judicializada, había agentes que habían sido notificados de la situación, operadores y personal que debía actuar. Nadie vio nada.
Salomón tenía dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, los vecinos dijeron que no era la primera vez que lo golpeaba, incluso entró reiteradas veces a centros de salud de Neuquén por lesiones, pero nadie denunció nada. Tahiel fue varias veces con golpes al centro de integración comunitaria de Gualeguaychú. Terminó asesinado por su madre y su padrastro. Nadie vio nada. La madre de Sebastián y Valentina hizo 6 denuncias por maltrato y acoso de su expareja en Mar del Plata. Todas fueron archivadas por la justicia y sus hijos, víctimas de la violencia. Una vez más, nadie hizo nada.
Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, estaba dentro del sistema de protección de niñez, entró 5 veces durante 5 meses seguidos a una guardia por traumatismos, pero el sistema nunca lo alertó, y su vida terminó en manos de su madre y su pareja luego de un calvario inimaginable.
Nadie hizo nada. Las mismas tres palabras que escuchamos en todos los casos.
Aquel noviembre de 2021, me acerqué a la familia Dupuy para abrazarlos en medio de tanto dolor y fue su abuelo, Ramón, quien me pidió que hagamos algo. Que mejoremos las leyes ya existentes para que no haya otro Lucio en nuestro país.
Junto a otros legisladores, trabajamos en un proyecto de ley para sumar tres herramientas al sistema de protección de nuestros niños, que buscan evitar la vulneración de sus derechos:
• La reserva de identidad y protección para docentes, médicos y agentes que están obligados a denunciar hechos de violencia hacia los niños;
• Campañas de comunicación nacionales para la concientización sobre las alertas tempranas que detecten situaciones de abuso o violencia;
• Capacitación de agentes estatales para la prevención de la violencia en la niñez.
Sabemos que sólo con un cambio de ley no alcanza, pero es nuestro deber como representantes del pueblo legislar para proteger a los niños. Es nuestro deber garantizarles sus derechos. Y es nuestro deber acompañarlos y permitirles una vida plena.
En diciembre de 2022 logramos que todos los bloques de la Cámara de Diputados, sin importar ideologías políticas ni grieta, aprobaron por unanimidad el proyecto. Con la presencia de los abuelos de Lucio, Ramón y Silvia, el Congreso se puso de pie y aplaudió un hecho que nos marcó a todos los legisladores. Gracias al acompañamiento de todos los diputados logramos darle media sanción al proyecto de Ley Lucio.
Ahora aguardamos con ansias que en los próximos meses se trate el proyecto en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores.
Por Lucio, por Salomón, por Tahiel, por Sebastián y Valentina y por tantos otros niños que hoy están sufriendo violencia nos levantamos, reclamamos y trabajamos para evitar la violencia hacia nuestro niños.
Confiamos que la Ley Lucio sea una realidad y así poder transformar el dolor en esperanza, en una luz para tantos niños que sufren violencia cotidianamente y no pueden alzar la voz para ser escuchados.
Diputado nacional por La Pampa
“No alcanzan y son coyunturales”: la Mesa de Enlace tras los anuncios de Sergio Massa
A la salida de la reunión con el ministro de Economía, los dirigentes ruralistas coincidieron en que si bien las medidas son “buenas”, pero que están “supeditadas a la práctica”, como el otorgamiento de las declaraciones de emergencia
Ala salida de la reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, los integrantes de la Mesa de Enlace señalaron que si bien gran parte de los puntos planteados la semana pasada fueron accedidos, todavía quedan algunos temas pendientes. Sin embargo, para los ruralistas estas medidas no alcanzan, ya que son “coyunturales y no de largo plazo”.
Las medidas a las que no accedió el Gobierno fueron la eliminación de la retención del 8% del IVA en la venta de granos, que no fue incluido en el anuncio y la resolución del Banco Central que discrimina a los productores que retengan más del 5% del stock de soja para que puedan acceder a créditos blandos. “Lo demás es bueno, pero está todo supeditado a que después en la práctica pueda tener la emergencia como corresponde o la declaración de desastre, y que pueda acceder a las líneas de financiamiento y lo anunciado por AFIP”, dijo Achetoni.
La Mesa de Enlace está integrada por el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
Sobre los fondos rotatorios, indicó Chemes, estos se otorgarían a través créditos a los productores en la medida en que los vayan devolviendo y ese fondo pasa a un fondo general para que puedan seguir prestando a otros productores. “A las provincias se les pidió que tengan una participación importante, porque son las que conocen la verdadera realidad zonal y regional; son las que van a tener que poner parte de esos fondos, pero tienen que aportar los conocimientos que Nación no tiene”, expresó el dirigente de CRA.
Aclaró también que habían pedido financiación en general y no habían hablado de fondos rotatorios. “Creo que no deja de ser una herramienta interesante en la medida en que se utilice bien y que vuelva a generar un nuevo crédito para algún productor que lo necesite”, manifestó.
Pino, en tanto, sostuvo que las medidas anunciadas “no alcanzan” y que son “coyunturales y no de largo plazo”. “Son para ir superando los problemas del día a día. Está bueno sí”, observó y agregó que estas medidas están abarcando a 54.400 productores en todo el país, que están en los lugares donde se reglamentó la emergencia.
“Hay que trabajar mucho y decirles a los otros productores que no han presentado el pedido de emergencia, que lo hagan, y a los gobernadores”, dijo el dirigente de la Rural, quien expresó que las provincias quizá no lo hacen por problemas de caja. “Hay que homologar las emergencias y decirles a los productores que vayan”, añadió. Pino manifestó también que en esta última mesa se tocó el tema de retenciones y pusieron el reclamo.
“Seguramente esto puede ayudar en un momento de emergencia, pero no soluciona los problemas estructurales que venimos planteando. Hay que seguir trabajando, pero las medidas no dejan de ser un paliativo para la situación que atraviesan los productores con la sequía”, señaló Chemes.
Achetoni recordó que estas medidas van a atender no solo a las sequías, sino también a las heladas y granizadas. “La semana que viene se van a abordar estos temas para que las soluciones les lleguen a todos los productores”, expresó. En ese sentido, manifestó que la disparidad cambiaria ha afectado severamente al sector.
“Hay que ver en el posterior, es decir, en la práctica a ver si pueden los productores acceder al financiamiento y ser contemplados en los beneficios impositivos [prometidos]. Nosotros venimos a tratar temas que son para ayer, coyunturales. No nos olvidamos de la presión que han generado las heladas y la sequía en la presión impositiva. Tenemos una disparidad cambiaria que es la que nos está azotando tremendamente. Tampoco tenemos un seguro multirriesgo, que es la que nos hace venir a mendigar en algunos momentos situaciones que tendrían que estar en una situación estructural y no en una coyuntura”, afirmó el presidente de la FAA.
Se calienta la polémica entre Nación y Mendoza por la entrega de tierras a mapuches y un “regalo petrolero”
El vicepresidente del INAI dijo que las personas son mapuches “porque así se autoidentifican” y que no necesitan personería jurídica para reclamar; el senador denunció que hay 21 pozos activos en las tierras entregadas; la historiadora Beatriz Bragoni explicó por qué las comunidades eligen reivindicarse como mapuches
MENDOZA.- Es una discusión cargada de política e ideología, desde todos los sectores en pugna. Mendoza se convirtió en los últimos días en el centro de atención por la inesperada medida del gobierno nacional de destinar más de 21.000 hectáreas en el sur provincial a comunidades que se autodenominan mapuches y la tajante reacción del senador de la UCR Alfredo Cornejo y otros referentes políticos locales, quienes advirtieron que “no existen mapuches en Mendoza”.
De manera oficial, el gobierno radical de Rodolfo Suarez pidió la inconstitucionalidad de la medida que ordena la entrega de tierras, basándose en la documentación incompleta de las comunidades para registrarse y peticionar como mapuches. La respuesta llegó hoy desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde su vicepresidente, Luis Pilquimán, alimentó la controversia: afirmó que estas personas “son mapuches porque se autoidentifican así” y que “no es necesaria la personería jurídica” para lograr la ocupación de las más de 21.000 hectáreas en Malargüe y San Rafael. Hoy, Cornejo volvió a la carga, al señalar que las tierras que Nación ordenó a entregar a los grupos autodenominados mapuches contienen 21 pozos activos de petróleo. “Descubrimos que en los 222 kilómetros cuadrados que el kirchnerismo cedió a los autopercibidos mapuches, existen 21 pozos activos de petróleo. Es decir que el regalo viene con un plus: además de tierras te damos activos provinciales”, señaló el senador y exgobernador. “Además de la falta institucional gravísima que comete el gobierno nacional interviniendo sin consultar a ningún organismo provincial, también violan el derecho a la propiedad privada, ya que estas tierras poseen propietarios”, agregó. La disputa disparó interrogantes de fondo, que tienen que ver con los orígenes de los habitantes en territorio cuyano. ¿Hubo mapuches en Mendoza? ¿No eran los indios pehuenches y los puelches los que habitaron esas tierras? LA NACION dialogó con la reconocida historiadora Beatriz Bragoni, quien dejó en claro lo que reclaman estos pobladores y desde qué lugar histórico y preexistente lo hacen, más allá de toda disputa política-ideológica presente en el actual conflicto.
“La discusión sobre si hubo o no Mapuches en Mendoza es un punto ciego, porque en realidad las comunidades indígenas que sí vivieron en Mendoza se reivindican de esa manera, como mapuches”, señaló Bragoni. “A Mendoza la habitaron los pehuenches y los puelches, pero abandonaron esa nomenclatura o denominación del conquistador y la reemplazaron por mapuches”, expresó la especialista, en referencia a la fuerza colectiva que lleva a los pueblos originarios a unificar posiciones. “Fueron expulsados siendo legítimos habitantes”, señaló la doctora en Historia, investigadora del Conicet e integrante de la Academia Nacional de la Historia, para advertir que “la nomenclatura no debe entorpecer la reivindicación de las tierras”.
Desde el INAI dieron una visión similar, considerando que los pobladores originarios del sur mendocino se autoidentifican como mapuches y eso es suficiente. “No se entregó tierras, se le reconoce una ocupación actual. No es necesaria la personería jurídica”, señaló a Radio Mitre Mendoza Pilquimán, funcionario de origen mapuche. Indicó que las comunidades Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv “son mapuches porque se autoidentifican así, se han reconocido así y tienen ocupación tradicional”. En esa línea, Pilquimán pidió reconocer que los mapuches “vivían de un lado y de otro de la cordillera”, al tiempo que aclaró que la controversia generada busca “demonizar” a las comunidades.
Frente a este tipo de reclamos históricos, que llevan años e incluso transitan por diversas instancias judiciales, Bragoni afirmó: “Hay un tema de lenguaje y constitución histórica. Esos pueblos existían y existieron y reivindican su pasado. No aceptan la denominación de pehuenches y puelches por una terminología que fue puesta después de la conquista. Esto lo vemos en la cartografía y en las memorias de la época. El mundo hispanocriollo designó a esas parcialidades indígenas de esa manera y la rechazan, por lo que se van al momento previo a la conquista y se denominan mapuches”.
Mientras continúa el debate, desde el gobierno de Mendoza aseguran que harán presentaciones formales para lograr que se declare la inconstitucionalidad de la medida de la Casa Rosada. Suarez solicitó acciones a Fiscalía de Estado y a la Asesoría Letrada para avanzar con la demanda, tras advertir que no están dadas las condiciones legales, sobre todo por la ausencia de personería jurídica, para que estas personas, que el propio INAI desconoce cuántas son, tengan la ocupación de los terrenos.
El trasfondo histórico
“Estas comunidades no hablan de pehuenches y puelches por el rechazo al conquistador. Se identifican con el mundo mapuche, que es más abarcativo y más visible, y han obtenido resultados. Si son coherentes, no pueden identificarse como pehuenches y puelches, ya que consideran que fueron explotados y victimizados; usados para lo que sea, avasallados. Por eso, hay que resituar y releer el conflicto, y entender que no es que hay mapuches en Mendoza, sino que los indios que estaban fueron denominados por otros”, concluyó Bragoni.
Máximo Kirchner, su madre y la guerra declarada contra la meritocracia
El kirchnerismo vuelve a caer en la lectura sesgada de un corpus teórico que parte de otras realidades; la entronización del demérito se confunde así con igualdad y equidad
Hay un eterno retorno en el kirchnerismo: es la insistencia en el tema de la meritocracia y su cuestionamiento a ese ordenamiento social. Volvió a surgir lateral pero sugestivamente en relación a Máximo Kirchner. En sus semanas de vacaciones, el líder de La Cámpora estuvo “hojeando” dos libros. Uno de ellos, La tiranía del mérito del filósofo estadounidense Michael Sandel, un cuestionamiento polémico al mérito individual como la variable deseable a la hora de definir los logros personales, a la meritocracia resultante como el tejido más justo de una sociedad y a las consecuencias de esa lógica en la vida de una sociedad, por ejemplo, el Brexit o el triunfo de Trump. Sobre ese esquema, se recorta la mirada de Kirchner hijo con su resistencia al individualismo meritocrático, su elogio a la Scaloneta y su logro de equipo y su rechazo a la oposición de Juntos por el Cambio y su identidad meritocrática.
¿Qué queda del lado del kirchnerismo? Varias cosas. Un vacío o, más inquietante, una entronización del demérito que se confunde con igualdad y equidad. Una hiper presencia del Estado asistencialista que mina la responsabilidad individual. Un dilema personal para Máximo Kirchner, que ante la lógica del mérito queda expuesto por lo contrario: encarna la anti meritocracia pero en el sentido más cuestionable, la del nepotismo. Sus credenciales de “hijo de”, no sólo de uno sino de dos expresidentes, que la nota elogia, resultan una carga difícil de resolver, especialmente en su caso: la ausencia de esfuerzo educativo y cognitivo explicitado en un título académico o el esfuerzo en la construcción de una carrera laboral y profesional por fuera de la familia lo dejan a la intemperie. Porque aunque la meritocracia como concepto está en revisión, hay un consenso central: una sociedad meritocrática, donde se pone en juego el mérito personal, es en esencia y en teoría más justa que una sociedad de herencia de apellidos, de fortuna o de privilegios por casamiento.
Los tres datos, el verbo “hojear” en lugar de “leer”, la cantidad de lecturas y sus títulos, surgen de una entrevista del líder de La Cámpora aparecida el domingo en El cohete a la luna. “Serán inmigrantes, serán vendedores ambulantes o se la agarrarán con la gente que tiene un plan. La estigmatización, eso de que el pueblo no quiere trabajar: “Denle la caña de pescar, no le den el pescado”, responde, para cuestionar la insistencia meritocrática en esfuerzo educativo o laboral como modo central a la hora de mercer un lugar en la sociedad, es decir, de poner en marcha un mérito. “Pero tratemos de que no estén en el desierto de Atacama o en el Sahara, porque si ahí me das una caña de pescar y no hay agua, no voy a poder pescar nada”, contrasta para imputarle a la oposición la desaparición del Estado y su rol igualador. Es decir, en la mirada de Máximo Kirchner no alcanza el esfuerzo individual si el intento se hace en un desierto de políticas públicas. La limitación de su argumento es la certeza de que las políticas del kirchnerismo son anti meritocráticas pero productoras de igualdad. Los datos no lo corroboran. De su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández, y ahora, hasta Máximo Kichner, las resistencias anti meritocráticas se acumulan en relación a una matriz que también se ha vuelto política: mientras el kirchnerismo se auto percibe anti meritocrático, la oposición, la de Juntos por el Cambio, se identifica con una defensa de la meritocracia.Y esa identidad le resulta funcional al kirchnerismo para acentuar su colocación en lado precisamente opuesto.
Máximo Kirchner viene haciendo esas asociaciones en relación a Mauricio Macri y sus políticas durante la presidencia de Cambiemos desde hace tiempo: “Se exigía meritocracia a los compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, justamente Macri, que lo tuvo todo en la vida y puso el país patas para arriba”, decía en mayo del año pasado en Lanús, junto al secretario general de Suteba, Roberto Baradel. En ese mismo acto, mencionó agradecido a “quienes reciben un abrazo de las políticas públicas”.
El contenido de la entrevista no avanza con la interpretación del texto de Sandel. Pero la matriz conceptual de sus respuestas se alinea con uno de los temas centrales de Sandel: detrás de su crítica al mérito y la meritocracia, hay una crítica a un orden capitalista global y a las democracias que lo sustentan, que Máximo Kirchner también cuestiona en su incapacidad por dar respuesta a las necesidades de la gente. En ese contexto, para Sandel, la meritocracia resulta la naturalización de la posición de poder de los sectores dominantes. El mérito, su disfraz moral. La narrativa que organiza a la sociedad global meritocrática, que los ganadores merecen ganar y que los perdedores son culpables de su incapacidad de alcanzar sus logros, genera un peligro: la indignación moral anti élite y el surgimiento de populismos que recogen esas frustraciones. El reproche alcanza inclusive al progresismo liberal y su idea de la igualdad de oportunidades y del ascenso social: la lógica “ascendente” subraya el exitismo y la idolatría de los que ganan en lugar de poner el foco en una lógica igualadora. El objetivo: antes que ofrecer igualdad de oportunidades a los que llegan ya muy condicionados por sus orígenes, la necesidad de un Estado activo que corrija y mejore las condiciones de origen, es decir, una igualdad de posiciones, previa a las condiciones de origen.
La meritocracia como tejido social ideal está en revisión desde hace décadas. La utopía meritocrática es en teoría justa pero, en la práctica, hay injusticias estructurales que la corroen. Por un lado, una injusticia sociológica fundacional, la diferencia de cuna de cada persona, es decir, de las condiciones del hogar en el que nace. Por otro, una injusticia biológica, la distribución aleatoria de talentos: no son un mérito individual sino el resultado de la suerte. Y finalmente, el resultado real de las lógicas meritocráticas y de movilidad social ascendente: la consolidación de nuevas élites, los pocos estadísticamente que avanzan diferencialmente gracias a la educación, el esfuerzo y las relaciones personales, y su alianza con las viejas élites. La educación y su diferenciación de logros y resultados, maquinaria clave para la supervivencia de la meritocracia, no hace más que reproducir en general los privilegios de los hogares de los estudiantes y reducir el mérito a la obtención de una “credencial” o título. El “credencialismo” se vuelve una deriva del privilegio de las oportunidades al nacer y copa la valoración social. El caso de Lula, en Brasil, es interesante por ser, al contrario de Máximo Kichner, la representación más fiel de la meritocracia: primer graduado de la escuela primaria de su familia que, a pesar de todo, con su esfuerzo personal, desafía los límites de su condición social. Apenas con el título de primaria, ingresó a una metalúrgica y, se tituló de tornero en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Con eso, fue presidente.
Ese tipo de sueño meritocrático resonó en la Argentina durante décadas. Una meritocracia concebida como movilidad social de la clase baja a la clase media y el diploma de escuela secundaria o el título universitario como prueba del mérito, la llave para trepar la escalera social. Sin embargo, a esa revisión conceptual de la meritocracia que viene dándose hace décadas, el kirchnerismo sumó un valor político que corrió al mérito del centro de la escena: la inclusión desacoplada políticamente de la excelencia, la calidad y el esfuerzo individual.
No es nueva en el kirchnerismo esa resistencia a la meritocracia. En 2020, el presidente Fernández dejó clara su posición: “Yo no digo que el mérito no sirve para progresar, pero no creo en la meritocracia”. Cristina Kichner, viene insistiendo hace años con el tema. En Sinceramente, en 2019, lo dejó por escrito. Es decir, Máximo Kichner no sólo heredó el apellido de su madre sino también sus ideas políticas.
En el capítulo 10, Cristina Fernández elogiaba los logros de sus abuelos inmigrantes pero cuestionaba la interpretación que hacían de su ascenso social: fruto del puro esfuerzo individual y ninguna consideración al efecto del Estado y la economía peronista que dieron el contexto apropiado. “La meritocracia, la última gran coartada del neoliberalismo para hacerte creer que lo que tenías era sólo por mérito propio y no también del modelo económico y el rol del Estado”, sintetizó en 2016.
El kirchnerismo vuelve a caer en varios problemas. La lectura sesgada de un corpus teórico que parte de otras realidades. En todo caso, la revisión de la meritocracia sucede después de haber atravesado períodos históricos enteros donde la meritocracia resultó productiva en lo social. También, la generalización de las dificultades argentinas para el progreso material con inclusión como si fuera un problema de todas las democracias cuando parece más bien de la política argentina, y muy particularmente, de la kirchnerista. Y la decisión de dejar afuera datos de la realidad.
Chile, el país “neoliberal” y “meritocrático” por excelencia, muestra mejores resultados en una política central para la narrativa identitaria kirchnerista, el ingreso de los sectores populares a la universidad. Chile y Perú, el país que cuestiona Máximo Kichner en la entrevista por sus niveles de crisis, desigualdad e informalidad, está por arriba de Argentina en el acceso a la educación terciaria del quintil más pobre de la población. En Chile, ingresa el 40% de los más pobres; en Perú, el 26% y en la Argentina kirchnerista, el 24%.
En un comunicado, varios propietarios afectados por ususrpaciones e incendios, pidieron reforzar la seguridad en la zona, ante posibles represalias: Luis Dates, cuyas cabañas fueron vandalizadas, dijo que “a detención es importante y permitirá ver cómo actúa la Casa Rosada”; Diego Frutos, dueño de otra propiedad atacada, denunció que el líder de la RAM “tenía protección política”
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La captura de Facundo Jones Huala impactó de inmediato entre los vecinos y propietarios de Villa Mascardi que sufrieron usurpaciones, ataques y el incendio de sus propiedades en manos de comunidades que reivindicaron a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo radical que lo tiene como líder. La noticia de la detención fue valorada, al mismo tiempo que plantearon nuevos interrogantes sobre el rol del gobierno nacional y una presunta complicidad política del oficialismo con el activista.
Luis Dates, propietario de Los Radales, una cabaña que fue incendiada y usurpada en Villa Mascardi, considera que la detención de Jones Huala es un hecho de suma importancia: “Ahora podremos ver claramente de qué lado está el gobierno nacional, si del lado de los terroristas o de los ciudadanos. Veremos cómo reaccionan Rafael Bielsa, Elizabeth Gómez Alcorta, Juan Cabandié y su promocionada camioneta RAM, y el propio Alberto Fernández, con su llamado a formar una mesa de diálogo con los delincuentes y, con ello, interferir en la labor de la Justicia”.
Los vecinos de Villa Mascardi reaccionaron a la detención de Jones Huala y pusieron la mira en el Gobierno
Mañana estaba prevista la segunda reunión del Gobierno con las agrupaciones mapuches, en Bariloche, pero el encuentro se reprogramó y se realizará el 8 de febrero. La suspensión se debe a que Parques Nacionales no retiró la querella contra los grupos mapuches por las tomas en Villa Mascardi, un reclamo de estos grupos para mantener el diálogo abierto. Para los vecinos afectados por ataques y usurpaciones, la creación de mesas de diálogo no hace más que demorar el avance de las causas contra los grupos violentos, ya que los expedientes judiciales se frenan cuando se activan las instancias de negociación. En tanto, en un comunicado, las mesas de Consenso de Bariloche y la Comarca Andina reclamaron que “las autoridades de todos los niveles tomen el tema con la seriedad que se merece”, al tiempo que advirtieron sobre una potencial ola de violencia en la zona.
“Pedimos a los gobiernos nacional y provincial que garanticen la seguridad de la población, turistas y todas las personas que circulen por la ruta 40, entre Bariloche y las localidades de la Comarca Andina, zonas aledañas y todo el territorio de Río Negro, Neuquén y Chubut, atendiendo y previniendo una escalada de violencia en represalia de un grupo que en numerosas ocasiones ha manifestado su desconocimiento de la Justicia y del Estado argentino en su conjunto”, indicaron.
Agregaron que mañana se hará en la comarca “una movilización que, si bien fue convocada por otro tema y no tiene que ver con la cuestión, estará nutrida de militantes que no son de la zona y está liderada por dirigentes nostálgicos de ideas y acciones revolucionarias de los años 70″. Sostienen que la detención de Jones Huala podría “ser un estímulo para acciones de vandalismo o violencia”.
Dates agregó que “es momento de empezar a desenmascarar a todos estos delincuentes que, bajo la excusa de una causa mapuche, están alterando la paz social en la Patagonia y, en especial, en Villa Mascardi, donde han querido instalarse a fuerza de violencia y de terror tratando de difundir el relato ficticio de una machi y un territorio sagrado”. “No se debe dejar de lado que en Mascardi hay varias personas íntimamente vinculadas con Facundo Jones Huala, como su hermano Fausto y Matías Santana, actual pareja de la machi Betiana Colhuan, entre otros. Tampoco puedo dejar de hacer notar que Jones Huala fue visto en Mascardi por Diego Frutos hace unos meses y nadie dio crédito a sus afirmaciones”, cierra Dates.
Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y dueño de la cabaña La Cristalina, otro predio vandalizado en la zona, denunció que Jones Huala estaba “protegido” para permanecer prófugo. “Evidentemente, tenía la protección política que tanto denunciamos oportunamente, porque estaba entre nosotros. Tanto el gobierno nacional como provincial desatendieron todas nuestras denuncias sobre su paradero. Ya tendremos, en las próximas horas, a todos los organismos de derechos humanos de los delincuentes pidiendo su liberación, [el embajador en Chile, Rafael] Bielsa y compañía. Algunos vecinos de Villa Mascardi (entre ellos, Frutos) habían denunciado que el líder de la RAM se escondía en los predios tomados sobre la ruta 40. “Lo vi el domingo de Pascua [de 2022]. Está refugiado en el lugar más seguro de la Argentina, ninguna fuerza se anima a entrar a Villa Mascardi”, afirmó Frutos a LA NACION en septiembre del año pasado. En esa entrevista, agregó que Jones Huala estaba “del otro lado del cerco” de su propiedad.
Desde el 11 de febrero de 2022, cuando fue declarado prófugo de la Justicia chilena, hubo múltiples versiones sobre el paradero del jefe de la RAM. En octubre pasado, su madre, María Isabel Huala, indicó a LA NACION que no hablaba con su hijo desde marzo de 2020. “Si alguien lo vio y tiene las pruebas, sabrán lo que tendrán que hacer”, dijo la mujer en esa oportunidad.
