Programa Sin Fronteras 15 de noviembre de 2022
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Sopa con moscas no es sopa de moscas
Es necesario que la ciudadanía pueda distinguir entre quienes usan la política en su propio beneficio y los que se entregan con honestidad y nobleza, en pos del bien común
Uno de los grandes desafíos para el pensamiento social en la Argentina de hoy es encontrar explicación al largo fracaso en la edificación de aquel país extraordinario que auguraban los visitantes europeos del siglo XIX. Se iban deslumbrados ante la potencialidad de estas tierras por la conjunción de impresionantes riquezas naturales y población educada. Su visión de ahora sería incapaz de comprender nuestra penosa realidad a la luz de aquella potencialidad que conserva, aun con degradaciones que asombran, una provocativa presencia ante experimentados dirigentes del ámbito internacional.
Muchos se han empeñado en la búsqueda de los motivos de la decadencia argentina, identificando múltiples causas; entre ellas, una que en estos años se ha transformado en protagonista estelar: la corrupción. Sin adentrarnos en el análisis del enorme impacto que este funesto condicionamiento ha tenido históricamente en el funcionamiento del país, resulta notorio que, desde los juicios de residencia virreinales hasta nuestros días, su evolución en magnitud solo puede entenderse por el acostumbramiento social a convivir y desarrollarse bajo tamaño flagelo. Existe, entre los ciudadanos de a pie, la arraigada percepción de que los políticos ceden a prácticas reñidas con las altas funciones de servidores públicos para las cuales son elegidos. Si hasta pareciera normal, con meritorias excepciones, que los políticos roben. Y que lo hagan con la indispensable contrapartida encarnada en empinados elementos de la pirámide social habituados a comprar voluntades políticas en un intercambio 
de prebendas. Esta creencia se halla arraigada en la base de los paupérrimos niveles de credibilidad en la política que arrojan las encuestas de opinión en los últimos años. Está en la base del “que se vayan todos” de 2001 y en la definición peyorativa de los políticos como “casta” que hoy cosecha sorprendentes adhesiones, en número y franjas etarias y sociales disímiles.
Tal nivel de desconfianza ciudadana en los actores del entramado político compromete seriamente al sistema institucional de la república. Ahuyenta de la arena política a gente imbuida de auténticos valores cívicos, dispuesta de otro modo a hacer aportes personales, incluso a muchos jóvenes que podrían contribuir al recambio generacional. Tanto los escándalos de corrupción que se ventilan en la prensa y los larguísimos procesos que se llevan a cabo en los tribunales, como las acusaciones lanzadas entre dirigentes políticos en la disputa por sus cuestiones internas no hacen sino extender aquella imagen tan negativa, acercándola peligrosamente a una nefasta generalización. Urge que el sistema político sea capaz de desmentir en los hechos esa arraigada percepción disvaliosa de la ciudadanía. Urge que, desde las diversas estructuras partidarias, se realicen acciones concretas que puedan revertir el espeso manto de sospecha y descrédito que afecta a la política. Urge encauzar la condena por este estado de cosas a través de los canales de la ley y lograr el apartamiento y el castigo de los corruptos a partir del efectivo control ético de los afiliados o simpatizantes sobre la conducta de dirigentes y funcionarios.
Proponemos evitar que una mal llamada tolerancia a la impunidad, que atenta contra los principios de probidad y ascetismo republicanos, o la defensa corporativa de quienes se aferran a estos vicios permitan que el accionar de políticos corruptos desacredite la actividad política en general. Basta de políticos corruptos atrincherados detrás de sus fueros.
Hagamos posible que la ciudadanía perciba que no se le ofrece como única alternativa un plato de “sopa de moscas”, sino que hay también un plato de “sopa con moscas” que debe sanearse de manera imperiosa.
La pobreza y la vigencia de la ley
La ausencia del “Estado presente” no puede justificar la transformación de actos ilícitos en lícitos cuando son cometidos por víctimas de la desigualdad
“Cuando se comprende todo, se perdona todo”. León Tolstoi
Durante la Organización Nacional se dictaron los códigos de fondo para que la misma ley rigiera en todo el país. Las leyes civiles dieron garantías a la propiedad y el contrato mediante la seguridad jurídica. Las leyes penales protegieron vidas y bienes mediante la seguridad personal. La Argentina prosperó y en medio siglo se convirtió en uno de los países más pujantes del planeta. La vigencia de la ley erradicó la pobreza y millones de inmigrantes aceptaron la invitación del Preámbulo constitucional. Con el paso del tiempo, el populismo –incipiente primero y desembozado después– optó por privilegiar el corto plazo sobre el largo, mellando la vigencia de las leyes en nombre de propósitos que provocaron su fracaso. La Argentina retrocedió y en pocas décadas se convirtió en uno de los países más frustrados del planeta. El abandono de la ley nos hundió en la pobreza y miles de argentinos buscan en el exterior las oportunidades que aquí encontraron sus mayores.
El reciente asesinato de Andrés Blaquier, empresario de 62 años, casado y con tres hijos, por un tiro en el pecho que le descerrajó un menor detenido recientemente que no sería el “Lucianito” a quien se atribuía el crimen, dio lugar a que LA NACION publicase una carta escrita por su mejor amigo, donde planteó interrogantes acerca del encuentro fortuito –y mortal– entre dos personas provenientes de mundos diferentes.
El autor de la carta opinó que si creemos que el menor delincuente era la débil víctima de una sociedad desigual e injusta habría que ser indulgente con él, pues no sería él el culpable sino nuestra sociedad. El Estado debía haberle dado educación y oportunidades de trabajo, pero solo tuvo acceso a drogas y a un arma. Sin embargo, señaló que si a personas como Blaquier, que generó riqueza y trabajó para otros, lo abandona el Estado, dejando que lo maten como a un perro, nuestra sociedad no podrá funcionar. Si la situación personal de los menores delincuentes justificase su conducta se estaría ignorando que el fin de todo sistema legal es generar incentivos para que las personas se conduzcan de manera provechosa para el conjunto. La organización de la vida en común requiere de normas generales que impulsen acciones compatibles con el bien general. Aunque se encontrasen razones para simpatizar con quien careció de oportunidades, la sociedad no puede sacrificar generaciones futuras abandonando normas previstas para ellas.
Si quienes han sufrido exclusión social quedasen exentos de reproche penal hasta tanto haya una “sociedad más justa” donde nadie carezca de educación, vivienda, alimento, salud y contención en sus primeros años de vida, esa condición precedente demolería las bases mismas de la prosperidad que únicamente la vigencia de la ley hace posible.
Nunca se logrará una “sociedad más justa” si el apego al derecho es reemplazado por la discrecionalidad y la conveniencia política. Si los incentivos dejan de alinearse de forma productiva y solo inducen manotazos de supervivencia individual, incluso el robo y el asesinato, no habrá quien invierta ni ofrezca empleo ni tribute impuestos. La improvisación y el corto plazo no generan riqueza para sufragar los costos que la educación, la vivienda, el alimento y la salud requieren como combustible del futuro.
Los países que prosperan no se desentienden de los menores delincuentes, sino que, por tener sistemas institucionales donde los contratos se cumplen y los delitos se castigan (incluyendo la corrupción pública), pueden financiar escuelas ejemplares, hospitales de calidad y servicios de excelencia. En la Argentina, créase o no, los presupuestos para educación, salud y jubilaciones son de los más altos del mundo (per cápita), pero poco o nada llega a chicos que terminan robando y matando como diversión.
No es posible suplir la ausencia de un “Estado presente” con el artificio de convalidar sus perversos resultados haciendo lícito lo ilícito. Así como se daña a la sociedad promoviendo alumnos que no han estudiado, también se la perjudica liberando presos por falta de cárceles “sanas y limpias”. Y con mayor razón se la agravia cuando se reclama la impunidad de quienes invocan lawfare a pesar de haber delinquido de forma desfachatada. No debe abandonarse la aplicación de la ley para disimular la falta de un Estado eficaz que cumpla con sus mandatos constitucionales.
Mientras la ley se tuerza, se fuerce y se encorve para acomodarse a las necesidades del populismo, el capital social de los argentinos seguirá en franco deterioro, al reemplazarse la confianza por el temor, la sospecha y la precaución. El clima enrarecido hará aumentar la seguridad privada, las rejas electrizadas y las puertas blindadas. Los vecinos, con trancas y mirillas, olvidarán su espíritu solidario y de compasión al prójimo. Los pobres serán más estigmatizados por una clase media enojada con la expansión del delito y una seguridad ausente.
A Andrés Blaquier no lo mató la injusta distribución de la riqueza, no solo lo mató la bala de un delincuente juvenil, sino un Estado cooptado por intereses de la política y sus aliados corporativos que se han apropiado de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad como lo señaló, entre lágrimas, el autor de la carta que evocamos.
La postergada ley de humedales
El debate alrededor de la ley de humedales, que ya lleva varios años, nos deja con la sensación de estar escuchando monólogos que se superponen entre sí.
Se trata de una discusión carente de vocación por comprender las posiciones del otro. En las últimas horas, los diputados de Juntos por el Cambio lograron un dictamen mayoritario, diferente del minoritario, respaldado por el Frente de Todos.
Su resultado final más probable será una ley que quede vaciada de todo contenido o simplemente ninguna ley. En cualquier caso, no habrá presupuestos mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas tan beneficiosos para la sociedad. La iniciativa auspiciada por diputados del oficialismo adolece de algunas herramientas de gestión básicas para un ordenamiento territorial efectivo. Los presupuestos mínimos allí prácticamente no existen. Por el contrario, recarga de palabras y consignas una propuesta sin dotar de propósito efectivo a la ley.
Del lado de la oposición a la ley de humedales ha ganado predicamento un discurso que nos retrotrae a muchos años, ya que pone en duda la cláusula constitucional ambiental. Esta herramienta constitucional, los “presupuestos mínimos”, es la que posibilita que, reconociendo la potestad de los recursos naturales en las provincias, la Nación pueda fijar pautas y criterios de la política ambiental nacional. Los constituyentes del 94 acordaron que el equilibrio entre el interés de la Nación por generar una política ambiental común para todos los argentinos y las jurisdicciones provinciales debía darse a través de un piso básico y uniforme de protección, a través de las leyes de presupuestos mínimos.
Las leyes ambientales son marcos de referencia para el desarrollo sostenible; deben ser el resultado de acuerdos para compatibilizar las actividades productivas y la preservación natural. Hacen a la seguridad jurídica de los inversores y establecen las prioridades que deben ser atendidas por las autoridades. Un debate fructífero, en el marco de la Constitución vigente, es posible. Es necesario que la Argentina tenga un régimen nacional para preservar los diferentes ambientes de humedales sobre la base de una herramienta virtuosa y equilibrada de ordenamiento territorial.
¿QUIÉN PIENSA EN EL PUEBLO?
EL DEBATE OMITIDO EN LA POLÍTICA TUCUMANA.
“NUNCA PERDÁIS CONTACTO CON EL SUELO, PORQUE SÓLO ASÍ TENDRÉIS UNA IDEA APROXIMADA DE VUESTRA ESTATURA” (ANTONIO MACHADO).
“LO IMPORTANTE NO ES SOLO ENTENDER EL MUNDO DE OTRO MODO SINO TAMBIÉN HACER ALGO PARA CAMBIARLO” (ANTONIO GRAMSCI)
“AL FIN Y AL CABO SOMOS LO QUE HACEMOS PARA CAMBIAR LO QUE SOMOS” (EDUARDO GALEANO).
Tucumán, cuna de Bernardo de Monteagudo, Juan Bautista Alberdi y Carlos Cossio, se encuentra envuelta en la pobreza intelectual, el oportunismo de los advenedizos,el nepotismo y el incremento exponencial de la corrupción.
Este contexto ayuda a entender porque el “Frente de pocos” “Juntos para el no cambio” y también la “siniestra” olvidan deliberadamente, una vez más, al pueblo.
Y no es una anécdota que la más elemental omisión del pueblo como protagonista es, precisamente, en la forma del juzgamiento a un ciudadano.
Se cumplen exactamente seis años desde la sanción de le Ley 8933 por la que se adopta el paradigma acusatorio-adversarial y contempla como “garantía fundamental “el “juicio por jurados” plasmado en el artículo 3 inciso 1 y artículo 12 del Código Procesal Penal.
Ahora bien, no sólo las autoridades estatales y los políticos dan la espalda a la participación real de la ciudadanía en la “administración de justicia penal” sino, además, la misma judicatura, pues deben sincerarse “los togados” ya que perciben la pérdida del poder y desconfían del pueblo.
Incluso, los abogados no están convencidos de la sabiduría y sensatez de “los legos”
Hasta la academia local prescinde instalar el debate de quien debe juzgar, o sea declarar culpable o no, a la persona a la que se acusa de haber cometido un hecho delictivo.
Solo emergen sobreactuaciones de algún docente jubilado de la magistratura para (un pretendido) lucimiento personal.
¿Entonces?
¿Cómo se genera la discusión pública para establecer una cultura cívica cuyo eje sea el pueblo como actor principal del cambio social, en especial, la modificación radical de las vetustas estructuras judiciales?
La respuesta está en el grado de compromiso de cada uno de los tucumanos, que es, antes que nada, una lucha interna.
De lo contrario, continuará la sociedad hundiéndose en la ciénaga del conformismo, en el “habitualismo” de opacos jueces y lo que es peor como advierte el omnipresente Julio Anguita: “defender a quien le explota o la clase política corrupta que ha llegado al nivel más bajo al que puede llegar un ser humano: bendecir a la porra que lo golpea y besar la bota que le pisa”.
En otras palabras, no solo no hay Democracia mientras existan taperas, analfabetismo, escuelas derruidas, educación formal, esclavitud laboral, contratos que se dividen en cuatro sujetos, prestanombres en la adjudicación de obras públicas sino también cuando se excluye al pueblo del modelo de juzgamiento penal.
Jorge Luis Borges, sostiene que “el peronismo tiene todo el pasado por delante” pero también enseña: “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. Dr. Gustavo Morales Abogado Penalista Mat. Prof. 3924
