La situación surgió debido a las protestas de las FM, que habían quedado englobadas con las empresas de telefonía y empezaron a recibir multas de hasta 600.000 pesos.

El gobierno municipal trabaja en una redefinición de la ordenanza de antenas para diferenciar la situación de las emisoras radiales, que habían quedado englobadas con las empresas de telefonía y comenzaron a recibir multas de hasta 600 mil pesos.

Los titulares de las FM se presentaron en el Concejo hace un par de semanas para presentar su reclamo y la aplicación de la norma había quedado suspendida por un plazo que vencía el próximo viernes. Pero el Ejecutivo lo prorrogó por otros 90 días.

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La concejal Viviana Gelain (Juntos) admitió que la idea es otorgarle a las radios un tratamiento especial y “dejar en claro la diferencia entre la operatoria de telecomunicaciones y la de telefonía celular”.

La actual regulación fue aprobada en noviembre de 2016 pero nunca se aplicó a pleno, porque las empresas telefónicas se declararon en rebeldía y plantearon demandas judiciales.

Se quejan -entre otras exigencias- del tope de 14 metros de altura que el municipio impuso a las nuevas estructuras y la obligación de que sean instaladas sólo en predios públicos.

Gelain dijo que no tienen razones técnicas para oponerse y que sólo se trata de “un problema de costos”, dado que antes podían instalar antenas de 20 metros, cubrir mayores radios y la inversión era menor.

En relación con las FM, la concejal explicó que las de tipo “comunitario” están eximidas, pero en la práctica son pocas las que consiguen homologación en esa categoría, porque el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) tiene paralizado el otorgamiento de licencias.

El titular de FM Terrena, Raúl Benítez, dijo que con varios de sus pares elaboraron un petitorio para que el municipio “reformule el canon” aplicado a las torres y aclare las categorías de radios, para diferenciar “las barriales de las comerciales”.

Dijo que hoy existen en Bariloche más de 60 emisoras y ninguna tiene su habilitación en regla con el municipio, “ni siquiera radio Nacional”.

Según Benítez, las radios han recibido multas que van de los 15 mil a los 600 mil pesos. “Algunas tuvieron que cerrar, como FM Estrella de El Frutillar, y otras están judicializadas, como en nuestro caso”, explicó.

Reconoció que antes de la ordenanza las radios no pagaban ningún derecho al municipio y consideró que algo deben abonar, “pero no lo mismo que las multinacionales”.

La concejal Gelaín dijo que la nueva ordenanza va a diferenciar los casos, pero aclaró que las radios “también deben estar alcanzadas por una tasa, porque las estructuras tienen que ser seguras, emiten radiaciones, y el municipio tiene que fiscalizar”.

Debido a los conflictos surgidos en torno a la ordenanza, la municipalidad dejó de percibir cuantiosos recursos. El presupuesto del año pasado tenía previsto ingresos por 23 millones de pesos por derechos de antenas y sólo ingresaron 809.000.

Debido a los conflictos surgidos en torno a la ordenanza, la municipalidad dejó de percibir cuantiosos recursos.
El dato
60
es la cantidad de emisoras que hoy tiene la ciudad y ninguna tiene su habilitación en regla con el municipio.

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