Programa Sin Fronteras 17 de diciembre de 2021 ARDE CHUBUT EXPLOTO LA CORRUPCION
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Prendieron fuego la Casa de Gobierno de Chubut en rechazo a la zonificación minera
Tras la aprobación legislativa, miles de personas se manifestaron en Rawson y en distintos puntos de la provincia en contra de la medida.
La resistencia popular del pueblo de Chubut a la minería data de hace mucho tiempo y anoche sumó un nuevo capítulo a partir de la aprobación de la ley de zonificación en la Legislatura provincial. Luego de las manifestaciones de ayer que terminaron con represión policial, miles de personas se movilizaron hoy en contra de la medida en distintos puntos de la provincia y del país.
En Rawson, la capital, prendieron fuego la Casa de Gobierno y causaron destrozos. Un grupo logró ingresar en el establecimiento y vandalizó algunas oficinas. Se vieron imágenes similares a las de 2019 en el marco de las manifestaciones docentes. Ese hecho y también el de ahora, ocurrió en el gobierno de Mariano Arcioni. con 14 votos positivos y 11 negativos, se aprobó la ley de zonificación minera. De esa manera, se habilita la explotación en los departamentos de Telsen y Gastre, donde se encuentra el yacimiento de plata y plomo Navidad, que pertenece a la multinacional Pan American Silver. Representa un 16% de la superficie de Chubut. La votación iba a ser hoy y se adelantó sorpresivamente para no coincidir con las marchas en contra ya organizadas. Desde el año 2003, a partir de la promulgación de la Ley 5.001, la minería está restringida en Chubut.
El oficialismo decidió ir al choque en Diputados y terminó exponiendo sus debilidades
Pese a su inferioridad numérica, el Frente de Todos presionó, apuró e impuso condiciones y terminó abroquelando a una oposición en el rechazo
Baqueano en el arte de discutir proyectos de presupuesto en un Congreso en minoría, el diputado Luciano Laspina, expresidente de la comisión durante el gobierno de Mauricio Macri, se permitió darle un consejo a Máximo Kirchner y a Sergio Massa en el recinto. “Gobernar en minoría implica escuchar, implica negociar, implica ceder. No se puede imponer, manu militari, una ley por la ventana”.
No parece ser esta la filosofía del Gobierno que, pese a su inferioridad numérica en el Congreso tras caer derrotado en las últimas elecciones, se exhibió con la altivez y la prepotencia propias de los ganadores en la discusión legislativa más importante del año, la de la ley de presupuesto. Apuró, presionó, impuso modificaciones sin consenso al proyecto, intentó cooptar aliados con prebendas debajo de la mesa; la oposición resistió, abroquelada detrás del rechazo. Lejos de asumir su debilidad, el oficialismo subió la apuesta y decidió ir al choque de trenes en el recinto: a matar o morir.
Los bloques opositores no se proponían poner en aprietos al Gobierno; de hecho, desde un principio garantizaron el quorum en el recinto y, en alguna conversación reservada, algunos diputados insinuaron la posibilidad de la abstención para facilitar la aprobación del proyecto. Pero la obstinación del Gobierno de imponer un presupuesto con variables macroeconómicas tan poco creíbles como desactualizadas, con prórrogas de impuestos y aumentos de tarifas encubiertos, no les dio resquicio para un acercamiento. Tal vez sin proponérselo, el oficialismo le hizo el juego a los halcones de la oposición, que terminaron imponiéndose sobre la moderación de las palomas y los eventuales conversos.
Tras ufanarse de que tendrían votos de sobra para votar el presupuesto, al principio de la semana, Massa y Máximo Kirchner se toparon con el duro muro de la realidad política recién el miércoles por la noche, a pocas horas de celebrarse el debate en el recinto. A último momento, ya comenzada la sesión, Massa sacó un conejo de la galera; reunido con los jefes de bloque, presentó, con tono ceremonioso, la oferta con la que proponía destrabar el entuerto: un proyecto de ampliación presupuestaria que se votaría recién el año próximo si la pauta de inflación supera –como vaticina la oposición– el 33% anual.
“¡Esto es en defensa del Congreso! –enfatizó–. Cualquier aumento de las partidas del presupuesto tendrían que tener la aprobación de ambas cámaras, esto es algo que ningún ministro quiere ceder. Si ustedes me respaldan, ya mismo hablo con Guzmán y le saco este compromiso”.
Massa hablaba con el tono del ideólogo de una solución genial. Algunos de los diputados presentes se miraron de reojo; no se sorprendieron, pues ya conocían la oferta, salida de las entrañas del Ministerio de Economía. Alguno recordó que este mecanismo se aplica para el presupuesto de la Ciudad y no faltó quien especuló con alguna conversación subrepticia entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta.
Igualmente, la propuesta no prosperó. Los representantes de Juntos por el Cambio –Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan López, Rodrigo De Loredo y Ricardo López Murphy– reclamaron que, además, el oficialismo retirara del proyecto sus artículos más polémicos, esto es, aquellos que delegan facultades para instrumentar aumentos impositivos y de las retenciones agropecuarias, entre otros.
No le fue sencillo a Juntos por el Cambio articular una postura común. Atomizada en una decena de bloques internos, sin una coordinación unificada, imperaron las desconfianzas y los recelos entre los principales referentes. Massa intentó sacar provecho de estas diferencias internas para llevar agua a su propio molino. En algún momento confió en que predominaría en Juntos por el Cambio la postura de la abstención que blandía la tropa de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió. Se esperanzó con que su amigo Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, le facilitaría la ayuda de algunos diputados radicales, ya sea con su abstención o con su ausencia subrepticia del recinto. Para ello le aseguró que le garantizaría una partida especial destinada a la intendenta radical de la capital de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, acechada por la asfixia económica que le impone el gobernador peronista Ricardo Quintela.
Por primera vez la cintura política de Massa flaqueó. Morales no pudo garantizarle apoyo; hablaba también en nombre de Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. El tigrense no perdía las esperanzas: confiaba que, durante la madrugada, podía conseguir los votos que todavía le eran esquivos.
Aunque los obtenga, aunque el oficialismo logre la media sanción del presupuesto por la diferencia de un solo voto, no dejará de ser una victoria pírrica. No dejará de ser una sesión en la que habrá dejado al desnudo su debilidad. Si finalmente la derrota corona esta agónica sesión, el panorama sería aún más funesto. No solo porque profundizaría su imagen de fragilidad en medio de las negociaciones con el FMI, sino porque habrá cristalizado una forma de hacer política alejado del diálogo y del consenso.
¿Cuál política económica? ¿Cuál equipo económico?
N o confundamos los envases con lo que contienen los frascos; perforemos la nomenclatura para analizar la sustancia.
Hablar hoy de política económica, y de equipo económico, implica aplicar categorías inventadas para analizar situaciones planteadas en contextos normales a una realidad que no tiene nada de normal.
Equipo económico tuvieron Adalbert Krieger Vasena, Juan Vital Sourrouille y Domingo Felipe Cavallo (1991-1996). Integrado por alguien a cargo de “venderle” el programa económico al resto del gobierno, al tiempo que coordina las distintas porciones que lo integran.
Política económica es un conjunto de medidas congruentes entre sí. Por ejemplo: la tasa de inflación implícita en las políticas cambiaria y tarifaria tiene que ser la misma que la implícita en las políticas fiscal, monetaria, salarial, jubilatoria, etc.
Nada de esto existe aquí y ahora. Lo que hoy tenemos son acciones individuales: parálisis operativa, bomberos e iniciativas que terminan siendo revisadas.
No es fácil diseñar e impulsar medidas de política económica, cuando los funcionarios dependen de una autoridad política debilitada y muy poco creíble. Esto genera parálisis operativa. El Banco Central genera mayores restricciones, porque enfrenta crecientes presiones sobre el segmento oficial del mercado de cambios; y la secretaría de comercio interrumpe el congelamiento de más de 1000 productos antes de cumplirse la vigencia original, a la luz de los brillantes resultados obtenidos.
Nadie sabe lo que ocurrirá, en materia económica en los próximos dos años. Los analistas podemos no ser parte del problema si ajustamos la nomenclatura a los hechos. Los mercados no existen; existen los seres humanos que compran y venden; el FMI no existe; existen los funcionarios no políticos preocupados por su futuro laboral; la directora gerente y el directorio, integrado por representantes de países a los que la Argentina no les interesa, pero sí cómo los puede favorecer el eventual acuerdo entre nuestro país y el referido organismo.
En este contexto político y macroeconómico cada uno de nosotros tendrá que desenvolverse. ¿Quién dijo que la vida es fácil? Los argentinos tenemos enorme experiencia para sobrevivir a la fuerte incertidumbre y adaptarnos a las circunstancias. Esto explica por qué, en 2020, el PBI cayó “apenas” 10% y se recuperó en el año que está por finalizar.
Chubut y la degradación social e institucional que provoca la megaminería
A espaldas de la sociedad, con represión, con degradación institucional, con corrupción política: así se impone la megaminería en casi todo el mundo. No por casualidad es la actividad extractiva más resistida en el planeta, en América Latina, en Argentina. Oposición que se ha incrementado en contextos de escasez hídrica, como el actual, en plena crisis climática.
Hace años que venimos advirtiendo que la megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de una gran degradación social e institucional. Lo que ocurre en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población de Esquel dijo NO a la Mina, y la primera ley provincial del país que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Luego, ante la insistencia de los diferentes gobiernos y corporaciones, hubo también dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas de ciudadanxs), primero en 2014, y más recientemente otra, en 2020-2021, en plena pandemia, cuyo objetivo era el de reforzar la ausencia de licencia social para la minería. Iniciativas populares que mostraron la perseverancia de la ciudadanía chubutense en los dispositivos institucionales, pese al comportamiento corrupto de muchos de sus legisladores, que lograron obturar su tratamiento en las dos ocasiones. Pese ello, la lucha popular y democrática lleva casi 20 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.
Sin embargo, la aprobación de la actividad sin licencia social siguió avanzado, cometiendo los atropellos institucionales más indignantes. Justo hace un año se viralizó el video de una cámara oculta que mostraba a un diputado provincial solicitando dinero para apoyar el ingreso de la mineria a la provincia. Ayer, 15 de diciembre, ese mismo diputado estuvo presente en la legislatura provincial -como si no hubiese habido ningún delito previo- y votó a favor, consumando de ese modo su parte del “trato”, en favor del ingreso de la actividad extractiva.
Leila Lloyd Jones, otra diputada provincial, aseguró en un audio -que también se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”. Luego ratificó estos dichos ante la Justicia, para lo cual aportó elementos de prueba e incluso señaló a Guillermo Corneo, el abogado del actual gobernador Mariano Arcioni, como el gestor del cohecho.
Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se difundió la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley, de parte del CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. La foto recorrió el mundo como símbolo de la corrupción política y del fuerte lobby de las corporaciones. Por unos años los sectores promineros se mantuvieron en silencio, avergonzados. Luego, favorecidos por la impunidad, volvieron a beber las aguas del olvido, para ir a la carga una vez más, y refrendar que en Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.
Fue así que la Legislatura de Chubut con el apoyo del Ejecutivo provincial y en una sesión sin previo aviso, burlando la voluntad de una sociedad alerta y movilizada desde hace tantos años, decidió habilitar la zona de la meseta central para desarrollar la megaminería. No habían pasado 24 horas todavía, que el gobernador Arcioni presuroso promulgó la ley. Las compañías mineras ya deben estar bajando las maquinarias hacia la meseta. De eso se trata: de hacer tabula rasa –pues la corrupción política y el lobby empresarial en este país no se penalizan-, y de ir rápido, golpeando de manera inesperada, blindando al poder, antes de que la población salga a cortar los caminos con sus pretensiones antiguas de democracia, defendiendo el agua escasa y los territorios cada vez más indefensos.
¿Si Chubut es una provincia con un solo gran río, si la escasez hídrica es ya una realidad acuciante, qué sucederá entonces cuando avance la minería, que es una actividad sedienta de agua y de energía? Es sabido que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de demenciales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. Un ejemplo nos sirve de muestra: La Alumbrera, en Catamarca, otra provincia con escasez hídrica, tiene autorizado la utilización de más de 86 millones de litros de agua dulce por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia. Catamarca muestra hoy un paisaje socioeconómico desolador, a pesar de más 20 años de actividad.
En Chubut, miles de personas salieron a las calles en defensa de los territorios y el agua. Inmediatamente después, llegó la represión, con balas de gomas y detenciones. Según el CELS desde que el gobierno de Chubut presentó el proyecto de ley en el año 2020, la respuesta recurrente fue la represión sistemática de las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y los allanamientos a las casas de asambleístas. Además, se identificaron personas infiltradas con el objetivo de generar disturbios en las protestas. Así, a los tiros, a la fuerza y manipulando las instituciones, la provincia es el modelo modelo por excelencia de la máxima que dice “A más extractivismo, menos democracia y más represión”.
¿Y qué hay del principio de no regresividad de las leyes? Claramente la ley de zonificación que aprobaron los diputados en Chubut es un retroceso en materia de protección ambiental. Por lo tanto es cuestionable judicialmente por violar el principio de no regresión ambiental. Sin embargo, de modo maquiavélico, la legislatura buscó blindarse ya que en esta misma semana aprobó: 1) la designación de 3 nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia; 2) una reforma de Ley de amparo (con el objetivo de limitarlo); 3) La limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Todo pensado, orquestado, planificado en la lógica de saqueo y la entrega. Como si fuese armado por el buffet de abogados de la empresa Panamerican Silver, que no se ha cansado de invertir en costosas acciones en favor de la minería. Según ha trascendido, la multinacional canadiense minera gastó 30 millones de dólares en Chubut entre 2013 y 2019, sin mover una roca.
El pueblo de Chubut saldrá a las calles. Las protestas no cesarán. “Se viene el Chubutazo”, anuncian ya desde varios lugares de la provincia, y aguarda un país demudado, que en medio de tanta indignación siente que no es posible avalar ni tragarse todo este entuerto antidemocrático gestado por el gobierno provincial, parte de la clase política y las corporaciones mineras. Porque ante la defensa de la vida, el agua, los territorios, ya no hay ciudadanía que aguante si no se respeta la voluntad popular y no se amplían los canales democráticos de representación. Deberían haberlo aprendido ya, después de lo ocurrido en Mendoza, con la gran pueblada en defensa del agua de fines de 2019.
Desde distintos sectores de la ciudadanía denuncian violencia por parte del gobierno, censura a la hora de informar ya que solo se muestra lo que dice el gobierno pero nada se dice de lo que realmente ocurre y de los atropellos que realizan las fuerzas de seguridad sin distinción, ingresando a comercios, tirando gas pimienta dentro con clientes, lo que nos ha llegado mediante videos mostrando el accionar policial. Vamos a seguir informando y tratando de acercar a todas las voces. Por lo pronto el gobierno no ha hecho declaraciones y ni un funcionario habla de la situación no aceptan entrevistas ni hay informes oficiales.
Ademas nos llego esta denuncia de parte de la asamblea a favor del agua de la provincia de Chubut lo compartimos Sin Fronteras.
Los medios de la provincia de Chubut hacen silencio, no podemos asegurar si por miedo o por coaccion de parte del gobierno, si fueron comprados para desinformar o el terror los calla, igualmente algunas voces se pueden escuchar en otros medios y compartimos las voces que se levantan para informar lo que pasa en Chubut Sin Fronteras
Horror en Santa Cruz: tres hermanitos eran torturados por su madrastra y su padre
Los chicos, de 10, 13 y 14 años, contaron el calvario que vivieron ante la justicia luego de que dos de ellos se escaparan de la casa familiar por una ventana
Golpes, mordeduras, estrangulamiento y hasta coprofagia fueron algunos de los tormentos que sufrieron por más de un año tres hermanitos de 10, 13 y 14 años por parte de su madrastra.
Lograron liberarse hace un mes en Río Gallegos, Santa Cruz, pero la historia recién salió a la luz hoy, a través del medio local, La Opinión Austral, y luego de que la justicia finalmente decidiera la detención de David Edgard Fernández, padre biológico de los dos niños y una niña, su pareja, Roxana Vega, a quien apuntaron por los actos de tortura los tres chicos cuando declararon, a través del sistema de cámara gesell, el martes pasado. En diálogo con LA NACION, Jorge Godoy, a cargo de la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Cruz, relató los tormentos que padecieron los hermanitos, que ahora se encuentran al resguardo de su tía materna, que es policía.
“Los chicos se mudan con su papá y la pareja que tenía porque cuando vivían con su mamá, el padrastro les pegaba. Entonces es por eso que piden irse a vivir con su papá”, explicó Godoy sobre lo que fue el origen trágico de estos pequeños, que al intentar huir de un calvario terminaron en uno peor.
Según el Defensor, que presenció las cámara gesell de los hermanitos, nunca había escuchado el nivel de maltrato infantil que padecieron los chicos. Luego reconstruyó la historia: “Ellos estaban todo el día encerrados en la habitación donde había un viejo televisor. Te doy este detalle porque es importantes. Ellos estaban encerrados en la habitación y solamente les permitían ver un canal de televisión. Ellos podían salir cuando no estaba su madrastra y, como cualquier chico, se ponían a jugar y a curiosear o ver lo que podían hacer porque no tenían juguetes. En ese contexto, cuando salen es que agarran la tablet de esta mujer, se les cae al piso, se rompió. Ellos pensaron, inmediatamente, que por lo que venían sufriendo la madrastra los iba a matar. Por eso, los dos varones que son el mayor y el menor de los hermanos, decidieron escaparse por una ventana del baño de la casa. Tuvieron que hacer eso porque cuando quedaban solos los dejaban encerrados. Cuando se escaparon fueron a la comisaría y contaron lo que les estaba pasando en y, a partir de ahí, se activa el sistema de protección”. Lo que vino después fue rescatar a la hermanita que había quedado en la casa y proceder a iniciarle una causa al padre y la madrastra, que recién fueron detenidos en las últimas horas luego de que la justicia recibiera el resultado de los exámenes médicos de los chicos y les realizaran las entrevistas en cámara gesell.
“Se desesperaban por contarte lo que les había pasado. Esto lo mismo que contaron a la cámara, es más o menos lo que contaron en mi oficina. Mi secretaria estaba presente y comenzó a llorar al escuchar los relatos. Básicamente en la cámara contaron que ellos estaban viviendo con la mamá y un padrastro que les pegaba. Con la esperanza de vivir mejor es que se van con el padre y se encuentra con esta madrastra”, detalló Godoy, y comenzó a enumerar algunos de los maltratos sufridos por los chicos: “Los tenían encerrados todo el tiempo. El hombre hacía changas, entonces estaba todo el día fuera de la casa, y la mujer hasta ese momento no trabajaba. Les pegaba a puño cerrado por todo el cuerpo, les pegaba con un cinturón, con un caño metálico. Pero supongamos que, entre comillas, en algunos ambientes eso podría ser hasta si querés convencional. Esto no terminaba ahí. Esta mujer los tenían cerrados en la habitación. Los tenía como sus sirvientes a los dos más grandes. Hacía que los dos más grandes limpiaran y el varón mayor cocinara y le llevara la comida a la habitación”.
“Cuando dormían los chicos tenían que dormir estirados en la cama completamente derechos sin moverse, porque si ella iba a la pieza y veía que se movían automáticamente les pegaba. No tenían que hacer ruido ni para ir al baño, al punto tal que el más chiquitito, por el terror que le tenía, no podía ir al baño y empezó a hacerse caca encima. En una oportunidad que pasó eso, esta mujer lo obligó a comer su propia materia fecal. También les ponía los dedos pulgares en la boca y se los estiraba como si fuera la sonrisa del guasón. Por eso los tres chicos tienen lesiones en la mucosa. También, con los dedos gordos, les hundía los ojos y la hermanita terminó con lesiones”.
“La niña, que también le tenía pánico a la mujer, le generaba náuseas su presencia. En un momento estaba comiendo y vomitó. Entonces la madrastra le hizo comer la comida con el vómito”, recordó el Defensor sobre el relato que hicieron los chicos y agregó: “Después los sujetaba contra la pared y los ahorcaban. Los levantaba del piso ahorcándolos. En un momento el más chico perdió el conocimiento, quedó inconsciente y los hermanos ven como que lo tiene que zamarrear para despertarlo. Tardo varios minutos en despertar. Para mí eso es directamente una tentativa de homicidio”.
Las torturas también incluían mordidas que derivaron en deformaciones en los cuerpos de los pequeños que podrían ser permanentes: “Esta mujer, no sé por qué razón, eso se verán los peritajes, los mordía. Los mordía en la cabeza, los labios y las orejas. Fue tanto que el informe forense dice que las orejas están deformadas y que tienen deformación en el rostro de la niña. Por las mordidas al pequeño, parece que se enseñaba más con él, las orejas que se le llenaban de sangre. Entonces, lo que hacía era enviar al hermano mayor a una farmacia a buscar una jeringa con aguja para sacarle la sangre que se le acumulaba a su hermanito”.
Godoy reconoció que la pandemia y la falta de clases presenciales favoreció a que no se alertara antes sobre esta situación: “Lamentablemente la pandemia no colaboró porque estos chicos no fueron a la escuela de forma presencial por mucho tiempo. En el medio viajaron y vivieron un año en Formosa y volvieron. Entonces, esto se escapó al ojo de los docentes que colaron muchísimo con la detección de violencia intrafamiliar”.
Ante la consulta si el padre participaba de las agresiones, el defensor dijo que los hermanitos aseguraron que no estaba en todo el día y que, a lo sumo, les pegaba con el cinto a la noche: “El padre cuando llegaba a la casa o tenía que sancionarlos lo hacía con el cinturón. Hoy, casualmente, fuimos la casa. Está cerrada porque están detenidos. Fuimos con un oficial de justicia, un cerrajero y con los chicos a la puerta de la casa. Ellos encontraron un cinturón y explicaron que el padre lo esperaba con un cinturón y después se limitaba a decirle a esta mujer que, si se portaban mal, los castigará. Igual, yo estoy convencido de que este hombre sabía lo que estaba pasando en esa casa”.
Ante la pregunta de si también sufrieron abuso sexual, Godoy respondió: “No hemos detectado. No lo han asegurado ellos. Sí fueron amenazados en más de una oportunidad. A la nena le decía que le iba a meter un palo por la vagina. A los varones, que les iba a colocar un palo en la cola. Pero los chicos no lo manifestaron y los chicos cuentan todo lo que les pasó”.
Sobre cómo pasan sus días ahora las víctimas, contó: “Están siendo muy acompañados por la tía materna y por los psicólogos de infancia. Además, nosotros estamos todo el tiempo pendientes de ellos, así que se sienten bastante resguardados. Hasta ahora no se tuvo contacto con la madre porque desconocemos su paradero. Se presume que está en Formosa, pero todavía no sabemos dónde está. La misma hermana de la madre no sabe dónde está y tampoco sabía nada de lo que les pasaba a sus sobrinos porque el padre de los chicos no dejaba que los viera”.
Al ser consultado por las penas que podrían recibir el padre y la madrastra de los nenes, Godoy recordó que por el tipo de figuras penales existentes y la falta de una legislación más dura sobre el maltrato infantil, los acusados podrían recibir penas leves y hasta ser excarcelados. ASI COMPARTIMOS ESTE INFORME DE José María Costa
Consejo de la Magistratura: entre una integración equilibrada o un esquema disfuncional
Tal como se preveía, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley que regula el funcionamiento de Consejo de la Magistratura respecto de su integración, que fuera oportunamente planteado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La sentencia verificó la incompatibilidad existente entre el “equilibrio” en la integración del órgano dispuesto por el art. 114 de la Constitución y la composición de trece miembros (tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito científico y académico) establecida por la ley 26.080. El argumento central esgrimido por unanimidad consistió en determinar que el “equilibrio” no es sinónimo de igualdad sino que requiere que “ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo”. En otras palabras, el equilibrio demanda representaciones que no puedan llevar adelante acciones hegemónicas de control del Consejo de la Magistratura soslayando el consenso de los demás sectores. El desequilibrio en la composición desvirtúa el objeto principal de la reforma constitucional de 1994 que fue la despolitización de la Justicia, lograr un eficaz funcionamiento del servicio de justica y garantizar la independencia del Poder Judicial.
En el marco constitucional expuesto por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso puede sancionar una ley orgánica del Consejo de la Magistratura que le otorgue a todos los estamentos la misma cantidad de miembros (equilibrio como igualdad) o bien que determine un número distinto por estamento sin que ningún de estos pueda prevalecer sobre los otros (equilibrio como evitación de la hegemonía estamental). Sin lugar a dudas es la primera opción la que responde con mayor grado de racionalidad al equilibrio instituido por el art. 114 de la Constitución tal como lo recomendó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público (”ex-Comisión Beraldi”) en su Informe Final.
Una vez delimitada la irradiación constitucional del “equilibrio”, el tribunal constató que el quorum y las mayorías en vigencia en lo atinente a cuestiones estrechamente vinculadas con el procedimiento de nombramiento y remoción de los magistrados, como así también, en lo atinente al ejercicio de ciertas potestades trascedentes (tales como aplicar sanciones disciplinarias a los jueces y juezas, dictar su reglamento general, convocar a concursos anticipados, reglamentar los concursos públicos, entre otras) posibilitaba que el estamento político tuviese el número suficiente para realizar acciones hegemónicas sobre los otros tres estamentos. De esa manera se había consagrado normativamente un objetivo desequilibrio inconstitucional que debía ser reparado mediante el dictado de una sentencia. En la fase resolutiva es donde aparecen dos versiones en torno a la implementación del remedio constitucional expuesto. La mayoría (Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz) resolvió declarar la inconstitucionalidad de la norma y exhortar al Congreso a que sancione una nueva ley en un plazo razonable. Pero si no lo hace en un plazo de 120 días, impone el restablecimiento de la composición dispuesta por la ley 24.937 (y su correctiva ley 27.939) de veinte miembros, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside el Consejo de la Magistratura para lo cual se deben realizar distintas elecciones en los estamentos de los abogados y abogadas, jueces y juezas, ámbito académico y científico, como así también, designar a los representantes de las segundas minorías políticas del Senado y de Diputados. La minoría (Lorenzetti) resolvió declarar la inconstitucionalidad de la norma y exhortar al Congreso a que sancione una nueva ley en un plazo razonable que no puede superar un año, y si no lo hace, la Corte Suprema de Justicia quedaría en condiciones de implementar la garantía de la independencia del Poder Judicial. Más allá que el voto de la minoría se encuadra con más lógica procedimental en el modelo de sentencias exhortativas desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, también surge del voto mayoritaria una inconsistencia sustancial en cuanto se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma y restablecer un régimen anterior para evitar un vacío legal (como sucedió en el caso “Rizzo”) o bien declarar la inconstitucionalidad de una norma, exhortar al Congreso a que legisle en un plazo razonable y si no lo hace resolver la cuestión constitucional (como aconteció en los casos “Badaro” I y II); pero el mix entre sentencia exhortativa con plazo fatal de restablecimiento normativo deriva en un esquema insustancial de razonable concreción. Mucho más aún si el camino es volver a una integración de veinte miembros que fracasó en el pasado, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside el Consejo de la Magistratura, lo cual vulnera el mandato constitucional que dicho órgano se ocupe de la administración del Poder Judicial para despejar la tarea de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, la respuesta la tiene el Congreso: nueva ley en menos de 120 días sobre la base del acuerdo político del oficialismo y la oposición o restablecimiento de la ley 24.937 con su correctiva ley 27.939, para volver a un esquema disfuncional.
Respecto del Consejo de la magistratura inconstitucional compartimos el siguiente informe de Pablo Rossi Sin Fronteras
