Programa Sin Fronteras 9 de noviembre de 2022
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Advertencia por la gravedad del cambio climático El análisis de Inés Capdevila
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El kirchnerismo es experto en negar responsabilidades dijo Roberto García Moritán en DESDE EL LLANO
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La inflación de octubre en CABA 7%
ROXANA REYES Luis Juez, al Consejo de la Magistratura
Sequía y heladas Las perdidas del campo ya superan los US$ 2500 millones
Justicia ideologizada, derechos conculcados
El trámite del juicio contra Carlos Pedro Blaquier es un ejemplo de las arbitrariedades cometidas en nombre de la venganza y el odio
La causa iniciada contra Carlos Pedro Blaquier hace ya más de 13 años continúa plagada de inadmisibles arbitrariedades, en franca violación de todas las garantías del debido proceso, y ahora también del respeto a los derechos que custodian la integridad y salud de las personas ancianas o con discapacidad. La persecución judicial contra Blaquier, presidente de la compañía Ledesma, y Alberto Lemos, gerente general, no cesa, acusados de haber facilitado camionetas al régimen militar que gobernaba en 1976, a los supuestos fines de secuestrar personas en Jujuy, donde está radicado el Ingenio Ledesma.
Ambos fueron procesados por un juez subrogante de Jujuy bajo fuerte presión e intromisión del kirchnerismo y sus huestes, a tal punto que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, entre los numerosos nombramientos partidarios que efectuó, promovió para que actuara en dicha causa como fiscal subrogante a Pablo Miguel Pelazzo, un exabogado del CELS y militante de la agrupación Justicia Legítima, que había actuado en ese proceso como querellante. Su apartamiento se fundó en las irregularidades de su nombramiento y su actuación previa como acusador privado. Por lo demás, ningún documento ni testigo pudo vincular el presunto préstamo de camionetas con la compañía ni mucho menos con Blaquier o Lemos.
Blaquier ya cumplió 95 años. Peritos de parte, peritos oficiales de la Corte e incluso peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demostraron que se encuentra incapacitado para defenderse y afrontar un juicio, aquejado por una demencia que le impide discernimiento, lucidez y ubicación en espacio y tiempo. No obstante, la Cámara de Casación, con los votos a favor de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y de Guillermo Yacobucci en disidencia, frente a un pedido de la fiscalía, dispuso que la decisión de suspender el proceso era prematura y que debía hacerse un nuevo estudio médico. Entendieron que se vulneró una acordada de la Corte Suprema que establece que los estudios complementarios que puede aportar la persona peritada deben ser posteriores a la fecha de ingreso de la causa al cuerpo médico, desconociendo gravemente que así fue también en el referido caso. El Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó un nuevo peritaje, por realizarse este mes. Con claro ánimo de entorpecer y prolongar indebidamente el proceso, la fiscalía había pedido que lo realizara la Universidad de Buenos Aires y no el cuerpo médico forense de la Corte, como en todas las causas penales. Acceder al pedido constituiría otro nuevo abuso e irregularidad.
En esta Argentina en la que el fiel de la Justicia se muestra descalibrado a fuerza de venganza, odio y revanchismo, son muchos los presos políticos que reclaman por sus derechos. Más de 760 militares y civiles detenidos en los procesos reabiertos por lo ocurrido en los años 70 han muerto en cautiverio, la enorme mayoría sin condena firme. Muchos con prisiones preventivas por más de 6, 10 y 15 años, una tan improcedente como vergonzosa imposición de condenas ilegales anticipadas. Frente a las sentencias que no llegan, terminan cruelmente condenados a una pena de muerte encubierta. Más de 100 adultos de más de 65 años, que deberían estar excarcelados o con prisión domiciliaria, están recluidos en penales comunes, sin personal capacitado para brindarles la debida atención sanitaria, sujetos a riesgos innecesarios sobre su salud y su vida. Todo ello en contra de lo establecido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta y promovida por nuestro país, que obliga al Estado a asegurarles un trato preferencial protector de su salud y sus derechos, tanto en lo administrativo como en lo judicial. Martín Báez, condenado junto a su padre y hermanos por lavado de dinero, está con detención domiciliaria a sus 30 años mientras exmilitares de más de 65, 70 y hasta 80 años de edad, acusados por hechos acaecidos hace décadas, aguardan condena en las cárceles. El dato confirma el temor, la perversidad y el afán de mortificación que mueve a muchos querellantes y lamentablemente también a integrantes del Ministerio Publico Fiscal, que actúan de consuno con la actual Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y seudoorganismos de derechos humanos.
La ideologización de la Justicia, y muchas veces el temor de quienes deberían impartirla, tiene estas condenables y nefastas consecuencias que afectan los derechos y las libertades de ciudadanos que nunca debieron quedar privados del debido proceso penal. No nos cansaremos de denunciar que un relato falaz y un andamiaje judicial armado que atenta contra el principio de dignidad de la persona humana y las garantías constitucionales son parte del siniestro plan que desde el poder pretenden imponernos y que continúa cobrándose injustamente muchísimas vidas.
Violencia de género inversa
Habitualmente, hablar de violencia de género implica referirse a la que varones ejercen sobre mujeres, en la mayoría de las situaciones. Aunque sean menos los casos en que se produce en ataque inverso, es decir, de mujeres hacia varones, no podemos soslayarlo.
Hoy nos ocupa el caso de una mujer trans condenada a prisión perpetua por el crimen del hombre que fue su pareja, penada por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ensañamiento. Entendemos que la referida condena, pedida por el Ministerio Público y confirmada por la Cámara Criminal y Correccional de la Novena Circunscripción judicial y por un jurado popular, resulta absolutamente acertada.
La acusada, antes de dar muerte a la víctima, la ató y le propinó más de 20 lesiones con un cuchillo y un destornillador caliente para finalmente provocarle la muerte con tres golpes que le asestó en la cabeza usando una barreta de hierro.
La condenada adujo haber sido víctima de violencia de género, defensa que, a priori, se ha convertido en un clásico recurrente. Pero el Ministerio Público cordobés consideró contundente la prueba aportada y sostuvo que la violencia existió, pero al revés: de ella hacia su concubino, descartándose la alegada violencia de género tradicional. El caso es claro y se lo destaca para denunciar el abuso de la invocación de la defensa de la violencia de género, que, si bien es muy legítima, ha pasado a ser abusivamente esgrimida, cuando la doctrina que la sustenta se infiltra en todas las categorías jurídicas.
Nuevamente, sin descartarla en lo más mínimo, es necesario reservarla para cuando realmente se configure.
No debe convertirse en una suerte de muletilla útil en cualquier supuesto a la espera de que la adopte un tribunal complaciente.
La insoportable carga de las empresas estatales
El Estado debería dejar de prestar servicios que perfectamente puede brindar el sector privado y evitar así hacerse cargo de pérdidas millonarias
El conjunto de la sociedad debe aportar diariamente unos 20 millones de dólares para cubrir las pérdidas de las empresas estatales.
Ese aporte no se traduce en mejores servicios públicos. Tampoco es todo lo que deben soportar los contribuyentes por la intromisión de un Estado paternalista y populista. Deben sumarse los subsidios a empresas de transporte urbano y energía que el Gobierno se ve obligado a brindar tras haberles impedido ajustar tarifas en un contexto inflacionario. Hablamos de otros 24 millones de dólares diarios. Esta carga opera como un drenaje permanente que solo podría ser reducido mediante una adecuación de las tarifas. Aun así, es condición que los costos de las empresas prestadoras sean resultado de una operación eficiente, algo que la realidad histórica confirma como imposible. La privatización es el único camino eficaz. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) analizó la evolución de las tarifas y los costos de las empresas estatales, medidos a moneda de valor constante, durante los últimos veinte años. El período abarca la explotación privada y luego de las reestatizaciones, la operación estatal. Hay cinco empresas o servicios que concentran el 91% del total de las pérdidas: Trenes Argentinos, Ieasa (mercado eléctrico), Aerolíneas Argentinas, AySA y Correo Argentino. Para este conjunto, en promedio, las tarifas cayeron un 7% en términos reales entre 2001 y 2022, mientras que los costos aumentaron un 196% real en el mismo período. Puede así comprenderse la razón de las fuertes pérdidas actuales.
Observando lo ocurrido año por año, desde 2001 hasta hoy, surge con claridad cómo se asignan las responsabilidades. A partir de 2006, cuando la gestión Kirchner reestatizó esas empresas, y hasta 2015, las tarifas cayeron un 40% y los costos aumentaron un 38%, a moneda de valor constante. Hasta 2015, las plantas de personal aumentaron sin necesidad. El populismo se hizo ver en toda su potencia. La gestión de Mauricio Macri recuperó el nivel de tarifas, pero no fue igual de efectiva en la racionalización y la reducción de los costos de dichas empresas estatales. Sí se logró achicar los subsidios en un 40%.
Con el retorno del kirchnerismo al poder, desde 2019 las tarifas han caído un 35% y los subsidios aumentaron un 52%. No se ha podido concretar la intención de recuperar tarifas sin afectar al segmento de la población de menores ingresos. La segmentación ha resultado complicada y la inflación actual ha impedido reducir los subsidios. La experiencia argentina en gestión de empresas estatales es contundente: se vuelven ineficientes y deficitarias. Fue evidente la mejora de productividad de las empresas luego de ser privatizadas en los años 90. Hubo alguna excepción, pero la indiscutible conclusión es que el Estado es un pésimo administrador, en cuyo seno prospera la corrupción. Los contribuyentes, que son finalmente los que solventan la fiesta, quedan lejos de los responsables de las pérdidas, aumentando así el espacio para la improvisación y la corrupción.
Al costo de las empresas estatales debería sumarse el de las deseconomías externas que ellas generan. Las deficiencias en los servicios públicos implican mayores costos en el sector privado. ¿Cuántas horas de trabajo se pierden por transportes que no cumplen horarios? ¿Qué sobrecostos implica tener grupos generadores propios en previsión de frecuentes interrupciones del suministro eléctrico? ¿Cuánto les cuestan al Estado, y con él a los contribuyentes, las sentencias adversas por el mal manejo o el incumplimiento de contratos? Un caso paradigmático es el de YPF, que no hemos incluido en los números anteriores por ser una sociedad con participación privada. La estatización del control pasó por alto disposiciones estatutarias, dando lugar a un juicio en los Estados Unidos que le podrá costar al gobierno argentino algunos miles de millones de dólares. Por otro lado, los accionistas privados de la compañía han visto reducirse a un 20% el valor de sus acciones.
Sería importante que la entrega de fondos del presupuesto nacional a las empresas públicas esté atada al cumplimiento de ciertas reglas de buena gestión, como la presentación de un plan de reestructuración y de eliminación del déficit en un plazo determinado, cuyo incumplimiento genere la suspensión de los subsidios.
Del mismo modo, deberían considerarse distintas líneas de acción:
- Transferir total o parcialmente al sector privado las compañías energéticas; entre ellas, YPFe Ieasa.
- Transferir a las provincias o a los municipios otras empresas, tales como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Fabricaciones Militareso las radios universitarias.
- Negociar con sus empleados y las asociaciones sindicales que los representan la cesión de la propiedad de ciertas empresas a cooperativas de trabajadores.
- Evaluar el cierre total de empresas mal gestionadas que operan en un mercado que se ha transformado y las hace prácticamente inviables. El ejemplo de la agencia oficial de noticias Télames emblemático.
- Ganar eficiencia a través de la reconversión de empresas tales como AySA, exigiéndoles que financien sus gastos corrientes con sus propios ingresos. En otros casos, como los del Correoo de Aerolíneas Argentinas, deberían dejarse de lado iniciativas para competir en segmentos en los que solo han profundizado sus desequilibrios. La línea aérea de bandera, si no logra la incorporación de capital privado o algún esquema con los propios sindicatos, debería ser sometida a un proceso de reestructuración que empiece por eliminar las regulaciones que afecten a la competencia. En conclusión, el Estado debería excluirse de asumir en forma directa la provisión de bienes o servicios. Debería privatizarse, ya sea por venta o concesión, la infinidad de actividades que hoy lo ocupan.
No debe hacerse de este tema una cuestión ideológica ni menos aún argumentar ridículas razones de soberanía cuando esta reside principalmente en no requerir recurrentes ayudas financieras y no en el manejo de empresas deficitarias. A ello contribuiría que esas empresas sean de gestión privada para volverlas eficientes. Pasarían también a pagar impuestos y dejarían de recibir monumentales subsidios por la inoperancia de un Estado elefantiásico.
