“Estamos muy satisfechos: logramos evitar que se cierre un dispositivo de adicción y que los trabajadores puedan continuar su labor desde una lógica preventiva, bajo la órbita de SENAF”, dijo Leticia Lapalma, dirigente provincial de ATE al frente de la representación del sindicato durante la reunión.
“No habrá represalias ni descuentos por el ejercicio de huelga”, agregó la dirigente, y señaló que entre las partes se estableció un cronograma de mesas de trabajo a partir de febrero.
Los funcionarios también ratificaron frente al sindicato la decisión de no producir modificaciones en el régimen laboral de los operadores en ninguna delegación de la provincia tal y como lo habían intentado los coordinadores en algunas localidades.
El acta firmada estipula que los trabajadores que mantenían el conflicto y denunciaban el vaciamiento de dispositivos y programas, ahora prestarán servicios en la Agencia provincial para la Prevención y Asistencia ante el abuso de Sustancias y Adicciones que depende del Ministerio de Gobierno, aunque mantendrán su relación de dependencia con la SENAF.
Desde ATE se destacó que los operadores sociocomunitarios capacitados en adicciones ahora podrán elaborar propuestas e implementar políticas tendientes a garantizar un abordaje preventivo, promocional y comunitario de las adicciones con una cobertura universal que llegue a las niñas, niños, adolescentes y familias.
Por último, la entidad sindical señaló que trabajará en un modelo integral multidimensional en el marco de la reducción de daños.