Se trata de un expediente paralelo a la investigación inicial, pero que podría unificarse en la instancia de juicio.
En este caso, la Justicia investiga si la ahora vicepresidenta formó parte junto con funcionarios de su gobierno, entre 2007 y 2015, y el de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos de empresarios a los que se les direccionaban las licitaciones para quedarse con las millonarias obras públicas nacionales.
En este tramo, considerado como la “cartelización de la obra pública”, investiga si Carlos Wagner, dueño de Esuco y por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), acordaba con los funcionarios el reparto de las licitaciones a cambio de que las compañías pagaran coimas, según las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, exmano derecha de Julio De Vido, en el Ministerio de Planificación Federal.