Merced al financiamiento privado, el Gobierno prevé aumentar en un 50% la inversión en infraestructura durante 2018, en términos reales. Así lo anticipó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien precisó que la mitad de las obras públicas será financiada por el sector privado por medio de la ley de participación público privada (PPP), aprobada en noviembre pasado y que hará su debut en el proyecto de presupuesto de 2018.

En su informe de gestión ante el Senado, el miércoles pasado, Peña precisó que la inversión en infraestructura trepará al 3,5% del PBI el año próximo (actualmente es del 2,6% del PBI). Esto significaría un total aproximado de $ 350.000 millones para obras públicas; de esa cifra, la mitad -unos $ 175.000 millones, según el PBI de este año- provendría de fuentes privadas.

El círculo se cierra perfectamente para el Gobierno: gracias a la ley de PPP podrá mantener en alza la inversión en obra pública -un factor clave para dinamizar la economía-, sin engrosar el déficit fiscal, una obsesión de la gestión de Mauricio Macri.

El año próximo, los proyectos de PPP se focalizarán en la construcción de cárceles y hospitales, según informó la Jefatura de Gabinete, por un total de US$ 1342 millones. También se prevé aplicar este régimen en la construcción de obras viales, energéticas e hídricas, precisó Peña ante los legisladores.

La aplicación de la PPP significará todo un cambio de paradigma en el sistema de contratación de obra pública, donde actualmente es el Estado el que diseña, financia, paga y opera, y el privado sólo construye. Con esta nueva herramienta, la mayor ventaja para el sector público es que las obras serán financiadas por el sector privado y el Estado lo pagará en el tiempo, según la modalidad que acuerden en el contrato. De paso, el Gobierno difiere en el tiempo el impacto presupuestario del precio de la obra.
sabe la tierra

«El Estado podrá hacer grandes obras de infraestructura sin poner plata al principio, sino a lo largo de 20 o 30 años», exaltó el jefe de Gabinete en el Senado.

La mayoría de la oposición acompañó en el Congreso la sanción de la ley de PPP, luego que se incluyeran límites y controles a la aplicación de la herramienta, recordó el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador). Por caso, se puso un techo del 7% del PBI -a precios corrientes del año presupuestario anterior- a la erogación del Estado para los proyectos de PPP. Además, los pliegos licitatorios deberán promover, en sus pautas de selección del adjudicatario, criterios que determinen ventajas comparativas en favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas empresas.

El sector privado ve, al mismo tiempo, con cautela y optimismo la futura puesta en marcha de proyectos de PPP. La primera se debe a las condiciones en que históricamente se hicieron los negocios en la Argentina, en medio de incertidumbres de diverso tipo, entre ellas, cambiarias. Tampoco tiene en claro cuánto apego tendrá el país a los contratos que deberán firmarse para poner en marcha esas inversiones.

El optimismo, en tanto, viene dado por las nuevas condiciones que impuso la administración de Mauricio Macri a la relación con el mundo privado, más acorde a las prácticas que prefieren los hombres de negocios. A eso se suma el hecho de que la Argentina es uno de los países del continente con mayores necesidades de inversión en infraestructura, algo que ya comenzó a atraer desembolsos, por ejemplo, en energía.

Una comitiva de la IFC, el brazo del Banco Mundial que le presta dinero al sector privado, pasó esta semana por Buenos Aires. Entre otras cosas se interiorizó sobre los proyectos de PPP. Los tiene en cuenta al momento de otorgar créditos.
Las obras previstas

Según se indica en el informe escrito que repartió entre los legisladores la Secretaría de Relaciones Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Paula Bertol, el año próximo, la prioridad de los proyectos de PPP estará puesta en el sector de la seguridad y de la salud.

En efecto, se prevé la construcción de siete hospitales, por un costo estimado en US$ 492 millones, y de dos centros penitenciarios, la ampliación de otro, por US$ 850 millones. En este último caso se pretenden sumar 9624 nuevas plazas a las existentes.

La mayoría de estas obras está enclavada en la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal (Cambiemos). De los siete hospitales, cinco se erigirán en municipios que comanda el oficialismo -Mar del Plata, Quilmes, General Rodríguez, Alejandro Korn y Pilar-, mientras que el sexto es para Almirante Brown, que gobierna el kirchnerismo. Sólo un nosocomio se hará fuera de Buenos Aires: el Hospital Regional Norpatagónico, en Neuquén, que tendrá también financiamiento provincial.

Las tres cárceles provinciales que se harán con aporte privado también estarán en Buenos Aires: Ezeiza, Marcos Paz (en este caso se trata de una ampliación) y otra en un terreno por definir.

Ante los legisladores, el jefe de Gabinete enfatizó que también se buscará financiamiento privado para la inversión en energía, estimada en 2018 en $ 135.000 millones (un 35% superior a la de este año, precisó), así como para las obras hídricas. En este caso se prevé un costo de $ 53.000 millones, «de los cuales la mitad se financiará con capital privado».

«En infraestructura en agua potable y cloacas se invertirán $ 40.000 millones en 2018, y se prevén 38 proyectos con financiamiento privado», sostuvo.

La centralización normativa de los contratos prevista por la ley de PPP recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, a cargo del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne. Sin embargo, según se informó en el informe de la Jefatura de Gabinete, esa unidad aún está en construcción y «todavía no se están ejecutando inversiones bajo la modalidad de contratación vía PPP».

La Nación