El primer aspecto que se omite en los multimedios en relación a los acusados de dar muerte al joven Fernando Báez Sosa es la flagrante violación al derecho a la libertad ambulatoria porque superan el plazo de tres años con prisión preventiva, es decir, cumplen actualmente, de manera anticipada, una condena.

Sin embargo, esta situación procesal ilegal a nadie escandaliza; ni siquiera a los académicos y, mucho menos, a los leguleyos a quienes se consultan en los programas de televisión de mayor audiencia.

Otro tópico que se desconoce es el “estado jurídico de inocencia” aunque con total liviandad, buena parte del periodismo, se erige en magistrado de juicio y adelanta la aplicación de la máxima sanción prevista en el Código Penal sin detenerse en un análisis serio de otros “tipos penales”- verbigracia “Homicidio Simple” o “en riña” o “Preterintencional”- así como en los diferentes grados de participación criminal.

Se hacen eco del dislate que plantean los abogados de la víctima respecto a un presunto “cerco humano” para obstruir cualquier supuesta ayuda a Báez Sosa y concluir, con extrema ligereza, que los ocho involucrados exhiben idéntica responsabilidad.

Además minimizan quienes (des)informan, la existencia de una grosera vulneración a la “garantía de la defensa en juicio” suscitada al inicio de la investigación por parte de la fiscal al reconocer ésta que, simultáneamente, recibe diez declaraciones de imputados que concluyen en apenas veinticinco minutos aproximadamente.

Incluso instalan una única versión descalificando cualquier cuestionamiento técnico o matiz porque es más fácil argüir con facilidad parafraseando a los representantes de la vindicta pública en cuanto a que “aquí no hay roles, todos hicieron todo” (sic)

No obstante, estos esbirros de intereses económicos logran el principal objetivo de las reglas del mercado, esto es, el mayor consumo de la causa judicial -tanto en televisión como en diarios, papel y digital, hasta en las redes ¡en el mes de enero!

Hasta se muestra una foto del macilento Presidente de la Nación junto a los padres del ofendido con un cartel en el que se lee: “Justicia”, en un contexto en el que desde el Poder Ejecutivo se avasallan instituciones y se desprecian los fallos de tribunales.

Tampoco levantan la voz los profesores universitarios y especialistas, por lo menos con las energías que le proporciona la autoridad intelectual, tal vez por el temor de una lapidación pública de sectores interesados en un veredicto condenatorio, pero a la mayor punición.

La pregunta es entonces ¿a quién sirve una sentencia a encierro perpetuo a cuatro pares de muchachos?

La respuesta es evidente: a uno de los abogados de la querella quien sería candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el partido que lidera un desquiciado fundamentalista del capitalismo.

Ahora se entiende la lógica comunicacional de los “mega medios” que llevan a cabo la cobertura de este conflicto penal.

Campea la selectiva amnesia porque ninguno de los periodistas repara en que el letrado que hoy insulta a las madres de los acusados con adjetivos de barrabrava es el mismo vinculado a la tristemente conocida como “maldita policía” y defensor de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.

En definitiva, a estos grupos empresariales no les interesa el debate de fondo que es la violencia en la sociedad porque, precisamente, la generan, exacerban y legitiman, sobre todo, cuando de uniformados -especialmente “verde oliva”- se tratan.

Es que como enseña Michel Foucault: “únicamente aquello que nunca deja de doler se queda en la memoria” y enfatiza Friedrich Nietzsche: “ no miente tan sólo aquél que habla en contra de lo que sabe sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe”.

Dr. Gustavo Morales Abogado Penalista MP 3924