Si el Congreso sanciona la Ley Bases y se ratifica el DNU 70/2023, estarían dadas las condiciones para eliminar las restricciones en el mercado de cambios

El cepo cambiario es considerado, con razón, una rémora característica de un sistema económico enfermo. No es caprichosa la adopción de la palabra “cepo” para referirse al control gubernamental de la compraventa de divisas y del sistema de pagos con el exterior. El cepo era un artefacto policial que se utilizaba para inmovilizar la cabeza junto a las manos o a las piernas de personas apresadas. Debe aceptarse que se trata de una imagen desalentadora para cualquiera que tenga la intención de iniciar una actividad que deba lidiar con el cepo. Para un inversor es un elemento que no solo afecta la eficiencia, sino que introduce la discrecionalidad y aumenta el riesgo. El cepo cambiario, aplicado ya en más de cuarenta ocasiones en nuestra historia, implica discrecionalidad, imprevisibilidad y, seguramente, corrupción.

El control de cambios suele aparecer cuando se han aplicado previamente políticas intervencionistas y muy probablemente populistas. El impacto inflacionario de un crónico déficit fiscal lleva a caer en fracasados controles y congelamientos de precios. El ancla cambiaria forma parte de este folclore en el que inevitablemente el gobierno, a través de la autoridad monetaria, mantiene el precio oficial de la divisa por debajo del que resultaría libremente y que se expresa por su cotización informal. Nace la brecha cambiaria. Al no poderse controlar la inflación atacando sus verdaderas causas, resulta inevitable el crecimiento de esa brecha y el retraso cambiario. Aparece así el cepo. El gobierno obliga a los exportadores, al igual que a quienes obtienen un préstamo del exterior o traen dinero para invertir, a vender las divisas en el mercado oficial. Los importadores y quienes giran utilidades o devuelven préstamos o pagan intereses adquieren las divisas en ese mercado controlado. Naturalmente, se genera un fuerte incentivo para importar y también por sobrefacturar compras en el exterior, para obtener de esa manera la mayor cantidad posible de dólares baratos. Los exportadores, a su vez, subfacturan o triangulan sus ventas al exterior tratando de liquidar oficialmente la menor cantidad de divisas. Comprarle dólares baratos al Banco Central y no vendérselos se convierte en un deporte nacional. La consecuencia es un déficit creciente en el balance de pagos y el agotamiento de las reservas internacionales. La reacción del gobierno es poner crecientes trabas a las importaciones y a cualquier acceso al mercado oficial de cambios, mientras tanto la brecha cambiaria crece de todas maneras.

El impacto inflacionario de un crónico déficit fiscal lleva a caer en fracasados controles y congelamientos de precios. El ancla cambiaria forma parte de este folclore

Los instrumentos de nuestro más reciente cepo han sido diversos: los permisos previos y la autorización de la AFIP, el tope máximo de 200 dólares para compras de ahorro, el 30% del impuesto PAIS, la presentación de las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), las Sirase (servicios), el registro en la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce), la obligación de pagar a plazos, etcétera. Según cual fuera el camino al dólar, surgieron distintas cotizaciones tales como el dólar blue, el MEP, el contado con liquidación, el dólar turista, el solidario y los llamados Netflix, Coldplay o Qatar. No es difícil imaginar la desorientación de un turista o un inversor extranjero ante semejante madeja.

Mauricio Macri desmontó el cepo en los inicios de su gestión, aunque debió nuevamente introducir restricciones luego de la corrida cambiaria de abril de 2018 y, particularmente, cuando el resultado adverso de las elecciones primarias de agosto de 2019 detonó una crisis de confianza. El advenimiento de un nuevo gobierno kirchnerista retomó la senda del desplome de la confianza, con creciente déficit fiscal y desequilibrio externo. Se acentuó el cepo y creció la brecha cambiaria, impulsando el agotamiento de las reservas y el riesgo país. El final de la gestión de Alberto Fernández, con reservas negativas y la huida del dinero, dejó el país en las puertas de la hiperinflación. El objetivo prioritario del nuevo gobierno fue evitarla y eso explica que en el marco de un programa de liberalización y desregulación se impusiera la prudencia en el desmantelamiento del cepo. No solo no había reservas, sino que se había acumulado una deuda comercial privada que superaba los 50.000 millones de dólares y se debían enfrentar pagos al FMI y otros acreedores. El DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei dice que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá establecer prohibiciones o cupos a las exportaciones ni importaciones por motivos o fundamentos económicos”, pero pese a ello se han mantenido las restricciones cambiarias.

Durante la actual gestión, se ha ido pavimentando el camino para hacer posible levantar el cepo

En el contexto de un fuerte ajuste fiscal y una devaluación cambiaria, las importaciones en el primer trimestre disminuyeron el 24% y las exportaciones aumentaron el 9%. Así se logró un importante superávit comercial. La corrida especulativa hacia las divisas se detuvo y cayó la cotización del dólar en los mercados no controlados. La brecha cambiaria bajó del 100% al 15% y el riesgo país, de 2500 a menos de 1300 puntos básicos. En este contexto el Banco Central recuperó reservas y a fines de abril ya había salido de los valores negativos. La temida espada de Damocles que suponía una rápida cancelación de la deuda comercial se manejó a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

Una muy importante disposición del DNU 70/23 que apunta a la libertad de monedas es la modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. La convalidación del DNU 70/23 por la Cámara de Diputados, así como la aprobación por el Senado de la llamada Ley Bases, que ya cuenta con media sanción, serían dos pasos necesarios para dar marco a una libre flotación de la divisa en un mercado único y verdaderamente libre. La reducción de la brecha convalida la percepción de que no habría un salto del tipo de cambio que ponga en riesgo la convergencia hacia la estabilidad monetaria. Se ha ido así pavimentando el camino para hacer posible el levantamiento del cepo cambiario.

La confianza, como elemento esencial de este cuadro, deberá cuidarse no produciendo episodios políticos innecesarios en el clima tenso de un ajuste imprescindible, pero que implica sacrificio y reclama paciencia. Será el Gobierno quien decida esta medida, pero puede afirmarse que si el Congreso convalida con su aprobación y sanción los instrumentos que se le han propuesto, las condiciones y la oportunidad para eliminar el cepo estarán dadas.

LA NACION