La Corte Suprema respondió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que la acusó de no aplicar la Ley Micaela, de capacitación en materia de género, y dijo que el Poder Judicial no asumía «la necesidad de deconstruirse». La Corte, a través de su presidencia, dio a conocer un comunicado en el que afirmó que «lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial», con un proyecto «inédito en el mundo» y reconocido por Naciones Unidas.
«En abril de 2009 este Tribunal creó la Oficina de la Mujer (OM) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la Dra. Carmen Argibay. Actualmente se encuentra a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, junto a otra de las oficinas pioneras y modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona desde el año 2008», afirmó la Corte.
En cuanto a la cuestión puntual de la capacitación, el tribunal le recordó al Presidente que cuenta desde 2010 con «el taller de Perspectiva de Género, de 16 horas cátedra, que fue validado por Naciones Unidas y declarado como buena práctica por la Organización de Estados Americanos».
El taller -añadió la Corte- fue resaltado en los fundamentos del proyecto de la Ley Micaela, que destacaron que «además de ser utilizado para los Poderes Judiciales, lo fue para la capacitación de personal legislativo, fuerzas de seguridad, docentes, abogadas/os de la matrícula» y que esas capacitaciones «podrían constituir una base sobre la que los organismos podrían trabajar, haciendo algunas adaptaciones».
Ayer por la mañana, Alberto Fernández apuntó contra el Poder Judicial al referirse a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y aplicar la Ley Micaela en los tres poderes del Estado. «Si la Justicia no entiende la dimensión de esto y no quiere asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema», dijo. «El Poder Ejecutivo y el Legislativo ya ha avanzado en implementarla y respetarla y generar conciencia sobre la igualdad los derechos de la mujer.»
Según Fernández, la Corte Suprema no lo hizo. «Esta rémora la tenemos en el Poder Judicial lamentablemente, y es importante que entienda el problema del que estamos hablando, porque ellos van a juzgar a los victimarios. Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema».
La Ley Micaela, sancionada en 2018, establece un programa de capacitación obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Antes de la Ley Micaela
La Corte remarcó que en 2017, «antes de la sanción de la Ley Micaela», la Oficina de la Mujer «propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación de impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inédito en el mundo» y que esa evaluación determinó que «la problemática de género ingresó a la agenda de la población del Poder Judicial» y destacó «la capacidad del taller de instalar los temas de género como relevantes para la vida del día a día».