Redoblemos la lucha contra la impunidad de los curas abusadores y por la separación de la iglesia del Estado.
Finalmente, la corte de justicia Salteña definió la situación del cura abusador José Carlos Aguilera. Con un voto dividido de 5 a favor y 4 en contra se le otorgó la prescripción de los abusos cometidos en la década del 90. El fallo puede beneficiar a otros curas como Emilio Lamas, que también pidió la prescripción ante la corte.
El fallo se conoció a cinco días de la condena a Rosa Torino, aunque ya estaba decidido desde el 16 de junio. La corte interpretó que la prescripción ya fue tomada como un criterio en fallos anteriores, cuando la denuncia se realiza fuera de los términos punibles. Se basan en un fallo de este año, contra un hombre que cometió abuso sexual con acceso carnal continuado y agravado por la convivencia y abuso sexual gravemente ultrajante contra menores de edad. Sin embargo, no es asimilable al caso Aguilera, ya que no se trata de un miembro de la iglesia. Además también consideró como válido el criterio ya tomado por el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación número 2, Adolfo Figueroa, que había dictado el sobreseimiento de Aguilera, imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple”, cuando consideró la causa extinta por el tiempo transcurrido.
El abogado de Aguilera, Juan Casabella Dávalos, dijo sobre las denuncias: “es falso, son acusaciones de la década del 90, de muchachos que ya eran jóvenes adultos de 17 y 18 años. Ellos mismos declararon que denuncian porque el Papa dice que denuncien estas cosas y que no los afectó, pero que denuncian para que a alguien más no le pase una cosa así. Dicen expresamente que no tienen secuelas” (El Tribuno, 13/7).
El abogado no niega que hayan ocurrido los abusos, y también se expresó en otras entrevistas denunciando que es una movida orquestada por el arzobispo Cargnello, porque Aguilera sonaba como su sucesor. Es decir que se conocieron los abusos por una suerte de interna clerical. En otras entrevistas incluso exigió tener el mismo trato que Zanchetta, quien está bajo la directa protección del Papa Francisco, y que, cuando tiene que presentarse ante la justicia, viene con un abogado particular y otro puesto por el Vaticano.
Interna o no, hacia el interior de la iglesia, lo que queda claro es que la justicia salteña está al servicio de esas inmundicias. El fallo de la corte contó con 5 votos a favor, el de Fabián Vittar, Teresa Ovejero Cornejo, Guillermo Poliotto, Pablo Arancibia y Virginia Haydee Solorzano. Los últimos tres son jueces ad hoc, en reemplazo de Guillermo Catalano, María Alejandra Gauffin y Sandra Cristina Bonari Valdéz, que se excusaron por tener relación de amistad con Aguilera, ya que era el capellán de Universidad Católica, donde también ejercen como docentes.
Si a alguien no le queda claro por qué es necesario separar a la iglesia del Estado, el ejemplo salteño es el más claro. Por eso mismo el Estado no quiere dictar derecho, trabajo social y psicología en la universidad pública, y le dio ese monopolio a la universidad católica. Eso explica, en parte, los fallos reaccionarios de los tribunales de todo el territorio salteño.
FUENTE IZQUIERDA DIARIO
