Programa Sin Fronteras 24 de junio de 2022
Mapuches arriaron la bandera argentina para izar el Wajmapu
La Universidad dio asueto para la conmemoración del año nuevo y permitió izar la bandera mapuche, pero en Viedma hubo un tenso cruce. En distintas sedes de la Universidad Nacional del Comahue se izó esta semana la bandera mapuche para conmemorar el Wiñoy Xipantu, el inicio de un nuevo año mapuche. La iniciativa generó polémica y cobró relevancia a nivel nacional, con discursos a favor en contra.
El pico de tensión se registró en Viedma, con un repudiable accionar de la comunidad mapuche encargada de izar su bandera. Según aseguró el docente y miembro de la organización universitaria Kizu Iñciñ Pedro Carimán, los actos para izar la bandera mapuche fueron para “visibilizar una ausencia que está naturalizada en la institución universitaria como también en otras».
La Universidad respaldó el pedido de las agrupaciones mapuches y dio dos días de asueto académico para la realización de la festividad, lo que le valió críticas de espacios políticos nacionales como el PRO. Carimán defendió la iniciativa y aseguró: “Los símbolos de las naciones preexistentes a los Estados tienen derechos de ser puestos en uso. Los pueblos que hablan lenguas distintas y habitan un mismo espacio territorial tienen derechos a ser escuchados y a poder hacer uso de sus símbolos. Es un derecho básico y democrático”, manifestó.
En Viedma, sin embargo, al izar el Wajmapu, los referentes mapuches utilizaron el mástil principal de la sede universitaria y arriaron la bandera argentina. Ante el reclamo de las autoridades universitarias, negaron un acuerdo previo para utilizar un mástil alternativo y hasta les pidieron «que se retiren» para continuar con su ceremonia.
Estamos mal, pero sin cambios estaremos peor
El discurso de Cristina Kirchner carece de respuesta para las preguntas más elementales y pretende desconocer las verdaderas razones de la inflación
Casi dos décadas de fatigas intelectuales para descifrar el sentido racional de los discursos de la señora Cristina Kirchner sugieren acotar el interés periodístico a lo que tengan de información pura y mitigar el entusiasmo por la enésima interpretación de lo que pretendió decir. Por más que esos discursos siempre exuden una invariable e inagotable mitomanía, siempre habrá quienes propendan a constatar si se trata de la misma persona de siempre y si ha evolucionado en un sentido o en otro.
El discurso que la vicepresidenta de la Nación pronunció el Día de la Bandera es idéntico, en lo esencial, a lo que ha dicho en infinidad de otras oportunidades, más allá de que en este caso haya habido un mandoble para quienes conducen las organizaciones piqueteras que ella alentó en otro tiempo y que ahora parecen responder menos de lo que esperaba a sus dictados. No hay motivos para sorprenderse: los beneficiarios profesionales de la política son habitualmente los primeros visionarios de la decadencia de los procesos políticos. Habrá que seguir esa controversia: puede ser el síntoma de una nueva disociación en los estratos múltiples de un oficialismo en cuyos tropiezos la vicepresidenta ha gravitado tanto o más que el primer mandatario. A este tiende a protegerlo el aura de curiosa inimputabilidad de la que ha logrado impregnar a su figura la incapacidad para asumir compromisos que duren más de unas pocas horas.
La política ha agotado los instrumentos hermenéuticos para explicar la mitomanía de la vicepresidenta. Queda a sus adeptos el consuelo de desentrañar si hay respuestas y posibilidades de cambio, por vía de la psicología y de otras prácticas de naturaleza diferente de las que se aplican en la vida cívica. Pero el país todo, con los oficialistas, los opositores y los ciudadanos del común absortos y aunados en un temor compartido, observan el riesgo de que la precariedad económica, social y política de la actual situación se agrave en términos todavía más estruendosos. La vicepresidente habla de un “festival de importaciones”, pero no indaga sobre qué relación tendría este con el absurdo retraso del valor del dólar oficial. El proyecto de impuesto a la llamada “renta inesperada”, gestado en la línea recta del Instituto Patria a la Casa Rosada, es el ejemplo vivo de que quienes gobiernan están orgánicamente incapacitados para hacerse cargo de la realidad. Lo prueba un trabajo de la Fundación Libertad y Progreso sobre datos de la American Tax Foundation. Por sobre el impuesto del 35% a las ganancias netas imponibles, los gobernantes pretenden aplicar, además, una alícuota del 15% a las empresas que hayan superado los 1000 millones de pesos. Cristina Kirchner dice que hay países como Francia y Dinamarca que establecen gravámenes superiores a los de la Argentina. Puede ser cierto. ¿Pero, acaso, los empresarios de esos países trabajan en una atmósfera de sobresaltos diarios por la modificación de reglas como los que se padecen en la Argentina? ¿La seguridad física de esos empresarios y de sus trabajadores está jaqueada en mayor medida que aquí? ¿O en alguna región de esos países el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza y es contestado violentamente como lo han hecho estos días los forajidos que en nombre de supuestos pueblos originarios quemaron instalaciones públicas? La ciudadanía, atónita, ha tomado entretanto nota del izamiento de una bandera mapuche en la Universidad del Comahue.
¿Qué infraestructura propia de un Estado moderno brinda la Argentina a fin de facilitar la logística de sus empresas? ¿Es comparable esa infraestructura con la precariedad de comunicaciones que ha provocado hasta el despoblamiento de enormes espacios rurales del país?
El discurso de la vicepresidenta carece de respuesta racional para las preguntas más elementales. Si el costo de la energía que se importa en condiciones de encarecimiento brutal para el país pudiera neutralizarse –como en rigor se pudo en 2006 con saldos energéticos disponibles–, y aún más, llevarnos a ventas extraordinarias al mundo del gas de Vaca Muerta, ¿por qué no se ha hecho el gasoducto por el que clama la lógica más elemental y lo transportan allí donde sería distribuido con múltiples destinos? ¿Será porque no ha habido dinero suficiente para que el Estado actúe? Es probable, pero tampoco había recursos nacionales suficientes en el siglo XIX para articular el 
servicio ferroviario que modernizó el país. No había dinero, pero sí una confianza irreductible en la palabra de sus gobernantes. Estimularon así que capitales extranjeros eficientes se ofrecieran a realizar obras a cambio de concesiones para su aprovechamiento. En todas las épocas abundaron en esta tierra los improvisados cantores del “vivir con lo nuestro”, y así nos fue, a fuerza de macaneo. Un país quebrado por la impunidad de la corrupción pública renuncia a un destino de grandeza. Como la vicepresidenta es propensa a citar a los franceses, fue oportuno que un economista recordara estos días que cuando Francia dispuso un impuesto a las grandes fortunas recaudó 2600 millones de euros, pero 125.000 millones de euros se fugaron a destinos más seguros. ¿No lo hizo Néstor Kirchner, águila codiciosa, cuando era gobernador de Santa Cruz y cobró unos 500 millones de dólares por regalías que dieron vueltas por casinos financieros del mundo, asunto sobre cuya rendición final de cuentas campea aún más niebla que claridad?
La resistencia cristinista a aceptar las verdaderas razones de la inflación que agobia sigue en los trece que la caracterizan: negar importancia al exorbitante gasto público consolidado, que del 27% del PBI a comienzos de la era Kirchner ha pasado al 47%, o a las causales reales del deterioro del déficit fiscal. ¿Culpa del Covid y de la invasión no provocada de Ucrania por Rusia? Sí, han sido esos factores causales de que el mundo tiemble más hoy que años atrás. Pero el mundo tiembla por una inflación del 8%, mientras en la Argentina la inflación es diez veces más alta. ¿Cuántos países deben pagar intereses con el sobrecargo de un riesgo superior a los 2200 puntos, como el nuestro?
La Argentina se halla entre los diez países con mayor presión tributaria. Esa presión subió 12 puntos del PBI en las últimas dos décadas, y si lo recaudado no alcanza, es porque la economía negra acrecienta lo que se escurre por un barril sin fondo y porque el gasto descontrolado del Estado tampoco encuentra límite. Nada alcanza para quien dilapida; pruébenlo en los hogares.
La vicepresidenta habla de un “festival de importaciones”. Pero elude indagar qué relación tendría ese supuesto festival con el absurdo retraso en el valor del dólar oficial. De hecho, se ha señalado también que lo que más se importa es, precisamente, energía. Ha ignorado, además, que salvo casos excepcionales la industria moderna está integrada en el mundo según especializaciones. No solo los automóviles producidos aquí, con autopartes extranjeras que según los modelos componen entre el 60% y el 70% de las unidades; también, los electrodomésticos, y aunque parezca mentira, hasta las zapatillas. ¿Dónde suelen hacerse las suelas, dónde las capelladas de grandes marcas?
Estamos mal y podemos estar mucho peor. Pero la mentira y el relato descarado no han servido nunca, y menos hoy, para argumentar con responsabilidad sobre la marcha de la economía. Tampoco para convencer a jueces probos de que un país quebrado por la impunidad de la corrupción pública renuncia a un destino con grandeza.
Una lección de derecho para Cristina Kirchner
Con el rotundo fallo de la Corte contra los absurdos reclamos de la vicepresidenta para obturar la causa Vialidad queda despejado el camino hacia el juicio oral
El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desechando todos los recursos presentados por la vicepresidenta para entorpecer el avance de la causa denominada Vialidad, en la que se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita en perjuicio del Estado, es sumamente trascendente por varios motivos.
El primero, porque no hubo fisuras entre los miembros del más alto tribunal del país para dejar en claro que, contrariamente a lo que pregona Cristina Kirchner, no ha hay ningún tipo de lawfare, es decir, de utilización “con fines políticos e impropios” del expediente en que se encuentra sospechada de haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz para beneficiar al seudoempresario Lázaro Báez. Muy por el contrario: el fallo sostiene, sin medias tintas, que esas inferencias de la vicepresidenta son “meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa”. Mediante un fallo unánime, la Corte ha echado por tierra la existencia de un supuesto lawfare para perjudicar política y judicialmente a la vicepresidenta y ha dejado en claro que, por más rango e importancia que tenga un funcionario, su juzgamiento aporta ejemplaridad a las instituciones del país. En segundo término, porque con un lenguaje tan llano como directo, la Corte deja en claro que “el hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional” no afecta las instituciones del país, como ha dado por hecho la principal imputada en el expediente. “La gravedad institucional no se relaciona con la influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito”, dijeron los jueces ante la constante e injustificable victimización de Cristina Kirchner. Todos somos iguales ante la ley, ocupemos el cargo que ocupemos, ha sido el mensaje.
Y, en tercer lugar, porque a la hora de denunciar un caso de persecución penal múltiple al haberse archivado por inexistencia de delito una causa similar donde se habían denunciado irregularidades de las licitaciones de Lázaro Báez en Santa Cruz, la Corte le respondió que en la causa Vialidad “hay una imputación concreta contra funcionarios nacionales por su presunta participación en un plan delictivo encaminado a perjudicar directamente a la Nación” y que, además, ella ni siquiera figura en aquel expediente que menciona, por lo que mal podría hacer ahora el referido planteo. Fue también una clase de derecho la que dieron los ministros de la Corte a quien se ha venido jactando de ser una abogada exitosa ya absuelta por la historia. Hace pocos días, en auxilio de Cristina Kirchner, la Oficina Anticorrupción había dejado de ser querellante en la causa Vialidad, una defección que no puede entenderse de otra manera que no sea para intentar garantizarle impunidad. Tampoco pueden dejar de reprocharse los arteros ataques que reciben los jueces de la Corte por parte del presidente Alberto Fernández, quien hace tiempo que viene haciendo suyos todos los falaces argumentos judiciales de su mentora política. Con el contundente fallo de la Corte, que también rechazó por unanimidad las apelaciones de las defensas de Carlos Kirchner, Julio De Vido y del propio Báez, en las que se plantearon cuestiones vinculadas a recusaciones, medidas de prueba, cosa juzgada e incompetencias, ha quedado despejado el camino para que el tribunal oral juzgue y decida sobre la causa que investiga si quienes debían llevar adelante los destinos del país usaron el Estado para beneficio propio. En otros términos, se juzgará si hubo corrupción del kirchnerismo en la utilización de dineros de todos los ciudadanos para beneficiarse y favorecer a los amigos del poder.
Cabe celebrar esta indiscutida muestra de independencia de nuestro alto tribunal, toda vez que los intentos por subordinarlo a los caprichos de impunidad del poder pretenden jaquear la institucionalidad de la república.
Será un fallo trascendente en una causa clave pues, como ha ratificado la Corte, todos somos iguales ante la ley.
