Programa Sin Fronteras 7 de junio de 2022
DIA DEL PERIODISTA
Justicia e igualdad de derechos
Se siguen sucediendo graves discriminaciones en el juzgamiento y el tratamiento de los acusados por delitos de lesa humanidad
Entre los muchos temas que agobian y preocupan a los ciudadanos, el de la Justicia se encuentra entre los primeros del ranking. Como sujetos de los derechos que el acceso a la Justicia debe garantizarnos –y que deberían encolumnarnos, sin diferencias, detrás del modelo republicano que fija la Constitución– preocupa que instituciones que agrupan a abogados deban accionar para reclamar respeto a la igualdad de derechos.
Representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y de Puentes por la Legalidad elevaron un petitorio y se reunieron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; su vicepresidente, Mariano Borinsky, y el secretario general del tribunal, Juan Montesano Rebón. El pedido se funda en la “grave discriminación en el juzgamiento y trato recibido por los acusados de delitos de lesa humanidad”, del que nos hemos ocupado desde este espacio en reiteradas ocasiones. En los pasillos de los tribunales federales es sabido que las causas llamadas de “lesa” –en la jerga tribunalicia– corren por circuitos claramente separados del resto, con carpetas que se identifican hasta visualmente de manera distintiva. Que en la década del 70 organismos del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos no habilita a que quienes son acusados por delitos de lesa humanidad vean conculcados aquellos derechos fundamentales que la Constitución Nacional asegura a todos los ciudadanos, sin distinciones, en un juicio.
Las condenas a militares llegan habitualmente sin que se cumplan las condiciones del debido proceso, sin indagatorias que posibiliten su defensa en juicio, sin que se les concedan eximiciones de prisión, excarcelaciones o detenciones domiciliarias a mayores de 70 años, violándose así expresas disposiciones de la Convención Interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores, que exige un trato preferencial para ese grupo vulnerable de personas tanto en lo administrativo como en lo judicial. Mientras que el promedio de duración de la prisión preventiva durante el proceso en delitos comunes no supera 1,4 años, en los procesos por delitos de lesa humanidad el promedio es de más de 6 años, con casos de prisiones preventivas de 10 y 15 años. La deformación procesal que instaura carriles diferenciales con claro sesgo ideológico se remonta a 2003, cuando Néstor Kirchner llegaba al poder. Para aumentar su escaso caudal electoral, hábilmente construyó un discurso dirigido a captar el favor de los simpatizantes de las organizaciones extremistas de izquierda en aquellos años duros de la llamada “guerra sucia”, ávidos de favores tanto como de fondos. Los indultos decretados para ambas partes en tiempos de gobierno constitucional quedaron sepultados por un nuevo status quo que, a partir de un relato falaz y sesgado de los hechos, reivindica el violento accionar de los llamados “jóvenes idealistas” e invisibiliza a miles de víctimas del terrorismo. Ya no tan jóvenes ellos, pero sí muchos de sus seguidores, se sumaron así activamente al gobierno, creando una superestructura normativa y judicial a los fines de juzgar sin imparcialidad a uniformados y civiles tras pasarlos por un tamiz de indudable conveniencia política. Así es como en el año 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que reemplazó a la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos creada en 2008. Habida cuenta de la lentitud con que se mueve nuestra Justicia, entre sus principales objetivos, enunciados sin ambages en su página web, la PCCH menciona, entre otros, el de fijar criterios respecto de cómo deben proceder los fiscales para evitar dilaciones, alimentando anomalías legales que llevaron a convalidar procederes irregulares en todos los tribunales federales en los que recayeron estos juicios en todo el país. Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente por el poder político y con “procedimientos de derecho penal especial” para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Cualquier intento por devolver las cosas a su justo cauce se da de bruces con una realidad que desborda arbitrariedades. Si una valiente fiscal como Cecilia Goyeneche no suscita los apoyos necesarios para permanecer en su cargo, las denuncias sobre verdaderas “usinas de generación de juicios” ligadas a la actuación de militares en los ‘70 no deberían sorprendernos.
A partir de fines de 2021, se volvió imperioso mantener la cohesión de la coalición gobernante ante la migración de sus componentes más radicalizados. Desde la Secretaria de Derechos Humanos, conducida por Horacio Pietragalla, se estructuró un Plan Estratégico de acción para promover nuevos ordenamientos y acelerar las causas pendientes o generar nuevas causas que avivaran la adhesión de sus cuadros. Se busca así desde esta secretaría poner en evidencia la supuesta inacción en tiempos de la anterior gestión de la Comisión Interpoderes, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, algo que ya se había manifestado en octubre de 2020, en carta al doctor Carlos Rosankrantz, su entonces presidente, advirtiendo que por considerar “oportunista” el llamado a una nueva reunión después del cambio de gobierno, la secretaría declinaba participar.
Entre otras cuestiones, el Plan Estratégico incluye sumar nuevas representaciones en casos puntualmente elegidos, reanudar investigaciones y generar pruebas mediante la conformación de un equipo de peritos públicos propios de la secretaría, en forma paralela a la Justicia. El petitorio elevado al que nos referimos describe esto expresando que “organismos querellantes de derechos humanos con miembros de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad del Ministerio Fiscal, crean nuevos casos con testigos militantes –muchos de ellos indemnizados con sumas millonarias por el Estado–, cuya demora en haber revelado los supuestos nuevos datos y omitido su existencia en anteriores declaraciones nunca es tomada en cuenta y se les otorga plena credibilidad en los juicios”. Cabe recordar la cantidad de funcionarios de frondoso prontuario terrorista o de vínculo familiar estrecho con quienes intentaron tomar el poder ejerciendo la violencia indiscriminada en la década del 70 e incluso en tiempos de gobierno constitucional involucrados en las nuevas ediciones de un mismo plan. El espíritu de venganza a más de cuarenta años de los hechos se reaviva así año tras año con nuevos juicios y condenas en interminable sucesión, ahora al servicio de mantener la debilitada cohesión del actual Gobierno, disfrazando las verdaderas razones detrás de una política criminal y de clara persecución penal tan ideologizada como arbitraria.
La Corte Suprema acaba de advertir en un lúcido y trascendente acto en Rosario, que el más importante flagelo que sufre nuestra sociedad es el narcotráfico, cuyo poder se extiende dramáticamente en las grandes orbes. Los escasos recursos de la Justicia Federal argentina debieran encaminarse decididamente a solucionar los graves problemas del presente que sufre nuestra sociedad, y los jóvenes en particular, en lugar de continuar juzgando a las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por hechos ocurridos hace medio siglo.
Celebramos la disposición del magistrado Slokar a escuchar los justos reclamos y trasladar las inquietudes al pleno del tribunal. La audiencia constituye un valioso precedente. Incurrir en manifiesta violación de los principios constitucionales más elementales como el de igualdad ante la ley a la hora de administrar justicia deja en evidencia la preocupante dependencia del poder político de muchos de sus integrantes.
Una Corte de 25 jueces, otro disparate en busca de impunidad
Oscuros propósitos guían la insensata, inoportuna y funesta iniciativa del Presidente y de 13 gobernadores para ampliar el número de miembros del máximo tribunal
La ampliación de la Corte Suprema de Justicia de cinco a 25 integrantes que han acordado impulsar el presidente Alberto Fernández y un grupo de 13 gobernadores provinciales peronistas no solo resulta inconveniente e inoportuna. Es también grotesca, al tiempo que la premura con la que el Gobierno pretende avanzar en esta reforma no deja mayores dudas acerca de los oscuros propósitos que persigue.
Desde principios de año, por orden de una vicepresidenta de la Nación ofuscada por el fallo de la Corte que anuló las inconstitucionales reformas que su anterior gobierno había impulsado en el Consejo de la Magistratura, un sector del Gobierno redobló los ataques al máximo tribunal, con proyectos que se canalizaron en dos comisiones del Senado, la de Justicia y la de Asuntos Constitucionales. El objetivo, como ya lo señalamos desde esta columna editorial, está tan a la vista que resulta obsceno. No es otro que la desesperación de la expresidenta por copar el tribunal con cortesanos propios y así evitar una o más condenas firmes en las diversas causas en las cuales se la investiga por corrupción. Para camuflar la real causa del aumento de miembros de la Corte, se argumentan cuestiones de género –más ministros para incorporar mujeres–, de federalismo –más ministros para “representar” a todo el país– y también la carga de trabajo que tiene el alto tribunal, la necesidad de renovarla y la mala imagen de la Justicia en la población.
Naturalmente, si se piensa que en buena parte esa mala imagen obedece a una generalizada percepción sobre la politización de los jueces y su insuficiente independencia, con esta nueva propuesta esas supuestas falencias se agravarán. Entre los proyectos que se barajaron, el Presidente y los gobernadores parecen apoyar el sugerido por el doctor Eugenio Zaffaroni de aumentar a 25 el número de ministros –uno por cada provincia y la CABA, además de uno definido por el gobierno nacional–, un nutrido y ralentizador sistema deliberativo para llegar a una sentencia judicial. Paradójicamente, una de las impulsoras de la ampliación, la propia Cristina Kirchner, allá por 2006, propuso bajar de nueve a cinco el número de miembros de la Corte, cosa que finalmente ocurriría. Y en 2016, cuando todavía estaba en el llano, Alberto Fernández advertía públicamente que el alto tribunal debía tener cinco jueces, al tiempo que refutaba los argumentos zaffaronianos para incrementar ese número y dividir a sus magistrados en salas. Los operadores del cristinismo en el Gobierno encontraron el momento propicio para seducir a los gobernadores peronistas con la idea de reformar la Corte. La trivial propuesta cobró un inusitado impulso cuando, la semana pasada, un grupo de 16 gobernadores peronistas expresó su preocupación por la posibilidad de que el máximo tribunal de la Nación atendiera el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reducción de fondos de la coparticipación. Los firmantes ratificaron su acatamiento a la Constitución y su vocación republicana, sin disimular su actitud amenazante hacia la Corte ni las insinuaciones de eventuales juicios políticos a sus miembros si le dieran la razón al gobierno porteño. Reconforta la negativa a sumarse a esta desmesura por parte de dos relevantes gobernadores peronistas, como el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, quienes consideran que no se puede avanzar en proyectos de tamaña importancia sin la oposición.
No hay argumentos técnicos que avalen la necesidad de aumentar la cantidad de ministros. Mucho menos de oportunidad. Aun entre los que propician los cambios no hay coincidencia: por ejemplo, en la Comisión Beraldi, entre sus 11 integrantes, se produjeron cinco dictámenes diferentes.
La discusión no debería pasar por el número de miembros de la Corte, sino por el mantenimiento de su independencia, sin apremios ni presiones políticas, y por la necesidad de contar con jueces idóneos y honestos, y no con amigos del poder.
La idea de la federalización de la Corte es otra falacia, en tanto la voluntad de las provincias en la integración del alto tribunal se expresa en el acuerdo del Senado al candidato o candidata, y el hecho de que este cuerpo históricamente no haya cumplido bien con esta magna obligación no autoriza reforma alguna: las provincias ya participan en la integración del tercer poder. Y, en esencia, en un tribunal de justicia como nuestra Corte lo que prima es la estricta aplicación de la ley que se descuenta que ha sido dictada atendiendo los intereses regionales y provinciales por ambas cámaras del Congreso que representan una al pueblo de la Nación, y la otra a las provincias. No cabe agregar nuevas revisiones con otros sesgos o visiones. En verdad, lo que debe prevalecer en la elección de los integrantes de la Corte no es su pertenencia regional, sino su estatura moral y su versación jurídica.
No es la única insensatez: también está el disparate del senador Oscar Parrilli de organizar un plebiscito o consulta popular sobre este tema.
El Poder Judicial y su cabeza, la Corte Suprema, como garante de la constitucionalidad de las leyes, es el poder permanente que enlaza las administraciones que periódicamente se suceden en los otros poderes. Contra lo que se alega sobre su carácter no electivo, quizás podría sostenerse que tiene más legitimidad democrática por cuanto en su integración se pronuncian los otros dos poderes democráticos.
Lamentablemente, desde hace mucho, el Poder Judicial es objeto de embates y manipulaciones de toda clase por los órganos políticos. La insensata iniciativa que ahora se propicia desde el oficialismo es más de lo mismo y amenaza con romper con el sano principio de división de poderes, que la propia vicepresidenta ha llegado a poner en tela de juicio. Con semejante ataque contra el último reducto de la legalidad, la República quedará en terapia intensiva.
