Programa Sin Fronteras 24 de noviembre de 2022
NEUQUEN Primeras estaciones sismológicas instaladas en Neuquén ya suman información a la red nacional del Inpres ESCUCHAMOS LAS PALABRAS DE Juan Mendiberri, Marcelo Moreno y Mariano Paniccia al respecto.
NEUQUEN El Vice gobernador Marcos Koopmann insiste con recuperar el tren y mira con optimismo el interés de Chile para reactivar el trasandino manifestó su optimismo por el anuncio de Chile, a través de la empresa Ferrocarriles del Estado, que comenzará a realizar un estudio de factibilidad para reactivar el proyecto del tren trasandino del sur, remarcando que “para Neuquén es un tema de vital importancia, porque nos permitirá potenciar la relación comercial que tenemos con el vecino país”.
Koopmann aseguró que “esta es una de las razones por las que estamos pidiendo que el tren pase a manos de la provincia, porque apuntamos no solo a reactivar el servicio de cargas y pasajeros entre Neuquén y Zapala, y construir un nuevo tendido entre Plaza Huincul, Añelo y Rincón de los Sauces, sino que también estamos proyectando el corredor bioceánico, pensando que actualmente tenemos una capacidad de cargas a transportar desde y hacia Chile, de 2 a 3 millones de toneladas anuales”.
“Tenemos en claro que una de las principales limitaciones que debemos resolver para impulsar un desarrollo territorial equilibrado de la provincia es la logística de transporte, especialmente ferroviaria, que hoy es un resorte de la Nación”, señaló el vicegobernador, remarcando que “frente al desinterés que han mostrado los gobiernos centrales, es necesario que los neuquinos podamos recuperar el tren, para que vuelva a convertirse en una herramienta de progreso, que beneficie a las familias neuquinas”.
En ese sentido, Koopmann destacó que “a partir de la importancia de Vaca Muerta, el tren, por sí solo o a través de un sistema intermodal, podría incrementar las cargas a Chile de combustible y gas licuado de Neuquén, fertilizantes de Bahía Blanca, cereales de La Pampa y Buenos Aires, mejoradores de suelos de la zona de Zapala. Y además facilitar el ingreso desde Chile de maquinarias y equipamiento, celulosa, calizas, y otros productos para la Zona Franca”.
“Estamos estimando actualmente una capacidad de cargas a transportar, del orden de los 2 a 3 millones de toneladas anuales, en el corto plazo, y, de acuerdo a las proyecciones realizadas por la Agencia de Desarrollo de nuestra provincia, hacia 2025 podrían ser 6,5 millones de toneladas anuales”, dijo Koopmann, detallando que “hoy por Zapala y según información de las autoridades aduaneras, circulan unos 300 camiones diarios hacia y desde esa localidad a las regiones chilenas circundantes”.
ENTRE RIOS VOYTENCO Sec Gral de UATRE INFORMÓ PORQUE ADELANTAN LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES informe de Osvaldo Couceiro, Rompe la regla pre-concebida de como es un gremialista y dijo que no completó el secundario.
Advierten que las jubilaciones siguen por debajo del salario mínimo. Informe de Nicolás Machuca, periodista especialista en temas previsionales, sobre el incremento del 20% en cuatro cuotas del salario mínimo vital y móvil anunciado por el Gobierno Nacional.
CHUBUT I Buscan intensamente a un hombre que cayó de una moto de agua en lago Rosario
El que le robó a los Kirchner compartimos la columna de opinión de Alfredo Leuco Sin Fronteras.
Nos preguntamos cual es el Dato Político en la provincia de Misiones y en la region Noreste de nuestro pais y compartimos la opinión del periodista Pablo García sin Fronteras.
Luis Juez dijo presentamos un amparo por el consejo de la magistratura, que mas dijo Juez? Lo escuchamos Sin Fronteras.
Derecho a paternar
Hace ya tiempo, un sector de la sociedad viene reclamando que las licencias por la llegada de un hijo, tradicionalmente concedidas solo a la madre, se extiendan a los padres, quienes hasta ahora solo gozan de dos días.
Hace unos meses, un grupo de familias movilizado por la Campaña Ciudadana Paternar se acercó al Congreso en apoyo del proyecto de ley conocido como “Cuidar en igualdad”, presentado por el oficialismo, una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández. La iniciativa tiende a equiparar las responsabilidades de flamantes padres y madres en relación con las licencias remuneradas y el regreso al trabajo.
La Argentina es uno de los países que menos tiempo de licencia conceden a los padres y que, al igual que en el caso de las madres, se asocia indefectiblemente con su inserción en el mercado laboral formal.
En Finlandia, se concedió el permiso laboral pago por casi siete meses a madres y padres. Lejos estamos de asimilarnos porque tampoco tenemos aquel nivel de bienestar ni de envejecimiento poblacional que se busca contrarrestar.
En el orden nacional hay diferentes normativas. La ley de contrato de trabajo, dictada en los años 70 y testigo de notables transformaciones sociales, contempla 90 días para la madre, con desembolso de la seguridad social, y dos para el padre, a cargo del empleador, pero no incluye a las familias adoptantes ni monoparentales; tampoco a matrimonios igualitarios ni necesidades especiales del menor de edad o de la madre en casos de nacimiento de un hijo con enfermedad crónica, discapacidad o con discapacidad sobreviniente, prematuro o por parto múltiple. En algunas jurisdicciones, incluso, la norma ha incorporado identidades de género para establecer prestaciones para personas gestantes y no gestantes.
El debate en torno a nuevos modelos de crianza pretende superar los estereotipos y los sesgos de género en un contexto de redistribución de los cuidados, refiriéndose ya a licencias familiares que amparan derechos sin obligar a relegar la carrera profesional y proponiendo cambios en la asignación de tareas. Dejar atrás el criterio biologicista conduce también a amparar a los padres adoptantes.
La presencia del padre y de la madre junto al niño debería responder a necesidades que son incluso fisiológicamente diferentes y no a posturas pseudoigualitarias que pretenden equiparar lo inigualable al amparo de consignas más político-partidarias que ejecutables en los hechos.
Al igual que en numerosas otras cuestiones, debe primar la sensatez. Las transformaciones sociales deben reflejarse en las normas, pero no podemos desconocer la gravedad de la situación económica que atravesamos y la necesidad de generar empleos formales en un mercado que ya impone numerosas cargas a los empleadores y con un Estado quebrado que tampoco resiste más erogaciones. Confiemos en que el debate legislativo aporte cordura y ecuanimidad.
Inflación en alza: sin cambios en la política económica, el plan para 2023 es aguantar
El alto déficit fiscal, la incapacidad del Estado para financiarlo y el progresivo endeudamiento contribuyen a la falta de credibilidad para implementar medidas de fondo que permitan salir de la crisisLa Argentina está atravesando una crisis económica profunda. Aunque toda crisis económica tiene distintas facetas y componentes, la alta inflación es sin duda uno de los aspectos que resultan más perjudiciales para la vida de los argentinos de ingresos medios y bajos. En particular, la alta inflación que hoy ronda los tres dígitos a nivel anual ha ido acompañada de una sostenida baja en el poder adquisitivo de las jubilaciones y en los salarios reales, especialmente en los sectores informales de la economía.
Para entender el fenómeno inflacionario que enfrenta la Argentina debemos focalizarnos en sus causas y en el accionar del Banco Central como ente rector de la política monetaria. Comenzando por las causas, no existen dudas sobre el origen mayormente doméstico del fenómeno, a pesar de que existe hoy un aumento en la inflación a nivel global.
El principal motor de la inflación en la Argentina es la presencia de un alto y sostenido déficit fiscal sin que exista capacidad de financiarlo por parte del Estado. A su vez, la falta de capacidad de financiamiento por parte del Estado no sólo refleja su débil situación fiscal (un déficit financiero de 5% del PBI) y su alto endeudamiento (cercano al 90% del PBI, incluyendo la deuda emitida por el banco central), sino fundamentalmente la falta de credibilidad con respecto a la implementación de la política económica a futuro. Luego de la mal diseñada y fallida restructuración de deuda emprendida por el Gobierno en 2020, el riesgo país no ha parado de subir y se sitúa hoy alrededor del 25% anual. En consecuencia, la Argentina ha perdido todo acceso al mercado internacional de capitales.
En este contexto, entonces, le quedan al Estado dos posibles fuentes de financiamiento: el mercado de deuda doméstica y/o la emisión monetaria por parte del Banco Central. Pero, debido a las crisis financieras recurrentes y la confiscación de los ahorros previsionales ocurrida en 2008, el mercado de capitales doméstico es extremadamente pequeño, en comparación al de otros países de la región. De hecho, el desarrollo de inversores institucionales, entre los cuales figuran los fondos de pensión, ha sido el principal motor del crecimiento y estabilidad de los mercados de capitales domésticos en economías como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
En la Argentina, en cambio, la falta de un mercado doméstico de capitales de envergadura y el reducido tamaño del sistema financiero han limitado la capacidad de financiamiento no monetario del sector público. Aun así, la necesidad de emitir deuda en el mercado doméstico por parte del Estado ha producido un fuerte desplazamiento del crédito al sector privado, ejemplificado por el hecho que más de la mitad de los depósitos bancarios están hoy invertidos en títulos emitidos por el Banco Central o por el Tesoro nacional.
Entonces, la imposibilidad de financiar la totalidad del déficit emitiendo deuda en el mercado doméstico ha llevado al Estado a recurrir a la emisión monetaria del Banco Central. Inicialmente, el Banco Central intentó esterilizar la emisión monetaria emitiendo deuda en los bancos (las Letras de Liquidez o Leliqs) pero esto está llegando a su limite y, más aún, en un contexto donde las tasas de interés han debido subir significativamente acompañando la creciente inflación. Emisión monetaria y presión inflacionaria
La falta de congruencia entre las débiles metas
fiscales previstas en el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la capacidad de financiarse domésticamente ha generado una crisis en el mercado de deuda local en el mes de Julio que temporalmente ha sido superada ofreciendo rendimientos mayores a los tenedores de deuda y obligando al banco central a intervenir comprando bonos en el mercado. Esto último, simplemente, se traduce en más emisión monetaria y, por ende, en una mayor presión inflacionaria y presión sobre el mercado cambiario.
Además, dado que la deuda pública de corto plazo y las Leliqs son parte de una definición más amplia de liquidez, los intentos del Banco Central de esterilizar la emisión monetaria convencional emitiendo deuda no son efectivos para reducir las presiones inflacionarias, sin que exista un correlato directo con medidas que conlleven a una fuerte consolidación fiscal.
Esto nos lleva a la necesidad de discutir la consistencia entre la política monetaria y la fiscal para entender por qué sería razonable, o no, esperar una moderación de la inflación a futuro.
Las actuales metas fiscales surgen de un muy pobre programa firmado por la Argentina con el FMI a principios de este año. Dichas metas son inconsistentes con la capacidad de financiamiento del Estado por lo que, aun cumpliéndolas, las expectativas inflacionarias no disminuirán, porque se esperará más financiamiento monetario y más dificultades para refinanciar los vencimientos de deuda doméstica. La refinanciación de los vencimientos que se acumulan para el año próximo y el asociado acortamiento de sus plazos no parece sostenible más allá de mayo de 2023.
Metas fiscales
Hoy por hoy, la única ancla que puede moderar las
expectativas de inflación es modificar el actual programa con el FMI y adoptar una nueva meta fiscal más ambiciosa, en el orden de un superávit primario de 2% del PBI para 2023. Un superávit primario de este tamaño es, aún así, consistente con un déficit financiero global de aproximadamente 1% del PBI e implica una mejora fiscal comparable a la observada en otras economías emergentes y en desarrollo. El actual intento de aguantar sin producir cambios en la política económica enfrenta serios problemas si consideramos la dinámica del mercado de cambios. La falta de reservas internacionales ha llevado al gobierno a adoptar un número creciente de tipos de cambios preferenciales y a restringir de manera discrecional las importaciones, en un país donde éstas son fundamentalmente insumos para la producción.
El compromiso firmado con el FMI de ajustar la tasa de devaluación oficial a la inflación efectivamente debilita al tipo de cambio como ancla monetaria. En el intento de impedir una mayor apreciación real del peso, la tasa de devaluación oficial se transforma en endógena y se ajusta hacia arriba a medida que el público espera más inflación. Nuevamente, la actual política carece de un instrumento efectivo que reduzca las expectativas de inflación.
Por último, está claro que las dificultades que se generan por la falta de reservas internacionales, en particular las restricciones a las importaciones, la alta brecha entre los tipos de cambios financieros y el oficial, el consiguiente desaliento a la inversión y a la generación de empleo se están manifestando en una incipiente recesión en la actividad económica.En este contexto, la estrategia de esperar que las cosas mejoren por el simple paso del tiempo en vez de atacar de frente el problema fiscal de fondo y adoptar las medidas que ordenen el mercado cambiario y eliminen la brecha llevará a la Argentina a un escenario de estancamiento con alta inflación.
El autor es doctor en Economía y profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella
Un país enfermo que puede sanar
Si en la debacle de 2001 el sentimiento prevaleciente fue la indignación, que era una fuente de energía vital, una razón para luchar, hoy en cambio el clima que predomina parece ser el de una tristeza resignada, que tienta a bajar los brazos. Está claro entonces que el problema más grave no es la situación económica, no tan diferente de las crisis precedentes.
Los argentinos estamos acostumbrados a lidiar con estas coyunturas dramáticas, en las que caemos con fatal regularidad. La novedad de la situación actual, acaso la más desoladora y agobiante, es percibir que el país no tiene un gobernante, no hay un timón ni un rumbo claro o, más precisamente, el rumbo es la simple deriva a merced de los elementos, es decir, de las contingencias, de las fuerzas ciegas del destino. En este escenario, la mirada de una parte de la sociedad se vuelve hacia la oposición. Sus integrantes no tienen el mismo grado de responsabilidad que quienes ocupan importantes cargos públicos. En el llano, las reglas de la lucha política interna son distintas, pero es preciso evitar que las diferencias se salgan de cauce y que oscurezcan los indispensables consensos básicos, a partir de los cuales sea posible no solo ganar las elecciones, sino también gobernar e imprimir al país una dirección inteligible y estable.
Hubo épocas que alumbraron un proyecto de nación que fue capaz de encuadrar y moderar las diferencias por décadas. Parecería que ya no podemos esperar algo así del actual gobierno, que hace tiempo que ha ingresado en un extravío sin retorno. Pero dentro de ciertos grupos de la oposición, así como entre los sectores menos radicalizados del oficialismo, se conservan núcleos sanos a partir de los cuales la reconstrucción es posible.
Planes sociales, delitos y miseria
Es hora de empezar a revertir años de ineficientes gestiones de gobierno que usufructúan la pobreza para alimentar el clientelismo y la corrupción
El reciente informe oficial que reveló que 250.000 planes sociales iban a personas que no los necesitaban constituye ni más ni menos que la confirmación de una tan vieja como lamentable sospecha: la corrupción en el manejo, distribución y destino del dinero de los contribuyentes. Este caso apenas representa la punta de un gigantesco ovillo.
Ponerlo en cifras, sin dudas, permite dimensionar la proporción del escándalo. Del análisis de 1.383.270 beneficiarios de planes sociales se verificó que un cuarto de millón presentaba gruesas incompatibilidades. Se detectó, por ejemplo, que, mientras recibían la asignación estatal, cobraban ingresos superiores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil; realizaban consumos o gastos con tarjetas de crédito o débito también por encima de esos valores o adquirían divisa extranjera; que habían presentado declaraciones juradas de Bienes Personales; eran propietarios de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; dueños de establecimientos comerciales o de explotaciones agrícolas; jubilados o pensionados. Como si no fuera sumamente grave la estafa al Estado, también se demostró que un porcentaje de los beneficiarios que percibían el subsidio eran personas que ya habían fallecido. Si se tiene en cuenta que, según datos del año último, el 55% de los habitantes del país estuvo alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria y que la falta de transparencia general de esa operatoria ha sido siempre un grito a voces, no es difícil imaginar que el daño económico a las arcas públicas es todavía muchísimo mayor.
Resulta indignante el resultado del abuso ejercido por ese cuarto de millón de personas detectado ahora por un relevamiento realizado por la AFIP a pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ayer, la titular de la cartera anunció que los darán de baja. Pero no deberíamos olvidarnos de otros estudios previos que ya venían dando señales claras y contundentes de semejante estafa consentida entre oferentes y receptores de la ayuda y perdonada por el grueso de la dirigencia política a lo largo de las décadas durante las que se hizo la vista gorda. Sin ir más lejos, en 2021, una investigación de LA NACION daba cuenta de que el 83% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenía asistencia alimentaria al igual que el 68,3% del nivel bajo, dos estratos sociales en caída libre con necesidades indiscutibles. Lo vergonzoso era que el 11,8% de la población de nivel socioeconómico medio alto también recibía alimentos o dinero para comprarlos.
Aquel informe se completaba con una detallada superposición de beneficios a la que terminaban accediendo muchísimas personas. La mayoría de los 22 millones de habitantes del país que recibía un programa alimentario, ejemplificaba aquel artículo, percibía otros montos como la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese hogar podría haber, además, un Plan Potenciar Trabajo y sumar un Plan Progresar. Si la familia beneficiaria contaba con hijos menores de seis años también podía acceder a la Tarjeta Alimentar y estar anotada en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y eso, sin contar el resto de los planes de asistencia nacionales, provinciales y municipales de distinto nombre, pero con objetivos similares que terminan yuxtapuestos. Social y a la AFIP “que suspendan la totalidad de los planes, sin perjuicio de un empadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan”. La denuncia quedó en manos del juez Daniel Rafecas.
Del lado de los movimientos sociales que periódicamente paralizan la ciudad de Buenos Aires con piquetes en reclamo de más ayuda, habita la certeza de que, detrás de estas nuevas revelaciones, está el enfrentamiento interno entre sectores alineados con la vicepresidenta y los más cercanos al jefe del Estado. Desmienten la existencia de esos 250.000 beneficios mal otorgados y acusan al oficialismo de distraer la atención mientras profundiza el ajuste.
Como se puede apreciar, hay demasiadas aristas que atender e infinidad de nudos que desatar en esta vil trama que combina de manera nefasta las necesidades vitales de una parte importante de la población con los intereses mezquinos de muchos de quienes se presentan como solución, pero terminan agravando los problemas.
El sistema de dádivas empobrece tanto a las personas que las reciben como la propia miseria. Les resta dignidad y les coarta la posibilidad de salir del pozo en el que el propio Estado las ha arrojado a fuerza de políticas erradas. No será tarea fácil, pero es hora ya de empezar a revertir tantos años de clientelismo, corrupción y decadencia.
Monstruoso avance estatal, esta vez sobre el deporte
Propiciar el avance estatal sobre la asociación entre particulares para formar o pertenecer a un club es otro ejemplo aberrante de cercenamiento de libertades
La sociedad se ha acostumbrado a los proyectos disparatados que suelen aprobarse en el Congreso Nacional. Se suma el daño que hacen diputados y senadores con cuestionables apoyos, dudosos repudios, efemérides, homenajes, declaraciones de localidades como capital o sede de la fiesta de algo, el consumo de recursos burocráticos y tiempo que sustraen a lo que deben hacer, que es legislar para el bien común. Otras veces, desdichadamente, sí deciden legislar y lo hacen de un modo no menos descabellado. Demuestran con mucha frecuencia que no solo no se han detenido a analizar de dónde saldrán los recursos para llevar a la práctica sus ideas, sino que ni siquiera han pensado si la Constitución les otorga facultades para eso.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de varios legisladores del Frente de Todos denominado “de igualdad y paridad de género en el deporte”. Se propone “garantizar la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva”. Para eso no deja atribución estatal sin crear, pues encarga al Gobierno cosas tan megalómanas como “establecer relaciones armoniosas” entre los distintos tipos de actividades deportivas, para lo cual crea una “estructura de administración, coordinación y apoyo” del deporte.
Además de extensas disquisiciones teóricas sobre valores y derechos, inútiles en una ley, y de la infaltable orden de adoptar en todas partes la perspectiva de género y “políticas activas” para reparar injusticias históricas, el proyecto revela la indisimulada voluntad de integrar a cualquier asociación civil (así están organizados los clubes deportivos) a un “sistema” obviamente regulado y fiscalizado por el Gobierno. El Estado nacional no es un “superior” de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Podría decirse que es al revés: las provincias conservan las atribuciones que no hayan delegado expresamente en el orden federal. Como el proyecto avanza en infinidad de atribuciones que son locales, si fuera sancionado cualquier juez debería declararlo inconstitucional.
El proyecto abunda en una exasperante enumeración de atribuciones relacionadas con los valores que deben perseguir las instituciones deportivas para tener el apoyo económico que, previsiblemente, dará lugar a que el Gobierno maneje discrecionalmente más fondos extraídos por la fuerza a los contribuyentes para hacer política a través de instituciones privadas, como ha hecho con la ayuda social.
La iniciativa vulnera de tal manera el derecho de asociarse con fines útiles, reconocido en la Constitución, que no solo establece que los premios deportivos deben ser iguales para los competidores de un género u otro, sino que llega hasta a disponer plazos para que los clubes integren sus comisiones directivas con determinado porcentaje de mujeres y también de personas de entre 18 y 29 años. A los legisladores se les ha ocurrido que siempre la juventud conviene para dirigir clubes y pretenden imponer semejante idea, más allá de cualquier experiencia empírica.
Si, convertido el proyecto en ley, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se propusiera ejecutar la impresionante cantidad de acciones que la norma le encomienda, debería convertirse en un monstruo burocrático de dimensiones aún más grandes que las que tiene y que ya cuesta justificar.
Pero lo más serio es presumir que toda decisión en materia de afinidad, como asociarse u organizar un torneo, tiene como origen un caso de discriminación arbitraria o es producto de equivocaciones históricas que un oficinista debe reparar usando la coerción que le da su autoridad o seduciendo con la asignación de fondos públicos. Semejante idea, imaginable en un régimen dictatorial –”todo dentro del Estado, nada fuera del Estado” es una recordada frase de Benito Mussolini–, siempre viene de la mano de la vocación autoritaria por instaurar valores y consagrar derechos, algunos loables, pero otros bien discutibles, que pueden responder al gusto de un legislador, pero que no se pueden imponer a los ciudadanos en un ámbito reservado al ejercicio de las libertades individuales, como la práctica deportiva. Si los individuos no pueden organizar un club o una escuela de deportes con quienes tengan ganas, dirigidos por quienes los asociados decidan, para practicar el juego que prefieran y establecer los premios que consideren pertinentes, nada queda de la libertad.
La Constitución no es valiosa principalmente por las competencias que atribuye a los poderes públicos, sino porque los limita, les prohíbe hacer todo lo que no les ha encomendado explícitamente. Protege a las minorías porque, de lo contrario, el que triunfe en una elección gobernaría haciendo lo que le viniera en ganas. Es paradójico que en estos tiempos de saludable preocupación por las minorías se descuide a la más pequeña, que es el individuo, hasta el extremo de impedirle que se organice como más le plazca para practicar actividades deportivas.
Hay una grieta aún más profunda que la que divide a las ocasionales preferencias partidarias. Ocurre cuando los dirigentes se concentran en iniciativas como la que comentamos, en lugar de ocuparse de la angustiante agenda real de los ciudadanos.
